Silva matiza a su grupo y aclara que las ayudas a los bachilleres concertados serán en «casos singulares»

La iniciativa, que partió inicialmente de Vox con la intención de instaurar un programa de financiación generalizado al Bachillerato concertado, se modificó sustancialmente a través de una enmienda del PP, que pidió realizar un «estudio exhaustivo» sobre datos de matriculación de centros privados para «articular, dentro del sistema regional de becas de estudio, y atendiendo a criterios de renta per cápita, ayudas a familias cuyos hijos deseen cursar Bachillerato en un centro privado». Este martes, el consejero rebajó las expectativas: «No hay intención de crear un sistema generalizado de becas».

Tampoco definió cuál será el umbral de renta por cápita familiar al que se refiere esa enmienda, ni los criterios para estipular que una familia encaja en esa «situación singular», que explicó este martes. Es más, en la rueda de prensa que ofreció en la sede de la Consejería para aclarar todos estos asuntos, Silva aseguró que «ahora tenemos un modelo educativo equilibrado. No pretendemos alterar ese equilibrio, ni entrar en debates ideológicos. Solo queremos resolver problemas concretos».

Dudó, de hecho, de que este fuera el mejor momento para defender esta medida: «Estoy en el debate de si esto nos conduce a tomar medidas singulares que mejoren las cosas», argumentó en medio de un discurso en el que insistió, una y otra vez, en que su posición no era contraria a lo defendido el día anterior en la Cámara autonómica. «Puede parecer en términos generales que estoy contradiciendo lo que se ha dicho ayer; lo puedo llegar a entender, pero yo creo que es un matiz», sentenció Silva.

Con aclaraciones o sin ellas, los sindicatos, suspicaces, continúan viendo en la medida una acción velada para «terminar subvencionando el Bachillerato concertado». Lo dijo este martes José Manuel Torre, presidente de la Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (FAPA). «Entendemos que quieren entrar por la puerta de atrás para continuar los próximos años sin hacer mucho ruido», indicó de forma expresiva. Lo más sorprendente, aseguró, es que «hasta el momento no se había hablado de ningún otro punto de los que llevaba el PP en el programa electoral dedicado a educación. ¿No es sospechoso que el punto de partida haya sido este?», cuestionó Torre.

En total son nueve los centros a lo que podría afectarles la medida: Torrevelo-Peñalabra (Mogro), San José-Niño Jesús (Reinosa), Calasanz (Santander), Castroverde (Santander), La Salle (Santander), María Auxiliadora-Salesianos (Santander), San Agustín (Santander), San José (Santander) y Nuestra Señora de la Paz (Torrelavega). Son alrededor de 8.000 alumnos los que estudian Bachillerato en Cantabria y más de 900 lo hacen en centros concertados. «Para ninguno de ellos debería suponer ningún problema cambiar de centro cuando se cambia de etapa educativa», argumenta Rus Trueba, del sindicato ANPE y máxima responsable de la Junta de Personal Docente, que desde el primer día se posicionó en contra de una medida que «para nosotros supone una línea roja infranqueable». Esgrimió que lo primero que tiene que hacer el Gobierno es reunirse con los sindicatos para abordar las medidas «que son más urgentes, que sí están sobre la mesa y que han de solucionarse si queremos que la educación funcione bien en esta región».

En el plano opuesto, Wences Martín, director de la Comisión Permanente de directores de centros concertados, lanzó un mensaje pacificador restando impacto a la hipotética medida. «No quedan muchos centros concertados que ofrezcan Bachillerato porque no son sostenibles. No sé qué dinero supondría apoyar con ciertas ayudas a alumnos de estos centros, pero estoy seguro de que no sería mucho», opinó el que es también director del colegio concertado Miguel Bravo, en el Barrio Pesquero de Santander. «No se trata, por lo que he oído, de financiar completamente la enseñanza privada, sino de dar un apoyo a determinadas familias. No creo que sea algo para alentar este debate», concluyó Martín.