Solo el 10% de las 6.000 viviendas turísticas que se anuncian en la región se ha registrado

El Instituto Nacional de Estadística (INE) acaba de dar a conocer la relación de viviendas vacacionales que están publicadas en las tres principales plataformas de alquiler turístico, a partir de datos actualizados hasta la última temporada veraniega. Ahí, la cifra es de 6.281 viviendas. Pero en el Registro de Vivienda de Uso Turístico, dependiente de la Consejería de Turismo del Gobierno de Cantabria, la cifra es infinitamente inferior en la misma fecha: 656 viviendas registradas y otras 503 en fase de tramitación.

En el mejor de los casos, contabilizando inmuebles registrados y en tramitación, las cifras que constan en el registro del Ejecutivo regional suponen solo un 18% del total de las que se ofertan en las plataformas de alquiler vacacional. Y si se contabilizan únicamente aquellas que en ese momento estaban regularizadas, las que constan en los registros oficiales son solo el 10% del total y deja el 90% restante en una situación ajena a la normativa regional, aprobada en el año 2019, y en la que el bipartito PRC-PSOE ya mostraba su voluntad de regular el arrendamiento vacacional.

Estas cifras tienen una importancia fundamental para la región, no solo porque el turismo supone el 12,9% del PIB, sino porque Cantabria tiene la tercera mayor concentración de vivienda turística sobre el total del parque inmobiliario, según los números revelados por el INE. Y se sitúa tercera porque las dos primeras en la lista son territorios puramente turísticos: Baleares y Canarias, donde el sector supone entre el 30 y el 40% del PIB. Además, los arrendamientos vacacionales en Cantabria están en crecimiento. Entre el verano del pasado año y el de 2022, el número de viviendas destinadas al turismo ha crecido en un millar.

Los datos del INE dejan a la región muy por delante de otros puntos puramente turísticos como la Comunidad Valenciana o Andalucía en cuanto a concentración de vivienda destinada al alquiler vacacional.

El Gobierno regional no es ajeno al crecimiento de las viviendas turísticas publicadas en estos portales colaborativos como opción de negocio ante una demanda cada vez más creciente. Así lo reconoce en la normativa, aprobada en 2019, que regula este tipo de negocios. «Cantabria no se encuentra al margen del auge del alquiler de viviendas para uso turístico que, en mayor o menor medida, se ha implantado en todos los destinos, tanto los de sol y playa como los urbanos y rurales», afirma la ley en vigor.

Esta normativa obliga a toda aquella persona que quiera alquilar una vivienda vacacional, ya sea al completo o una parte, a tenerla registrada ante la Administración, entre otras razones, porque ejerce una competencia directa con las actividades hoteleras.

La normativa advierte de que «cuando este tipo de turismo se desvirtúa generando conflictos entre agentes», el sector hotelero y la iniciativa privada, conviene «plantear barreras que pongan freno a acciones de personas que, aprovechando los beneficios del colaboracionismo, eluden las obligaciones legales a las que están sujetas por la actividad económica que están desarrollando».

La ley obliga a que las viviendas cumplan con catorce puntos, entre requisitos técnicos y administrativos para poder ser consideradas como viviendas vacacionales registradas. Entre ellos la instalación de extintores en la vivienda y en el edificio donde se sitúa el inmueble vacacional, facilitar hojas de reclamaciones, la publicidad de la vivienda, con la colocación de cartelería en el propio inmueble y en el edificio, la publicación de los precios del alojamiento o la posesión de modelos de justificante de pago. En el caso de viviendas que se sitúan dentro de una comunidad de vecinos, se necesita tener el permiso del resto del vecindario.

Estas cifras confirman las sospechas de distintos ayuntamientos, entre ellos el de Santander, que llegó a afirmar que solo hay 130 viviendas registradas en la capital, pero que calculaba -como así demuestra el INE- que pueden encontrarse más de 1.300 en este tipo de plataformas de alquiler vacacional. Ante esto, se creó un grupo de trabajo para analizar el impacto y proponer una normativa municipal.