Más de mil vehículos recorren Santander para exigir «libertad al elegir la educación»

Poco antes de las once de la mañana, hora marcada para iniciar el recorrido por la ciudad, cientos de vehículos –coches y motos– estacionaron en el aparcamiento para planificar la marcha. «Cerca de 2.000 automóviles han participado en la protesta», aseguran desde la plataforma 'Más Plurales'. «Una manifestación histórica, más aún teniendo en cuenta que se ha realizado con el acceso restringido a la ciudad desde el resto de Cantabria». Desde Delegación de Gobierno, estiman una participación en torno a 1.400. También se unieron a la protesta algunos políticos de la región como los populares Félix de las Cuevas, Elena Castillo y Diego Movellán. Desde Ciudadanos fue Félix Álvarez y, desde Vox, Ricardo Garrudo, Armando Blanco y Guillermo Pérez Cosío.

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«Es una ley que vulnera la libertad de las familias para elegir centro educativo», afirma la presidenta de Concapa y 'Más Plurales', Mónica Haro. «Han eliminado el criterio de la demanda social, un criterio para la adjudicación de las plazas escolares». También critica cómo afecta la 'Ley Celaá' en la educación especial. «Las familias están muy contentas con el trabajo que se hace en esos colegios e incluirlos en centros ordinarios nos parece que no va en beneficio de estos niños, que necesitan unas atenciones que no se van a poder cubrir». En cuanto a que Religión no sea evaluable, «le preocupa enormemente» porque elimina el valor académico de una asignatura «sin la cual muchas veces no se pueden entender otras ramas como el arte, la filosofía, la historia o la literatura».

Desde Cece Cantabria, Javier Muñiz suscribe las palabras de Haro y califica la nueva ley como «inoportuna». Le resulta «increíble» que se suprima el castellano como lengua vehicular y que «los padres no puedan elegir los proyectos educativos y centros escolares que les parezcan más interesantes para su forma de ver la vida y la educación». Cree que la normativa rompe con la pluralidad. «Cuantas más opciones haya, mucho mejor. No nos parece razonable que sean las administraciones quienes tengan que decidir los centros donde se ubica a cada escolar».

Nada de enfrentamientos. Así lo ve la responsable de USO, María del Mar Goñi. «No queremos abrir una brecha educativa ni un debate. Simplemente teníamos un statu quo en el que en la medida de lo posible se nos permitían ciertos derechos y libertades que se han quebrantado con este proyecto de ley». Desde la dirección del colegio San Agustín, Luis Fernando Daimiel es muy directo y expone que la ley «nace sin consenso y ataca a una parte de la educación. No podemos estar de acuerdo en que esto se tramite sin diálogo y sólo pedimos que nos dejen participar». La docente Claudia Puente también aboga por «poder elegir dentro de una diversidad educativa, tanto padres, familias, docentes como alumnos».

Muchos padres también se unieron con sus coches a la protesta contra la 'Ley Celaá', como Gustavo Peña, quien lleva a sus hijos a un colegio concertado por elección propia. «Esta nueva ley es sectaria y muy ideológica, deja menos oportunidades en la concertada, donde yo he elegido llevar a mis hijos con libertad. A largo plazo, se verán muy reducidas las opciones que tenemos los ciudadanos de poder llevar a nuestros hijos donde consideremos». Marián Robles es madre de una maestra de la concertada que eligió para ella –cuando era niña– este tipo de educación. «Estoy aquí para apoyar a la concertada y en contra de que no se deje elegir el colegio que cada uno quiera para sus hijos. Yo sí pude elegir y espero que el resto también pueda hacerlo. Sólo defendemos la libertad de elección».