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Los dos técnicos de Gesvicán investigados por supuestos delitos de fraude en la contratación y cohecho comparecieron ayer ante el juez y negaron ser perceptores de mordidas por beneficiar a ciertas empresas en diferentes procesos de licitación relacionados con obras en carreteras. Como era de ... esperar, ninguno de los dos ingenieros reconoció los hechos por los que se encuentran entre la nómina de cinco investigados (están implicados dos empresarios de Rucecan y otro de Senor) y dentro de una pieza separada derivada del 'caso Obras Públicas', que nació a raíz de una denuncia anónima.
Pero si hubo algo llamativo en la comparecencia de ambos en el Juzgado de Instrucción Número 2 de Santander, que dirige Miguel Ángel Agüero, es la contradicción en la que cayeron cuando les preguntaron por las reuniones con ciertos empresarios, principalmente con los responsables de Rucecan, como ha quedado acreditado por algunas facturas de comidas que aparecieron en los registros de la sede de esta mercantil.
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Abel Verano
Según ha podido saber El Diario Montañés, la contradicción vino cuando uno de los técnicos confirmó esas reuniones y el otro las negó. El primero dijo que durante el proceso de licitación contactaba con empresas que presentaban ofertas para que le aclarasen algún punto o cuestión y que incluso, tras alguna licitación y a petición de Manuel del Jesús (jefe de servicio), se reunía con licitadores que habían quedado descontentos y les explicaba cómo mejorar sus ofertas de cara a próximos concursos o bien cómo les había puntuado y qué fallos había detectado.
Sin embargo, el otro técnico negó este extremo. «Durante las licitaciones, bajo ningún concepto hablamos o nos reunimos con licitadores, y tampoco me he reunido con ninguno de ellos después de la adjudicación de una obra para explicar la valoración que realizamos y ayudarles para próximas licitaciones».
Durante el interrogatorio, también salió a colación el estudio patrimonial de los dos técnicos, que abarca cinco años (desde 2018 a 2023), y en el que Vigilancia Aduanera ha detectado que ambos disminuyeron el uso de sus tarjetas de crédito como instrumento de pago, de lo que se desprende que aumentó el uso de dinero efectivo para afrontar sus gastos. Mientras que uno de ellos no contradijo las conclusiones de dicho informe, el otro dedicó buena parte de su declaración a justificar determinados movimientos y señalar «errores» en el estudio.
Las técnicos también fueron preguntados por el análisis de sus llamadas telefónicas, que «evidencia» un trato frecuente con la empresa Rucecan. Según los investigadores, durante el año en el que se han analizado las llamadas de los empleados de la empresa pública, Rucecan no tuvo ninguna adjudicación ni figura como licitadora para ningún proyecto cuyo órgano de contratación era Gesvicán, «por lo que no se explica que estos técnicos pudieran mantener con tanta frecuencia conversaciones con empresas adjudicatarias de contratos del Gobierno de Cantabria». Uno de ellos realizó 641 llamadas en un año, casi dos al día, y el otro, 222.
En este punto, ambos coincidieron en que cuando a Rucecan le adjudicaban una obra, uno de sus representantes, Elías Celis, «solía llamarnos con mucha frecuencia porque éramos los directores de obra». Y uno de los dos técnicos, el que intercambió 614 llamadas en un año con los responsables de esta empresa, afirmó que unas 400 eran de más de cinco segundos y que de todas esas muchas tuvieron que ver con la obra del carril bici del Pctcan (una actuación de casi un millón de euros de presupuesto) «porque nos llevó por el camino de la amargura ya que tenía fondos europeos y estaba muy fiscalizado».
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