Tres años de tractoradas y batalla política

Durante todo ese tiempo, la batalla del lobo no solo se libró en los despachos, también llegó a las calles de Santander, Reinosa, Colindres, Unquera... Las tractoradas, que obligaron a cortar autovías y carreteras el año pasado, se convirtieron en el símbolo de la reivindicación del campo. No solo por la protección de los carnívoros, sino también por el precio del gasoil, los seguros o la ley de cadena alimentarios. Un cocktail de problemas que puso en jaque la economía del mundo rural.

A finales de 2020, con el covid monopolizando los telediarios, solo la polémica sobre el lobo consiguió robarle algún titular a la pandemia. Fue en aquellas fechas cuando el consejero de Desarrollo Rural del bipartito, Guillermo Blanco, comenzó a hablar con otras comunidades, a intervenir en el Parlamento y mantener encuentros con el sector para recabar apoyos ante la amenaza de que el Estado aprobara una medida que podía perjudicar seriamente la economía rural. Para entonces, Galicia, Asturias y Castilla y León ya se habían dado la mano con Cantabria para tener una voz más fuerte en Madrid por si se cumplía el peor escenario.

Pero el Ministerio nunca dejó de dar pasos en la misma dirección. En febrero de 2021 se acordó dar el visto bueno a una propuesta avalada por un dictamen del Comité Científico de Fauna y Flora del Ministerio. El lobo llegaba al Lespre, pendiente solo de cumplir con los trámites burocráticos para su entrada en vigor.

Visto que la aprobación era inevitable e inminente, el Gobierno cántabro optó por dar batalla política, para la que contó con el apoyo unánime del Parlamento en defensa de los ganaderos y en contra del cambio. Incluido también el PSOE, que votó una cosa en Cantabria y la contraria en Madrid.

El PRC se declaró en rebeldía y comenzó a tomar medidas obviando la postura del Gobierno de Pedro Sánchez. Pocos meses antes de que el lobo entrara en el Lespre, en mayo de 2021, la Consejería de Desarrollo Rural anunció el refuerzo de las medidas de control previstas en el Plan del Lobo, participó en otra reunión de 'comunidades díscolas' en León y presentó alegaciones al borrador ministerial. En julio, incluso, se publicó en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC) el cupo para fijar en 34 el número de lobos que podían matarse hasta el año siguiente.

Una decisión que acarreó problemas en los tribunales al consejero Guillermo Blanco. No fue hasta tres años después cuando la Audiencia Provincial de Cantabria dio carpetazo a la querella criminal por supuesto delito de prevaricación interpuesta por la Asociación para la Conservación y el Estudio del Lobo (Ascel) contra Blanco y su director general, Antonio Lucio, por aquellas autorizaciones de caza de lobos, suspendidas en su día por el TSJC.

Y llegó el momento cumbre. En Madrid aprueban, finalmente, la sobreprotección de lobo y los ganaderos salen a la calle a protestar cuando, en esas mismas fechas, Pedro Sánchez asiste a un acto en el Centro Botín de Santander. Muy cerca de allí, ese mismo día, los representantes de Galicia, Asturias, Castilla y León y Cantabria decidían presentar recursos contencioso-administrativos en el juzgado. Los jueces admiten a trámite la petición para echar abajo la orden, pero descartan, como pedía Cantabria, suspender cautelarmente su cumplimiento.

Mientras la batalla sigue su curso en el largo y tedioso proceso judicial, Revilla mantiene «la mayor bronca política de los últimos tiempos» con Ribera durante la celebración del Consejo de Presidentes en La Palma, en marzo de 2022. En aquellas mismas fechas, las cuatro comunidades rebeldes deciden ir un paso más allá y elevar sus protestas a Bruselas, buscando que sea Europa la que fuerce al Gobierno español a cambiar su postura.

Eso fue lo que la consejera Paula Fernández, primero, y la presidenta María José Sáenz de Buruaga, después, intentaron y consiguieron con el dictamen para volver al modelo anterior a 2021, cuando cada territorio tenía su propio plan de gestión del lobo que permitía extracciones puntuales.