La sociedad cántabra acoge con «resignación» la prórroga del estado de alarma hasta el 11 de abril

La primera fecha que estaba marcada en rojo en el calendario era el 29 de marzo. Cuando el Consejo de Ministros acordó decretar el estado de alarma durante dos semanas en toda España e incrementar las restricciones con el objetivo de tratar de contener la expansión del coronavirus, la reacción general fue la de incredulidad y resignación. Sobre todo porque, después de comprobar los efectos del Covid-19 en otros países que sufrieron antes sus consecuencias, casi todos los agentes políticos, sociales y económicos de Cantabria ya sospechaban que ese plazo se iba a quedar corto y que Pedro Sánchez tendría que pedir una prórroga al Congreso de los Diputados. Con ese escenario ya confirmado, y a la espera de que las Cortes aprueban prolongar las medidas excepcionales el doble de tiempo, ahora la resignación de todos ellos también se duplica. «Lo primero es la salud», coinciden Gobierno, patronal, sindicatos o autónomos, plenamente conscientes de que las repercusiones económicas que todo ello acarrea se arrastrarán, al menos -hay mayoría para que la propuesta de la coalición entre PSOE y Unidas Podemos salga adelante- hasta el 11 de abril.

Esa fue la postura que defendió Cantabria, en línea con el resto de territorios, durante la conferencia de presidentes autonómicos del domingo. «En lo que todos hemos coincidido es en la falta de medios y en el total apoyo a la prórroga», explicaba Miguel Ángel Revilla, frente a las diferencias que generó la propuesta de algunas regiones de parar toda la actividad no fundamental.

Ante la prolongación del estado de alarma, el presidente cántabro informó ayer de que ha solicitado al Estado que mueva ficha para garantizar los ingresos de todas las personas que estaban cotizando a la Seguridad Social antes de esta crisis sanitaria: «He propuesto un salario de 2.500 euros al mes durante los próximos tres meses». Según sus cálculos, supondría un desembolso de 75.000 millones, a los que hay que sumar otros 25.000 millones para aquellos que siguen trabajando pero que no llegan a ese tope. «Si no, al problema sanitario se unirá un estallido social», apunta Revilla.

«No tenemos un cálculo de cuánto va a suponer esta prórroga, porque la actividad ahora mismo es cero. Nosotros nos adelantamos y decidimos cerrar antes de que fuera obligatorio, y seguimos pensando que por encima de todo está la salud de los trabajadores y de los clientes», subraya Ángel Cuevas, presidente de la Asociación de Hosteleros, uno de los sectores más afectados. Un mes de estado de alarma les supondrá perder uno de los picos turísticos del año, la Semana Santa, con la que cubren la sequía de todo el invierno. Confían en que ese sacrificio sirva para que el Covid-19 ya esté fuera de juego en verano, cuando concentran el 70% de su facturación.

La incógnita es cuánto de resentidas saldrán las economías familiares de este bache. También les preocupa una posible ampliación del calendario escolar. «El turismo de Cantabria vive en función de las vacaciones de los niños. Si lo amplían a julio nos puede hacer mucho daño», avisa Cuevas.

La hostelería está cerrada a cal y canto y las pequeñas empresas están solo un poco mejor. El comercio también ha echado la persiana y las pymes que siguen funcionando sufren la caída de la demanda. «La prórroga era previsible, pero no deja de ser un mazazo. El consumo está paralizado y lo mismo la inversión de las empresas. Necesitamos ahora salvaguardar la liquidez todo lo que podamos, por lo que esperamos agilidad en los ERTE y en la prestación extraordinaria de los autónomos», apunta Ana Cabrero, de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA). Considera que los cheques que Sodercán enviará a las pymes para el pago de los gastos fijos -una línea de ayudas de 10 millones de euros- van por el bueno camino, pero cree que más importante incluso es agilizar trámites burocráticos, la supresión de la cuota de autónomos de marzo o que Cantabria cumpla con el periodo de pago a proveedores. «Siempre es importante que se controlen los periodos de pago, pero ahora con la que tenemos encima es nuestro salvavidas.

Esa es la promesa que ha hecho la Consejería de Economía y Hacienda. Su titular, María Sánchez, también cree el menor de los males la prórroga del estado de alarma:: «Cuanto antes se supere esta crisis sanitaria menor será el impacto de la crisis social y económica posterior. Por eso es muy importante quedarse en casa, aunque sean 15 días más y cumplir con todas las recomendaciones».

Los principales sindicatos siguen la misma tesis y consideran que si el Gobierno central ha optado por la prórroga del estado de alarma es porque es lo más adecuado para controlar al coronavirus. «Ahora mismo, el impacto que tendrán dos semanas más es imprevisible. Esto es malo para los trabajadores y también para las empresas. Ambas partes tendremos que poner de nuestra parte y remar todos en la misma dirección. Y al Estado le tocará hacer normas para que la economía vuelva a funcionar», sintetiza Mariano Carmona, secretario general de UGT en la región.

Desde este sindicato, entienden que es ahora cuando se ven las consecuencias de los recortes y las privatizaciones de la última década en Sanidad. Aplaude la labor de estos profesionales, pero también de los de otros sectores que siguen madrugando para llenar las neveras de los cántabros. En su opinión, cuando se recupere la normalidad se comprobará que la receta de pagar menos impuestos sólo sirve para tener peores servicios y que la clase trabajadora tendrá que seguir peleando para mantener sus derechos: «Habrá que reclamar cosas, pero también buscar equilibrios para no reventar el sistema».

«Naturalmente, tendrá un efecto en el empleo todavía más importante, pero lo primero es la salud», resume Carlos Sánchez, de Comisiones Obreras. Reciben unas 150 llamadas al día de trabajadores afectados por el escenario actual y creen que esta prórroga dificulta que en los próximos días se baje de esa cifra. Pese a todo, «en general estamos viendo una conducta responsable de las empresas, y las medidas que ha tomado el Gobierno nos parecen bien, pero echamos de menos que los trabajadores de las micropymes, los que menos cobran y tiene más temporalidad, estén más cubiertos». CC OO mantiene su postura y defiende que la actividad continúe en la industria, siempre y cuando se garanticen la protección de los trabajadores. Desde distancias de seguridad hasta material adecuado en el contexto de una pandemia. Sobre todo ahora que muchas fábricas están transformando su producción para abastecer de bienes de primera necesidad a hospitales o residencias de mayores.

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