Seis de los nueve acusados por tráfico de drogas aceptan entre 7 años y 18 meses de cárcel

Los otros tres —dos hombres y una mujer, sobrina del 'cabecilla' acusada por cómplice— han rechazado las calificaciones y condenadas reclamadas, de dos y tres años de encarcelamiento. Además, sus letrados han solicitado la libre absolución para ellos, a la par que han criticado la investigación policial.

Además, a cinco de los enjuiciados se les ha aplicado la atenuante por drogadicción (muy cualificada en uno de los casos).

El líder de la trama ha aceptado la condena de siete años de cárcel y el pago de una multa de 90.000 euros. La siguiente pena más alta corresponde a una mujer condenada a tres años y medio de prisión y 40.000 euros, mientras que para otros cuatro hombres se ha solicitado tres años -y multa de 35.000 euros a uno de ellos-, aunque dos no han aceptado la pena y se han declarado inocentes.

También ha rechazado la acusación una mujer a la que el ministerio público reclama dos años de cárcel, el mismo tiempo que sí ha aceptado otro procesado -junto con el pago de 500 euros- sobre el que han recaído 18 meses de prisión.

Según la Fiscalía, tres de los encausados se dedican al tráfico ilícito de sustancias estupefacientes, hecho que esta parte ve corroborado en los distintos seguimientos policiales y las sustancias y efectos encontrados, tanto en el momento de su detención como en los registros de sus domicilios.

Los dos principales procesados -un hombre y una mujer- fueron arrestados cuando llegaban a la vivienda que comparten en Bezana con una bolsa de plástico con más de 34.000 euros procedentes, según el fiscal, de la venta de droga, presumiblemente cocaína, en la localidad zaragozana de Tarazona, viaje con el que «estalla» la operación.

En esa casa y en otra de Mompía, en el mismo municipio, se localizaron sustancias estupefacientes -cocaína y bellotas de resina de cannabis, de casi dos kilos de peso- y elementos para preparar la droga, así como un revólver y una pistola detonadora.

El tercer sospechoso fue detenido horas después cuando llevaba más de un kilo de cocaína que llevaba al domicilio del primero. En su vivienda encontraron esta sustancia, hachís y 41.060 euros procedentes del tráfico de sustancias. La droga ocupada a los tres, de disposición conjunta, está valorada en el mercado negro en más de 130.000 euros.

La acusación pública entiende que para su actividad ilícita se valían de la colaboración de otras personas, también acusadas. Dos de ellas les prestaban sendos vehículos y un garaje, para que los principales procesados no fueran localizados -sus coches estaban balizados-; otras tres formaban parte de la red de contactos para la distribuir la droga a menudeo, en Cabezón de la Sal, San Juan de la Canal y Santander; y el último usaba su profesión de taxista para distribuir con facilidad la droga.

Por estos hechos, el fiscal pedía inicialmente siete años de prisión y multa de 150.000 euros para dos de los principales acusados, y diez años de cárcel y 200.000 euros para el tercero, al que se aplicaba la agravante de reincidencia y se le imputaba además el delito de tenencia ilícita de armas. Y al resto, les reclamaba cinco años de cárcel, penas que en la vista ha rebajado, abarcando desde los 18 meses a los siete años de privación de libertad.

Después de que seis de los nueve aceptasen la condena -para los que se dictará sentencia en base a lo acordado-, la vista se ha celebrado para los tres implicados que han rechazado la conformidad, quienes se han declarado inocentes.

Uno de los hombres ha manifestado tener una relación de «amistad» con el cabecilla del grupo, pero ha negado, a preguntas del fiscal, que le pasara droga, que él la vendiera o que manifestara que era consumidor a los agentes en el momento en el que le arrestaron.

Sin embargo, cuestionado por su abogado, ha admitido que estuvo internado en un centro durante varios años por adicción a la cocaína, además de reconocer que se reunió con el líder de la trama, pero ha justificado que era para entregarle el papel de una moto que le había vendido.

Otro de los procesados que ha rechazado el acuerdo ha explicado a las partes que compagina su labor de funcionario en un colegio con la venta de seguros, y ha atribuido a esta última actividad breves encuentros -de pocos minutos o incluso segundos, según la instrucción- en el centro educativo -donde reside y tiene su oficina de trabajo- con el principal encausado, por la venta de distintas pólizas que él hace «vis a vis» o «boca a boca».

«Tiene conmigo quince pólizas, de todo tipo», ha enfatizado, para admitir que hubo más citas, como una en el aparcamiento de un centro comercial de Santander o en un restaurante. «Con todos los clientes que tengo quedo siempre», ha destacado, antes de asegurar que los tiente tanto dentro como fuera de Cantabria y, también, de referirse al «daño que me han producido» con esta acusación.

La tercera procesada que ha rechazado el acuerdo es sobrina del jefe de la agrupación, al que prestó su coche, pero «solo y exclusivamente» en una ocasión: el día que viajó a Tarazona, después de que él se lo pidiera mientras desayunaban juntos. Pero esta mujer ha negado saber para qué quería el vehículo, que tenía trece años de antigüedad y le había dado «problemas» para pasar las últimas inspecciones técnicas: «Como es mi tío, no pregunto y se lo dejo».

Según ha indicado, se enteró de que había viajado con él a Zaragoza por la noche, cuando la llamó por teléfono para preguntar por los papeles del automóvil tras estropearse. «En ese momento me entero de que está fuera de Cantabria». También ha indicado que tenía con él una relación «familiar» y que le ayudó hace años con su problema con las drogas.

Tras el interrogatorio a los procesados, se ha desarrollado la prueba testifical, con el instructor de la investigación y otros agentes que participaron en la misma, así como escuchas telefónicas, parte de las cuales han sido reproducidas en la vista, y en la que a juicio de los efectivos los implicados hablan de forma «velada» o «en clave» sobre el tráfico de drogas.

En el turno de informes, el fiscal ha pedido que todos sean condenados, también los tres que han rechazado la conformidad, por su participación en los hechos.

Pero sus abogados han insistido en la libre absolución y han criticado la investigación, «nada buena», que ha desembocado en una instrucción que han tachado de «desastre». A su juicio, se parte de una «suposición» sobre un «trapicheo» y los atestados se «adornan» con «brocha gorda».