Secciones
Servicios
Destacamos
El conflicto en el sector de las ambulancias estaba cantado. La plantilla ha quedado dividida en dos, como el último contrato del Servicio Cántabro de Salud, y una parte mejorará sus condiciones laborales y su nómina con la nueva adjudicación del servicio urgente, que entró ... en vigor el miércoles, mientras que la otra (la del transporte programado) está condenada a quedarse como está, «sin poder acogerse al convenio colectivo y con sobrecarga por la falta de personal», denuncian los delegados sindicales de CSIF Gildo Cabañeros y José Alberto Ibargüen en declaraciones a este periódico. Y lo peor es no saber hasta cuándo se prolongará esa discriminación generada con el último concurso público.
Una situación de «desigualdad» entre compañeros que comparten incluso la sede de trabajo que tanto la propia adjudicataria, Ambuibérica (que ahora se llama Autransa en el contrato renovado, pero que sigue gestionando el programado en prórroga porque ese lote quedó desierto), como la Consejería de Salud sabían que generaría tensiones. «Tuvimos reunión con el nuevo consejero y con la empresa, y avisamos que esto iba a pasar», indica Ibargüen. «Nos preocupa mucho cómo ha quedado el transporte programado (unos 150 profesionales), con un volumen de trabajo alarmante», añade.
Noticia Relacionada
Para Cabañeros, «el problema, que ya es grave de por sí, no es sólo que no tendremos las subidas salariales que se aplicarán en la plantilla del transporte urgente, sino las condiciones laborales en las que estamos trabajando. El servicio que se está prestando es lamentable, porque se necesitarían unos 25 trabajadores más». Una circunstancia de la que «los mayores damnificados son los usuarios, que son los que están sufriendo unas demoras de horas y horas para ser trasladados desde los hospitales tras el alta o en las rutas para acudir a rehabilitación o a diálisis. Normal que se quejen, porque tienen motivos de sobra», lamenta.
José Alberto Ibergüen
Delegado de CSIF
Gildo Cabañeros
Delegado de CSIF
Por eso, una vez se resuelva el recurso presentado por SSG -la única firma que aspiraba a gestionar el transporte programado y que quedó descartada del proceso al no cumplir con los criterios exigidos-, urgen a Sanidad a actuar «porque hay métodos legales para solucionar el problema hasta que haya una nueva licitación, cuyo precio tendrán que recalcular para que sea rentable (entre un 15% y un 20% más) y favorezca que se presenten más ofertas. De lo contrario, estamos abocados a iniciar movilizaciones».
¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión
Publicidad
Publicidad
Te puede interesar
Publicidad
Publicidad
Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.
Reporta un error en esta noticia
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?
Inicia sesiónNecesitas ser suscriptor para poder votar.