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A la ministra de Transición Ecológica aún le pitan los oídos por la forma en que el consejero de Ganadería cántabro, Guillermo Blanco, se refirió a ella el pasado martes a cuenta de la guerra que el Ejecutivo central mantiene con el regional a costa ... de la caza del lobo. Por eso Teresa Ribera aprovechó la sesión de control de hoy en el Congreso para responder al diputado nacional del PRC, José María Mazón, con una referencia al caso muy breve y muy contenida: «Me gustaría que a partir de ahora pudiéramos continuar con los debates sin los insultos que en los últimos días han formulado miembros de su Gobierno».
En ese momento hablaban de otra cosa. De los criterios del Gobierno en relación con los inmuebles de su titularidad abandonados, situados en la zona de Dominio Público Marítimo Terrestre, y en particular los edificios conocidos como el REMA en la Playa de El Sardinero y La Horadada en la Playa de la Magdalena (Los Peligros), en Santander; pero la responsable del Ministerio aprovechó la referencia para lanzar un aviso a navegantes: en esos términos, no habrá diálogo sobre el lobo.
El pasado martes Blanco había cargado contra Ribera por la prohibición para realizar controles poblacionales de la especie. «Espero que sustituyan pronto a la ministra por alguien con agallas», anunció después de que el subdirector de Medio Natural fuera llamado a declarar por la Fiscalía por la autorización el pasado septiembre de la caza de diez lobos en tres comarcas de Cantabria. Una cita que, presumiblemente, le llegará en los próximos días también a él y al director general de Biodiversidad, Antonio Lucio.
Blanco estalló el martes en el Parlamento regional y aseguró que espera que esta sustitución llegue «cuanto antes» y que en su lugar llegue un ministro que tenga «la suficiente energía y agallas» para «volver la situación atrás y darle autonomía a las comunidades para realizar esos controles en defensa de sus ganaderos».
Blanco aseguró que el permiso otorgado el pasado septiembre, y que se ha paralizado como medida cautelar, respondía a «las excepciones» que incluye la normativa nacional que rige la lista de especies protegidas del Ministerio (Lespre), donde se incluyó al lobo en septiembre de 2021. Insiste en que todo el procedimiento se ha realizado de manera legal, atendiendo a los datos de ataques al ganado; aunque desde la Asociación para la Conservación del Lobo Ibérico (Ascel) -que son los denunciantes- se asegura que esos datos se han «manipulado» .
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