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En el principio básico –quien más basura genera, quien más contamina (también porque recicla menos), más paga–, no parece haber mucha discusión. El problema viene cuando esa máxima la tiene que poner un ayuntamiento en un recibo. Lo tiene que hacer de golpe, además. Con ... urgencia. Antes de abril de 2025. Y sabiendo que, sí o sí, va a suponer un mayor gasto para todos los vecinos. Un 'tasazo', como ya lo han bautizado. Los municipios tienen que adaptarse a una normativa europea que estaba ya sobre el papel hace unos años, pero que ahora el Gobierno les dice que ya no pueden dejar pasar. Si antes lo que pagaban los ciudadanos cubría en torno al 30-40% de lo que costaba el servicio, ahora tiene que cubrirlo todo. ¿Problemas? Que pocos saben decir con claridad cuánto van a subir a cada hogar y cómo van a calcularlo. Cómo van a repartir entre todos la nueva factura. Y que el mapa de España es un mapa de gestiones diferentes en cuanto a la tasa de basuras –en muchos ayuntamientos, hasta ahora, ni se cobraba o estaba camuflada en otros impuestos–. ¿Consecuencia? Todo patas arriba. En Logroño esta semana trataban de explicar cómo lo van a hacer. La subida media de la tasa será de un 50-60% al año, pero a alguno le supondrá un 138% más. Cantabria no es ajena al torbellino. En Santander aún no saben cómo calcularlo y Torrelavega fue este miércoles noticia a nivel nacional a raíz de lo publicado ayer por este periódico. Que tomarán como referencia el consumo de agua de los hogares o locales y que la subida será –calculan– de en torno a un 19%. Unos trece euros adicionales al año.
«Desconcierto en los ayuntamientos sobre la aplicación del 'tasazo' de las basuras», titulaba El Diario. Se refería a los municipios cántabros, pero es aplicable a toda España. Lo que más ha trascendido es eso, el desconcierto. Dudas, quejas, acusaciones de «sablazo fiscal»... Hasta campañas de recogida de firmas para oponerse a la decisión. Cifras no hay demasiadas, pero van saliendo. El diario La Rioja publicaba ayer lo que tienen previsto en el Ayuntamiento de Logroño. Aclaraban que, para calcular el recibo de cada vecino, se tendrán en cuenta hasta tres variables: la categoría fiscal de la calle (el único criterio aplicado a día de hoy, y que seguirá suponiendo el 50%), los metros cuadrados de la vivienda o local (25%) y el número de personas que la ocupen (otro 25%, y que quedará fuera de la fórmula tanto para el comercio como para la hostelería). En euros, esta fórmula supone que de una horquilla en los recibos que iba de los 26 a 164 se pasará a una de entre 40 y 261.
80% La subida
Subida en la tasa de basuras que se ha aprobado en las ordenanzas fiscales de Oviedo de 2025
26% La subida
Subida aprobada en el municipio de Segovia (donde ya había subido el año pasado)
Tirando de un repaso a la prensa nacional y regional aparecen más casos. En Oviedo ya se ha aprobado en las ordenanzas fiscales de 2025 una subida del 80% de la tasa. En Segovia también han dado el paso. «La tasa de recogida de residuos se disparará hasta un 26% el próximo año. Los segovianos pagarán por sus recibos cerca de 50 euros más en comparación con 2022, pues en el verano de 2023 ya se produjo una subida del 20% para sufragar los gastos declarados por el Consorcio Provincial de Medio Ambiente», publicaba hace unos días El Norte de Castilla. Allí se estima que de los 99 euros que pagaba una familia se pasará a 126, aunque se anuncian distintas bonificaciones. En Torrevieja (según La Verdad), el pago actual en el conjunto del municipio es de 42 euros anuales. Con la actualización en unas zonas se irá a los 80 y en otras puede llegar hasta los 131 euros.
¿Sirven de ejemplo estos números para saber cuánto puede subir en los municipios de Cantabria? ¿Se pueden hacer comparaciones? Pues sí y no. El principal problema, tanto para establecer cómo se cobra como para calcular cuánto subirá, es que cada municipio tiene particularidades. «Los ayuntamientos que no tienen tasa de basuras tendrán que imponerla antes de 2025, y su importe crecerá previsiblemente allí donde ya existe», señalaban recientemente desde la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU). De ahí se extrae el primer matiz. Hay ayuntamientos que ya tenían una tasa y otros que no, al menos como tal (podía estar incluida en otro impuesto, como el IBI, por ejemplo).
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También hay municipios que, en vista de estos cambios –que vienen de la reforma de la Ley de Residuos de 2022, en la que se daba un plazo de tres años para adaptarse–, han ido estableciendo subidas parciales en sus tasas. Ahora, claro, no elevarán tanto la factura de golpe.
Igualmente se barajan fórmulas para compensar el 'tasazo'. Buena parte de los ayuntamientos de Madrid –muchos en pie de guerra por este asunto– han anunciado rebajas en el IBI, en el Impuesto de Vehículos o diferentes modelos de bonificaciones para dulcificar el pago por el servicio de basuras.
Lo más llamativo, en todo caso, es cómo se va a calcular lo que pagará cada uno. Y ahí tampoco existe un criterio concreto (nada más lejos). Entre otras cosas, porque el punto de partida tampoco es igual en todas partes. Aquí en Cantabria, por ejemplo, la implantación del quinto contenedor ha ido, de media, muy despacio.
Frente a esto, hay municipios repartidos por todo el país que cuentan con contenedores que se abren con una tarjeta que se entrega a los usuarios. Esto facilitaría, en principio, ajustar la tasa en cada inmueble a través de un sistema de bonificaciones. Pero está por ver cómo se acaba haciendo.
El Ayuntamiento de Santander ha encargado un estudio a la Universidad de Cantabria para saber cómo se puede repercutir la subida de la tasa entre los vecinos. «Lo hagan bien o mal a la hora de reciclar y gestionar los residuos, no pueden tener el mismo castigo o beneficio», explicó la alcaldesa, Gema Igual, que aseguró que, en todo caso, han solicitado «a través de la Federación Española de Municipios» que se «retrase» la entrada en vigor de la subida «o que la asuma el Gobierno central». «Siempre –precisó Igual– teniendo en cuenta que es una imposición del Gobierno central que llamamos 'tasazo' de basuras o 'tasazo Sánchez', porque, efectivamente, no estamos como para gravar más a los ciudadanos». A juicio de la regidora, se trata de «una ley inoportuna», que «no es justa» y que «conlleva una cantidad económica para los ciudadanos». «No es el momento». Igual aclaró que en la capital no cabe compensar la subida a través del IBI porque en Santander este impuesto «es el más barato legalmente que existe». También que no hay problema de tiempo para la aplicación de la subida, llegado el caso (hay que hacerlo para abril de 2025). Pero Igual insistió en que, más allá de que hayan consultado a la UC de qué manera se puede hacer para que sea lo más justo posible, en lo que está el Ayuntamiento es «en no tener que repercutirlo». «Lo que queremos es que se sea consecuente desde el Gobierno de España», reiteró la alcaldesa. «Porque, claro –prosiguió en este sentido–, es muy fácil legislar y mandar al ayuntamiento a recaudar, pero es que después a ver cómo se hace».
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