PRC se suma a los partidos de la oposición para pedir la retirada de la 'ley Celaá' si no logra un mayor consenso

De esta forma, los regionalistas han roto este lunes su habitual sintonía de voto con el PSOE, su socio en el Gobierno de Cantabria, y han otorgado su 'sí' a una iniciativa que pide la retirada de la Ley Orgánica de Modificación de la LOE (la Lomloe) promovida por la ministra de esta área, la socialista Isabel Celaá. Originalmente, la iniciativa ha partido del PP pero los regionalistas han presentado una enmienda que modificaba varios de sus puntos y que ha sido admitida por los populares, tras lo que el PRC ha dado su voto a favor en la votación. De esta forma, solo el PSOE ha votado en contra, informa E. Press.

Aunque el PRC ha votado junto a PP, Cs y Vox para pedir la retirada de la 'ley Celaá' y abogar por un Pacto de Estado por la Educación, no ha sido tan duro como la oposición en sus críticas.

Así, mientras que PP, Cs y Vox han denunciado que esta ley es un «atropello», una «vergüenza» y está llena de «tropelías» pues, a su juicio, atenta contra la Constitución y contra la libertad de las familias de elegir el tipo de educación que quieren para sus hijos y no garantiza en todo el territorio el español en la escuela, el PRC cree que «no todo es malo» ni tampoco «todo estupendo».

Sí cree el PRC que la Lomloe deja «lugar a dudas» en el tema que tiene que ver con el uso del español en los colegios en algunos de los territorios donde se hablan otras lenguas cooficiales y pide que «se deje claro en el texto» y también cree que ocurre lo mismo en lo que tiene que ver con la financiación. Además, ve la norma «contradictoria» en algunos puntos de su redacción.

Pero el principal 'pero' de los regionalistas es que no reúne el «consenso» que, en su opinión, se precisa para una ley de estas características, con lo que cree que, «si no se remedia», nace «con fecha de caducidad», que será en cuanto haya un cambio de Gobierno de España.

Además, el diputado regional del PRC y senador en Madrid, José Miguel Fernández Viadero, ha opinado que la ley ha sido «tramitada con prisas» y genera «contestación social» --ya ha habido manifestaciones contra ella en diversos puntos de España este fin de semana, entre ellos Cantabria-.

La enmienda de los regionalistas incluye modificaciones en el contenido de tres de los cinco puntos de la iniciativa del PP. Así, en la iniciativa aprobada, además de pedir la retirada de la norma o el establecimiento de cauces de diálogo en pos de un mayor consenso, se reclama que se garantice la existencia de la educación pública y la concertada y la elección de centro. También se defiende que las familias con hijos con necesidades especiales puedan elegir si les llevan a aulas ordinarias, a aulas específicas en centros ordinarios o a centros especiales, garantizando la continuidad y gratuidad de los mismos. Además, se reclama que se garantice dentro del sistema educativo el uso del español y el derecho que tienen los ciudadanos a usar esta lengua y el deber de conocerla.

Los regionalistas han anunciado que, si continúa la tramitación de esta ley -que ya ha dio la semana pasada su primer paso en el Congreso-, aportarán en el Senado enmiendas para mejorar el texto y pedirán la presencia del sector educativo para que aporte su visión.

Más dura que el PRC ha sido la oposición con esta ley, que ya de por sí, ve «inconstitucional».

Para el PP, se trata de una «ley Frankestein» que PSOE y Unidas Podemos han negociado con los mismos que, según ha dicho, les llevaron al Gobierno; que es una «vergüenza», supone la «ruptura» del pacto constitucional; «boicotea» los centros concertados, la educación especial y es una «patada a las libertades» de los españoles y, concretamente, de las familias.

Por su parte, Cs la ve como un «auténtico atropello», en el que no caen «más tropelías», que «vulnera» la Constitución; no respeta la que los padres de hijos con necesidades especiales puedan decidir a qué centro llevarles y supone, en su opinión, una importante bajada del nivel, reduciendo, según ha dicho el diputado Diego Marañón la «exigencia» y la «cultura del esfuerzo» hasta casi la desaparición al permitir pasar de curso sin límite de suspensos.

Muy crítico también ha sido Cs con lo que tiene que ver con la polémica sobre el español en el aula, algo que, a su juicio, no se garantiza en todo el territorio. En este sentido, ha criticado con el «mercadeo obsceno» que el Gobierno ha hecho con los «derechos lingüistas» y cree que en este asunto no cabe «puntos de vista intermedios».

También ha denunciado que se «politiza» la Alta Inspección Educativa, dando «barra libre» para el «adoctrinamiento».

Por su parte Vox, que había presentado también una iniciativa en contra de la 'ley Celaá' que sin embargo no ha salido adelante al solo contar con el apoyo de PP y Cs, ha acusado a un PSOE «sin escrúpulos» de haber vendido «la libertad de los españoles» por un «puñado» de votos de sus «socios independentistas, golpistas y filoetarras» para sacar adelante los Presupuestos de 2021.

A su juicio, esta ley «menosprecia» al español, permitiendo a los nacionalismos avanzar en la «inmersión lingüística» y contribuirá a convertir los colegios en unas «fábricas de independentistas».

También ha afirmado que «elimina» la libertad de los padres para elegir el modelo educativo de sus hijos y poder así evitar el «adoctrinamiento» que, a su modo de ver, pretende el Gobierno «neocomunista», imponiendo ideología, visión histórica, de las relaciones o principios éticos

En el debate sobre la 'ley Celaá', el PSOE ha sido el único que ha votado en contra, produciéndose así una discrepancia con su socio regionalista que no suele ser muy habitual, aunque tampoco nueva en determinados asuntos.

La diputada socialista Paz de la Cuesta ha afirmado que sobre esta ley se han dicho «muchas falsedades» e «improperios» y, al contrario que señala la oposición, ha asegurado que la libertad de enseñanza «sigue estando garantizada».

En este sentido, ha indicado que no se niega el derecho a las familias a elegir el tipo de centro pero sí se acaba con que los concertados puedan elegir a sus alumnos.

Además, ha recordado que se sigue financiando a los centros concertados, aunque sí se va «a controlar» que éstos cobren cuotas a los padres que son «ilegales» y que no van dirigidas ni a pagar a los profesores ni a sostener la realización de las actividades.

Tampoco acaba con los centros de educación especial sino que abre la posibilidad a los padres para que puedan llevar a sus hijos con problemas a colegios ordinarios dotados de recursos para atenderles.