Seis meses de coalición: un Presupuesto aprobado y la amenaza de crisis industrial

El bipartito echó a andar con el convencimiento de que se había formado un «gran equipo» y el deseo de que todos sus integrantes fueran «una piña» y tuvieran un comportamiento «honrado y eficaz» para seguir mejorando la vida de los cántabros. La constitución de los grupos en las consejerías se hizo con mucha calma, pero fue relativamente tranquila. La nueva estructura supuso sumar una cartera más -la de Empleo y Políticas Sociales- que viene gestionando Ana Belén Álvarez y también que las competencias de Educación, históricamente vinculadas al PSOE, pasaran a manos del PRC. Un Consejo de Gobierno rejuvenecido y con muchas caras nuevas en el que los regionalistas por primera vez introducían criterios de paridad, una seña histórica de sus socios.

En este punto llegó la primera gran crítica de la oposición por el aumento de los cargos políticos en el organigrama, que hoy suma seis direcciones generales más. Otras diez subdirecciones engordan la estructura del Gobierno de Cantabria, que en esta etapa cuenta con un total de 81 altos cargos, 16 más que en el mandato anterior del bipartito PRC-PSOE. Más cargos, y más coste: alrededor de medio millón de euros anuales.

La segunda bronca con los partidos de la derecha fue a cuenta de la hacienda pública. En un comienzo de legislatura muy marcado por la crisis industrial que está viviendo Cantabria a raíz de la cascada de expedientes de regulación de empleo en distintas compañías de peso, en el que tampoco se han dado pasos -cuando no se ha retrocedido- en ninguno de los grandes proyectos de los que Revilla ha hecho bandera como la explotación minera de zinc en la comarca del Besaya o el centro logístico de La Pasiega, que continúa su lenta tramitación, los dos sacos de golpes del Partido Popular, Ciudadanos y Vox han sido los titulares de Industria, Francisco Martín, y Economía, María Sánchez. Esta última por los distintos movimientos contables en el Presupuesto de 2019 para paralizar inversiones y poder asumir los pagos de nóminas y servicios fundamentales como la educación, la sanidad y los servicios sociales.

Después de cuatro años en los que la alianza PRC-PSOE tuvo que hacer encaje de bolillos y negociar con otras formaciones -casi con todas las del arco parlamentario- la aprobación de las Cuentas, el borrador para el próximo año sólo necesitó del respaldo de los socios del bipartito, ya que cuentan con mayoría absoluta gracias a los 14 votos de los regionalistas y los siete de los socialistas. Los habituales roces internos por el reparto de los recursos volvieron a reproducirse. Así, por ejemplo, el consejero de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Guillermo Blanco, reconoció que no tenía todo el dinero que le gustaría, pero la prioridad para 2020 es el gasto social.

La Ley presupuestaria, que se aprobó en plazos y entró en vigor el 1 de enero, no gustó a la oposición porque considera que los ingresos están inflados, por lo que será imposible asumir todos los compromisos sin recortes. Como en otros asuntos del día a día parlamentario, acusan al bipartito de «aplicar el rodillo» a todas sus propuestas. PP, Cs y Vox ponen como ejemplo que sólo fue aceptada una de las 634 enmiendas que registraron. «Priman las personas por encima del capital», valoró la consejera Sánchez sobre un documento que reduce la inversión real más de un 9%. La titular de Economía también destacó que servirá para reducir la deuda. Una deuda que en el último año ha subido un 1,2% y es ya de 3.185 millones -más que el presupuestos anual-, aunque, en términos relativos por el mayor crecimiento de la economía, lo que deben todos los cántabros es seis décimas inferior con respecto al PIB regional.

El cuarto bipartito PRC-PSOE tras las dos legislaturas de Revilla con Dolores Gorostiaga y la última con la también socialista Eva Díaz Tezanos ha llevado a cabo una escasa iniciativa legislativa. El equipo de Zuloaga ha remitido al Parlamento dos normas con un gran peso político como la Ley de Memoria Histórica para dotar a Cantabria de las herramientas administrativas que desarrollen la ley estatal y «dignificar a las víctimas» y la Ley LGTBI, que quedó suspendida al concluir la legislatura, para reiniciar su tramitación. En diciembre aprobó el anteproyecto de Ley de Pesca Marítima, una norma que pretende otorgar al sector seguridad jurídica, y posteriormente la Ley del Colegio de Periodistas y la que blinda el Fondo de Cooperación.

Allí, en la Cámara, los socios rompieron la unidad de voto en una de las primeras sesiones a la hora de pedir a Sánchez el pago del dinero de las entregas a cuenta, que se resistió, pero llegó. Sí estuvieron juntos -salió adelante por unanimidad de todos los grupos- a la hora de reclamar al Estado la mejora de la red de Cercanías. De hecho, gran parte de la actividad parlamentaria han sido proposiciones para pedir a Madrid obras o inversiones, como las necesarias para evitar o costear las inundaciones.

Salvo algunos conatos con personal de la administración, el Ejecutivo ha podido mantener la paz social entre los empleados públicos. El consejero de Sanidad (PSOE), Miguel Rodríguez, y la de Educación (PRC), Marina Lombó, han iniciado sus mandatos con relativa tranquilidad entre los trabajadores de sus áreas, a diferencia de la legislatura pasada, que estuvo marcada por los conflictos laborales.

Pese a la situación en la industria, que el Gobierno califica de temporal y relaciona con los precios de la electricidad, el balance de los datos de empleo no es negativo. Cantabria cerró el año con 36.729 parados, la cifra más baja desde 2008.