Una semana negra y cuatro familias rotas

«La violencia cotidiana, la más cercana, la que sucede en una localidad próxima, la que es provocada y sufrida por personas que nos parecen iguales a nosotros, nos sobrecoge especialmente -razona el sociólogo Juan Carlos Zubieta-. Nos desconcierta, nos provoca especial temor e indignación. De forma dramática, vemos que los niños también pueden cometer acciones terribles». «Se nos rompe la imagen angelical de la visión de los niños. Ya no son dulces, tiernos, inocentes. Algo ha pasado para que algunos niños, que se parecen muchos a nuestros hijos o nietos, cometan unos actos de una violencia incomprensible. La terrible agresión, con resultado de muerte, que sufrió el joven en la localidad de Boo, también nos ha sobrecogido a todos. Lamentablemente, que, en ocasiones, unos jóvenes se peleen es un comportamiento que no sorprende, pero que la violencia sea de tal nivel que maten a un muchacho, que lo tiren a la vía del tren, nos provoca dolor, indignación y preocupación», añade este catedrático de la Universidad de Cantabria.

La edad marca de forma arbitraria las consecuencias de estos actos para sus autores. Para los dos jóvenes involucrados en el crimen de la estación supone ser juzgados como adultos, aunque hayan abandonado hace nada la condición de adolescentes. En el caso de los menores, la Administración realiza un mayor esfuerzo en su reinserción. «El sistema por el que se exige responsabilidad penal es diferente», explica Sonsoles Bartolomé, directora del departamento jurídico de las Líneas de Ayuda de la Fundación ANAR, una organización sin ánimo de lucro que ayuda a niños y adolescentes en riesgo-. A ellos -los chicos entre 14 y 18 años- no se les aplican las penas del Código Penal, sino una serie de medidas previstas, desde las más leves, como trabajos en beneficio de la comunidad, hasta las más graves, con su ingreso en centros. La medida se va a adecuar a las circunstancias personales y familiares del menor, de forma que es una medida punitiva y educativa». Así será para el mayor de los hermanos del parricidio de Castro; el pequeño, menor de 14 años, no tiene responsabilidad penal. «Eso no quiere decir que no se deba hacer nada por él, porque es obvio que si un menor incurre en una actividad delictiva es porque algo le está pasando. Lo que la ley entiende es que esa actuación debe abordarse desde el ámbito familiar y social, atendiendo siempre a cada caso particular».

Pero, ¿qué puede pasar por las cabezas de unos críos para que maten a su madre? «Creo que puede haber un punto de inflexión. ¿Una discusión? Puede ser. ¿Que se trata de un acto puntual y sin historia? Categóricamente no». Es lo que opina Javier Urra, psicólogo, primer Defensor del Menor y actualmente al frente de Recurra-Ginso, una clínica de salud mental infantojuvenil por la que han pasado más de mil chicos en los últimos trece años. «Un niño puede enfadarse, pegar un portazo... pero este tipo de conducta tiene una psicohistoria anterior que viene larvada por algo que puede ser objetivo o, como parece en este caso, subjetivo. Es algo mucho más callado y profundo, más íntimo».

Según Urra, la violencia filioparental -de los hijos hacia los padres- es «un problema grave, más de lo que parece, porque los padres no lo denuncian». La sensación de fracaso de los progenitores, y el hecho de que la sociedad «no recibe bien esa noticia», contribuyen a ese silencio.

El autor del libro 'El pequeño dictador', con más de 300.000 ejemplares vendidos, apunta a otro factor: que los niños sean adoptados. «No hay que ser un hijo adoptado para tener esos problemas de conducta, pero el hecho es que sí se dan más. ¿Por qué? Porque en el fondo pueden no tener muy claro por qué han sido adoptados, por qué han sido privados de sus padres biológicos. La adopción es una relación maravillosa, de padres de corazón que dan mucho y reciben más. Pero la relación no tiene por qué ser fácil, y en el caso de los niños del Este -los hermanos de Castro proceden de Rusia-, nos hemos encontrado con niños con lesiones, con síndrome alcohólico fetal, problemas de vínculo -quizás por haber permanecido en residencias-. Todo esto lo que hace es dificultar las relaciones, aunque en muchos casos salen adelante».

Un estudio realizado en 2018 por el Instituto Catalán de Acogida y Adopción y la Subdirección General de Drogodependencias de Cataluña determinó que la mitad de los niños adoptados en esa comunidad procedentes de Rusia y Ucrania sufrían trastornos derivados de la ingesta de alcohol de sus madres durante el embarazo, que provocan malformaciones morfológicas, retraso en el crecimiento y alteraciones del sistema nervioso central, expresadas como alteraciones cognitivas, conductuales, de socialización y de aprendizaje.

«Estos chavales, y es una conjetura, probablemente vienen de un ambiente de malos tratos en Rusia, de un orfanato, y pueden llegar con una especie de odio a la sociedad, como diciendo 'ya no vamos a aguantar más'. Y en esa tesitura, y después de ver mucha tele -con asesinatos, bolsas en la cabeza, policías...-, preparan esto», aventura el psiquiatra forense José Cabrera. «Se habla de que se trata de una acción explosiva, pero esto ha estado elaborándose en la cabeza, no es que de repente me levanto y mato a mi madre. La acción es fría, y no es tan explosiva como la gente dice; posiblemente el mayor ha estado dándole vueltas y ha pensado 'no lo voy a consentir'. Una vez hecho, lo organizan como en una película: mueven el cuerpo, la bolsa en la cabeza, simulan un secuestro... Y ¿que hacen después unos niños? Pues van al parque y se esconden».

«A mí me parece que estos niños vienen con algún problema afectivo: son niños maltratados por la vida y, salvo que la vida les ofrezca un escenario propicio, nos encontramos con problemas de personalidad, con formas particulares de ver la vida. Yo no quiero ser agorero, pero en casos así la recuperabilidad me parece dudosa», continúa Cabrera.

«Como siempre que ocurre un suceso terrible en el que, presuntamente, se ven implicados niños o adolescentes, se alzan voces que reclaman un endurecimiento de la Ley del Menor porque hay quien entiende que es blanda», ha publicado el juez Emilio Calatayud en su blog (granadablogs.com/juezcalatayud). «En mi opinión no lo es. Los centros de internamiento de menores infractores no son campamentos de verano. Son tan duros como las prisiones de los adultos, pero cuentan con más medios de todo tipo para rehabilitar a los chicos. Y en la gran mayoría de los casos, se consigue, lo que evita que los chavales reincidan cuando se hagan mayores».

«Si queremos abrir el debate por el drama que ha ocurrido en Castro Urdiales y que aún no ha sido juzgado (no lo olvidemos), hay que hacerlo con todas las consecuencias», expone Calatayud. «¿Estaríamos dispuestos a poner la prisión permanente a los niños con delitos muy graves? Yo no. En Estados Unidos, por ejemplo, existe esa posibilidad. En España, no. Aquí no encerramos a los niños y tiramos la llave», reflexiona.

«En la infancia y la adolescencia, cuando se produce un crimen de este tipo, no podemos hacer una analogía directa con el crimen del mundo de los adultos», advierte Roger Ballescà, psicólogo del Hospital Sagrado Corazón de las Hermanas Hospitalarias de Martorell. «La infancia y la adolescencia merecen una especial comprensión. Aquí no es solo que haya una víctima y dos verdugos; probablemente hay, como mínimo, tres víctimas. Cuando ocurren estas cosas está claro que algo ha fallado, aunque no sabemos qué».

Ballescà no lo duda: los chicos «son recuperables». «Por muy desagradable que sea el hecho, no presupone que no se pueda. Evidentemente, no tenemos una bola de cristal, y no sabemos si en su caso se van a recuperar o no, como no sabemos cómo le van a ir las cosas en la vida a una persona. Pero claro que son recuperables».