El Supremo recibe las primeras demandas de empresas cántabras por el covid

De entre todas ellas, han entrado las primeras procedentes de Cantabria, según ha confirmado a este periódico el presidente de esta Sala, César Tolosa, que prevé la entrada de «un aluvión» de unas 5.000 de toda España. En las que deberá resolver el Supremo presentadas desde Cantabria, se encuentran las de unas 120 empresas que reclaman 9 millones de euros ante el Gobierno central como consecuencia del cierre que tuvieron que soportar durante el confinamiento de marzo a junio de 2020, y que van de la mano de Estudio Jurídico Santander, una sociedad integrada por cuatro abogados de la capital cántabra que se creó hace un año para formular todo tipo de reclamaciones por los daños derivados de la normativa covid. La mayor parte de los negocios que han reclamado pertenecen a los sectores de agencias de viajes, hostelería y comercio de Cantabria, Comunidad Valenciana, País Vasco, Galicia, y Andalucía. Jesús Vélez, uno de los integrantes de esta sociedad y letrado de la Asociación de Hostelería de Cantabria, recuerda que estas reclamaciones corresponden al primer estado de alarma. «Calculamos que en unos tres meses el Supremo emita la primera sentencia», prevé. Después podrían venir otra cascada de demandas, una vez que el Gobierno de Cantabria asumió la gestión de la pandemia.

Pero antes, se espera que el propio Supremo resuelva los recursos que ha presentado el Ejecutivo cántabro frente a las sentencias del TSJC sobre ciertas restricciones que afectaron a la hostelería, como la que anuló el cierre del ocio nocturno que la Consejería de Sanidad acordó el 15 de agosto de 2020 y que abre la puerta a los hosteleros para presentar demandas patrimoniales por el perjuicio que supuso para ellos tener cerrados sus negocios durante meses.

El problema al que se enfrenta la Sala de lo Contencioso del Supremo para poder tramitar estas reclamaciones no solo es el elevado número de asuntos, sino la falta de personal. Una carencia que ya ha trasladado en varias ocasiones al Ministerio de Justicia y sobre la que ha vuelto a incidir hace unos días. El motivo de reiterar la petición al Ministerio se basa además en que la Sala de Gobierno quiere conocer si existe una respuesta positiva o negativa a sus peticiones, para estudiar, en el segundo caso, medidas alternativas para hacer frente a la situación. «Desde este mes contamos con sólo 25 magistrados (de los 33 que deberíamos ser), tras las jubilaciones de Rafael Fernández Valverde y Segundo Menéndez, lo que supone el mínimo legal para constituir sus cinco secciones, ya que cada una de ellas debe tener al menor cinco magistrados», explica Tolosa. El presidente de la Sala calcula que serían necesarias unas ocho personas de apoyo para resolver las 5.000 demandas, que tendrán un tratamiento individual.