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Mada Martínez
Santander
Martes, 10 de noviembre 2020, 13:24
Cinco sindicatos de la Junta de Personal Docente -STEC, ANPE, TU, CCOO, UGT- han llamado este martes a docentes y demás personal que trabaja en ... los centros educativos de Cantabria, públicos y concertados, a secundar la jornada de huelga que han convocado mañana, y que se replicará el próximo miércoles, día 18. El motivo del paro es protestar por la «nefasta gestión de la pandemia» de la Consejería y del Gobierno de Cantabria, y por el «nulo deseo de diálogo» por parte de la titular de Educación, Marina Lombó, a la hora de plantear medidas o estrategias para manejar los efectos de la crisis sanitaria en las aulas. Hacen extensible su enfado al presidente Miguel Ángel Revilla. «Esto no puede durar ni un día más», ha enfatizado la representante de UGT, Laura Guate.
Los sindicatos entienden que el seguimiento del paro, sujeto a los servicios mínimos, no podrá ser masivo. Contemplan unos servicios mínimos del 100% en los ámbitos de la limpieza, comedor, aulas dos dos años y transporte escolar; y del 80% en el caso de la plantilla docente, a razón de un profesor por aula. Para quienes no puedan secundar el paro pero quieran protestar públicamente, la Junta de Personal ha elegido dos 'hashtag' para acompañar sus mensajes: #SiPudieraEstaríaEnLaHuelga y #LombóDimisión.
Si bien el malestar ha crecido en la comunidad educativa tras la decisión del Ejecutivo de modificar el calendario escolar -decisión que finalmente no se aplicó tras el auto de suspensión del Tribunal Superior de Justicia en respuesta a un recurso de CC OO-, los sindicatos han enumerado otras razones que les llevan a la huelga. Una que les preocupa especialmente es la situación en algunos institutos y centros de Secundaria de la comunidad, donde a causa del volumen de alumnos, del número de profesores y de los espacios, que son limitados, no se pueden cumplir los planes de contingencia ideados para hacer frente al covid durante este curso tan extraordinario en los colegios, escuelas o institutos.
«La Consejería tiene que empezar a cumplir todas las recomendaciones de los Ministerios de Educación y Sanidad. Una de ellas es el tema de las ratios», ha comenzado explicando Belén González, de STEC. Si esta recomendación es de quince a veinte, como máximo, «en estos momentos tenemos bastantes aulas en Cantabria que siguen superando esa ratio de 20 alumnos», ha denunciado. «Es especialmente preocupante la situación de muchos institutos, donde la falta de contratación de profesorado para poder hacer desdobles, está haciendo que en muchas aulas no se pueda cumplir la distancia interpersonal de metro y medio», ha añadido González.
Los sindicatos piden más atención para los coordinadores covid -profesores que sirven de enlace con la administración y que están «sobrepasados por la responsabilidad»- y la regulación del teletrabajo ante la eventual entrada de la educación en un escenario dos o tres, es decir, el semiprensencial o el completamente online. Los sindicatos también quieren que la Consejera concrete el destino de los fondos covid para Educación. Cantabria recibió en este sentido, 22,1 millones de euros.
«Esperamos que [los trabajadores de la educación] muestren su disconformidad por la falta de respeto, atropello y mala gestión de la pandemia», ha añadido Rus Trueba, de ANPE. Los sindicatos mantienen su petición de dimisión para la consejera Marina Lombó.
La Federación de Empleados de los Servicios Públicos (FeSP) de UGT ha denunciado que la Consejería de Educación del Gobierno de Cantabria «impida el derecho a la huelga a más de medio millar de trabajadores» tras haber impuesto unos servicios mínimos del 100% para el personal de las empresas subcontratadas en la enseñanza pública para la huelga convocada este miércoles y el siguiente, días 11 y 18 de noviembre.
En un comunicado, el sindicato critica que desde que se inició el procedimiento legal para garantizar la cobertura de estos trabajadores en su derecho a la huelga, la Consejería de Educación «no ha hecho más que poner trabas, ralentizar el proceso y dificultar la comunicación correspondiente a las empresas afectadas».
«Al final, la Consejería de Educación ha terminado por imponer unos servicios mínimos que no son tales, al obligar que cientos de trabajadores (limpieza, transporte, cuidadores, aulas de dos años o docentes de refuerzo entre otros) a acudir a sus puestos de trabajo», ha insistido.
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Ana del Castillo
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