Los SUAP dispondrán de cámaras de vigilancia pero no de guardas de seguridad en todos ellos

En esta nueva decisión judicial, el tribunal indica que la implantación del servicio de videovigilancia es «una medida adecuada y proporcional a la seguridad que se busca, correlativa al riesgo de agresión real y potencial afectante al servicio prestado».

Sin embargo, en lo que se refiere a la vigilancia física en cada centro, señala la Sala que «se carece de datos concretos para el conocimiento de la incidencia de los riesgos a la hora de fijar el personal de seguridad que debe estar permanentemente en los SUAP», «lo que permitirá analizar, concretamente, la situación» de cada uno de los veintisiete centros que carecen de este servicio.

Según explica el tribunal en su dictamen, la exigencia de que los consultorios cuenten con guardas de seguridad excede el ámbito del conflicto colectivo, procedimiento que planteó en su demanda la Asociación de los Servicios de Urgencia de Atención Primaria. La Sala, no obstante, deja abierta la puerta a que la demandada formule esta pretensión en el proceso ordinario correspondiente. «Cuando estemos ante demandas cuya solución exija tener en cuenta las circunstancias personales de cada uno de los sujetos afectados, entonces la tramitación habrá de realizarse por la vía del proceso ordinario o el que, en su caso, corresponda», subraya, y añade que «la pretensión de que se delimiten las concretas medidas de seguridad preventivas ante el riesgo de agresión al personal de los SUAP depende de un determinado mapa concreto de riesgos y evaluación».