El Tribunal Superior de Justicia de Cantabria se suma a la ola de rechazo judicial a la ley de amnistía

La Sala de Gobierno del TSJC expresa su rechazo a la iniciativa por las referencias al 'lawfare o judicialización de la política' y por las consecuencias que cree que tendrá. «El texto del acuerdo alcanzado (entre el PSOE y Junts per Catalunya) contiene explícitas referencias a la posibilidad de desarrollar comisiones de investigación en sede parlamentaria a fin de determinar si hubo situaciones de judicialización de la política, con las consecuencias que, en su caso pudieran dar lugar a acciones de responsabilidad o modificaciones legislativas».

Para el TSJC, esto «podría suponer, en la práctica, someter a revisión parlamentaria los procedimientos y decisiones judiciales con evidente intromisión en la independencia judicial y quiebra de la separación de poderes».

Tal como han señalado todas las asociaciones profesionales de jueces en los últimos días, «los jueces han de estar sometidos únicamente al imperio de la ley, puesto que así lo establece expresamente el artículo 117.1 de la Constitución». Por este motivo, el Tribunal Superior cántabro ha añadido que la propuesta del PSOE para sacar adelante su pacto con Junts, «trasluce desconfianza en el funcionamiento del Poder Judicial y no es aceptable. El Poder Judicial en España es independiente, no actúa sometido a presiones políticas y dispone de un sistema de garantías jurisdiccionales que aparta el riesgo que se apunta».

El Tribunal Superior de Justicia de Cantabria «se adhiere», de esta manera, a la postura de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo, la Asociación de Fiscales, Jueces decanos y Presidentes de Audiencias Provinciales, Letrados de la Administración de Justicia, Salas de Gobierno de los Tribunales Superiores de Justicia de Aragón, Asturias, Canarias, Castilla La Mancha, Extremadura y Madrid y al Colegio de la Abogacía de Cantabria».