«La solución a los derribos no puede pasar de esta legislatura. Esto tiene que acabar ya»

– Empezó a litigar en la cuarentena. ¿Cómo ha vivido estos veinte años de reclamación?

– La situación ha ido degenerando. Se empieza con ilusión, pensando que el tema se solucionará en dos o tres años, como mucho en cinco con los recursos y demás. Pero cuando ves que han pasado dos décadas, y que sigues con el problema, es tremendamente preocupante. Además, ves que muchos amigos se te han ido, y que las administraciones nos han tenido olvidados.

– Estamos en Argoños, que es el municipio con más viviendas con sentencia de derribo a sus espaldas…

– El 50% de las viviendas con sentencia de derribo están aquí, en el segundo municipio más pequeño de Cantabria. Siempre digo que Argoños tiene un récord: el 20% del suelo urbano tiene sentencias, tiene 16 sentencias de derribo, 255 viviendas… Lo que nadie se explica es cómo ha ido cayendo una sentencia tras otra, y que no se haya tomado ninguna medida cautelar.

– ¿Esta situación hace mella en la vida del municipio?

– Hay dos situaciones. Primero, si alguien se pregunta por qué es hoy conocido Argoños, lamentablemente verá que es, en buena medida, por el tema de las viviendas ilegales. Pero luego tiene una parte positiva: la solidaridad del pueblo hacia la gente que está en esta situación. Nos sentimos muy arropados por los vecinos de Argoños, el cambio ha sido positivo: tras un primer momento de escepticismo se han dado cuenta de que sólo somos víctimas de ese ayuntamiento, de la corporación que había en ese momento y de administraciones públicas que han castigado a familias inocentes.

– A primeros de mayo se conocía que el Tribunal Superior de Justicia daba 30 días al Ayuntamiento y al Gobierno de Cantabria para presentar un calendario que marcase cuándo se van a demoler las viviendas ilegales. ¿Cómo han tomado este paso?

– Es una providencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria. Una vez conocida la sentencia del Supremo, para nosotros era previsible. Al final, aquí hay una sentencia firme de derribo, estamos en ejecución y lo que hace la sala es continuar con la ejecución. El hecho de que la Sala haga esa providencia y pida al Ayuntamiento un plan de derribos, con fechas y demás, es lo normal dentro de la situación jurídica en que nos encontramos.

Ahora es cuando tiene que venir la racionalidad por parte del Ayuntamiento, que si tiene que hacer un plan general, aprobado inicialmente, tiene que aprobarlo rápida y definitivamente, y entregarlo a la Sala; y por parte de la Sala, para ver si ese Plan General cumple con la legalidad vigente. Y nos encontramos con una situación que es importante: hay que decidir qué hacemos con el suelo urbano consolidado. Argoños tiene sus viviendas en suelo urbano consolidado. Está declarado por el anterior Plan General. Y la propia sentencia declara el suelo urbano consolidado. Aquí no hay ninguna duda de la titularidad del suelo. Y si no hay duda de ello nadie puede evitar que se pueda construir otra vez.

– Es decir, que si se derriba esta casa se puede construir otra en el mismo terreno, de iguales dimensiones...

–O incluso mayor, porque las normas del Ayuntamiento permiten mayor edificabilidad de la que existe en este momento. Yo tengo ochenta metros cuadrados en este momento, y se podrían hacer, tranquilamente, cien. La decisión que tiene que tomar la Sala de lo Contencioso Administrativo es qué se hace con el suelo urbano consolidado: ¿Dilapidamos el dinero de los ciudadanos? ¿Derribamos, indemnizamos y luego se construye en el mismo sitio? ¿Regularizamos? Alguien tiene que ponerle el cascabel al gato. Es un problema que nadie ha sido capaz de afrontar. No se puede entender cómo se han tardado veinte años en hacer un Plan General en Argoños que contemple la situación de las viviendas con sentencia de derribo. Y no podemos explicarnos cómo, por parte de la justicia, no se ha podido reparar el daño causado a las familias.

Ahora estamos en un momento en el que el Gobierno, ayuntamientos, jueces, o demandantes −Arca o particulares− tienen que busca salidas.

– Y hay una declaración institucional de los partidos políticos cántabros.

– Del 2 de mayo del año pasado. Está apoyada por todo los grupos, y dice que se dé una solución a los afectados; que estos no pierdan patrimonio; que se apliquen los convenios, y que se aplique en esta legislatura. La solución no puede pasar de esta legislatura, sea el derribo, la casa de sustitución, la indemnización, la regularización. Esto tiene que acabar ya.

– ¿Confía en ello?

– Confianza es imposible, pero vamos a echar el resto para que esto se arregle en esta legislatura, porque quizá ya no tengamos más fuerza.

– ¿Cómo será la marcha del día 26?

– Iremos en tres autobuses. Saldremos a las diez de la mañana del Ayuntamiento de Argoños, luego iremos al de Escalante, al de Arnuero, a la Junta vecinal de Liencres, y de ahí al TSJC. Acabamos a las 13.30 horas en un acto dentro del Parlamento de Cantabria. Nos recibirá la presidenta del Parlamento. Iremos por todas las instituciones con la declaración institucional para que lo que pone aquí no sea papel mojado.

– Oyéndole, parece que lleva usted pidiendo lo mismo durante 20 años.

– Después de tantos años… Hace cerca de un mes tuvimos una reunión con el Gobierno de Cantabria, estaba la vicepresidenta, el consejero de Presidencia, el de Medio Rural, tres directores generales, los alcaldes afectados... Pedimos la reunión para pedir un calendario y cumplir las resoluciones del Parlamento. La frustración, al salir, fue total, impotencia por ver cómo algo que ellos mismos habían acordado..., y que no haya dinero para las indemnizaciones, ni planes generales, ni fechas.

– ¿Qué aducían?

– Hubo un alcalde que dijo que a él no le gustaba poner fechas, porque si se ponen, se incumplen, y luego hay malentendidos. Y que con los planes generales no se puede saber. Si en esta vida no nos ponemos unas fechas… Llevan veinte años para cumplir. ¿O es que siempre van a estar de espaldas?

– ¿Qué relación mantienen con el Gobierno de Cantabria, con los ayuntamientos?

–E n el aspecto humano todo el mundo nos da la palmada, nos dice 'no hay derecho', 'hay que buscar soluciones'. Eso está muy bien, pero el Parlamento de Cantabria ha hecho una resolución instando a las instituciones a que pidan perdón a los afectados. El Gobierno ha pedido perdón. Pero esa etapa la hemos pasado: agradecemos los perdones, pero hay que resolver el problema. La relación humana es perfecta. El problema es que no hay soluciones. Cuando pagamos nuestros impuestos no pagamos con buenas palabras, pagamos con recursos.

– ¿La situación de Cantabria se puede asemejar a las de otras autonomías?

– Se puede asemejar en la situación jurídica de los afectados, pero no tenemos situaciones de administraciones condenadas durante veinte años y que no se haya hecho nada. Eso es difícil encontrarlo. En Andalucía están en las 80.000 o 100.000 viviendas.... Y aquí estamos hablando de 500 y no somos capaces de resolverlo. En los últimos cinco años, en España, mediante la Ley de Costas y las leyes autonómicas, se han legalizado más de 50.000 viviendas. Y nosotros hablamos de quinientas.

Pedimos que no nos quiten nuestro patrimonio. Lleva 20 años secuestrado. No podemos vender las casas, hipotecariamente valen cero, no se pueden repartir en caso de divorcio, hay gente que para ir a una residencia necesita vender su patrimonio y no lo puede vender. Es una locura.

Nos duele ver a Miguel Ángel Revilla en todos los platós de televisión habidos y por haber, nosotros le reconocemos que es el mejor embajador de Cantabria, pero como gestor es responsable de la situación de los derribos, era presidente de la Crotu (Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo), consejero (Obras Públicas, Vivienda y Urbanismo), tiene una responsabilidad política sobre estos temas. Y ahora que tantos libros escribe, tiene que tener el valor político de salir y dar la cara y ponerse al frente y solucionarlo. Le esperamos el día 26 en el Parlamento. Que nos diga qué va a solucionar, qué va a hacer para solucionar el grave problema que, con no toda pero parte de responsabilidad, nos ha provocado.