El Senado insta al Gobierno central a excluir al lobo del Listado de Especies protegidas

En su defensa de la moción, el senador popular y alcalde de Vega de Pas, Juan Carlos García, afirmó que la inclusión del lobo en el Lespre ha provocado el «malestar de la población rural y más en concreto de los ganaderos, que ven cada día mermar sus rebaños a consecuencia de los ataques de los lobos».

El senador, que recordó que también es ganadero, aseguró que, desde su «sobreprotección», el lobo se ha reproducido «a sus anchas» en todas las comunidades al norte del río Duero, «devorando a diario cabezas de ganado». En concreto, recalcó que en 2023 ha matado a 2.700 animales en Cantabria, más de 5.000 en Castilla y León, o cerca de 3.000 en Asturias. En el caso cántabro, el lobo provoca ocho muertes diarias de animales como ovejas, cabras o caballos, dijo, lo que es un problema que hace «incompatible» la vida en los pueblos, recalcando que «lo que fija población es la ganadería y la agricultura». «Se está dando la circunstancia de que el lobo ya no solamente ataca a los animales en las zonas de pastos de montaña, ya están en las zonas urbanas de los pueblos», añadió.

Asimismo, García criticó que las compensaciones económicas «no son suficientes». «El ganadero no quiere dinero, quiere a sus animales, ocasionándoles la perdida de los mismos un daño psicológico que pone en peligro la supervivencia de la actividad», agregó. En la misma línea, destacó que el incremento de las indemnizaciones demuestra, a su juicio, que ha habido «más muertes» de su ganado y más lobos «sin control».

Por el contrario, el senador socialista José Latorre Ruiz describió la moción como «una iniciativa de regreso al pasado» e invitó a ser «serios». Latorre apuntó que la primera estrategia del lobo, que se aprobó en 2005, debía ser actualizada en 2015, cuando gobernaba Mariano Rajoy, pero que finalmente se ha acabado actualizando en 2022, con Pedro Sánchez como presidente.

A su vez, el senador socialista puso el foco en la «cogobernanza» con las comunidades autónomas y destacó que el Ejecutivo transfiere a las regiones 20 millones de euros en el marco de la estrategia. Por último, afirmó que la intención de los socialistas es defender «la coexistencia del lobo y la ganadería extensiva» en España con medidas preventivas «que incluyen también la extracción letal de ejemplares de lobo» y el pago de indemnización «ágil».

La senadora del BNG María Carmen da Silva Méndez criticó que se aliente «un debate alarmista y oportunista sobre el lobo»: «Hay que imprimir un poquito de racionalidad a esta cuestión», ha afirmado. Concretamente, Da Silva Méndez explicó que «en el caso de Galicia el problema es la falta de medios y de ayudas a la ganadería» e instó a ampliar las medidas de prevención con recursos económicos y materiales, habilitando un plan de ayudas para compensar los daños causados y sin sacar al lobo del Lespre. Por su parte, la senadora de EAJ-PNV Estefanía Beltrán subrayó la afectación que han tenido los ataques por el lobo en las explotaciones ovinas de País Vasco y destacó que «es necesario encontrar un equilibrio entre lo que es la pervivencia de del lobo» y la protección de los medios de vida rural».