Los jueces devuelven las vacaciones a los alumnos

Dos días ha durado la decisión del Gobierno regional de anular la semana de vacaciones escolares, una de las dos medidas excepcionales con las que el Ejecutivo cántabro trata de frenar la expansión del virus en la comunidad. Los jueces, en concreto la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia, anuló este martes, tras un recurso de Comisiones Obreras, la resolución por la que se suspendieron las vacaciones escolares de esta semana, y devolvió a los alumnos, y con ellos a los profesores, a sus casas para disfrutar del periodo de descanso previsto en el calendario escolar.

La decisión judicial supone un duro varapalo al Gobierno regional al anular una de sus medidas clave para contener la epidemia (junto al cierre perimetral de la comunidad), pero también por los argumentos en los que la Sala basa su decisión.

Dicen los jueces que el Ejecutivo cántabro no ha aportado por quien debe (la Administración autora de la medida impugnada) «justificación suficiente» para modificar el calendario escolar, al tiempo que «queda sin acreditar el interés general de salud pública cuya realización inmediata podría sustentar la denegación de la medida cautelar solicitada». Pero la decisión judicial supone también un varapalo para el presidente de la región, Miguel Ángel Revilla, promotor y defensor de la medida frente a los criterios de Sanidad y Salud Pública (departamentos dirigidos para el PSOE) que optaban por cerrar la movilidad entre los ayuntamientos de la región, opción que ya vuelve a plantearse el Ejecutivo como medida de urgencia.

No hay que obviar que la propuesta de suspender la semana de vacaciones escolares no figuraba en el informe emitido por Sanidad y abrió un nuevo cisma en el seno del bipartito. Con todo ello, lo que ya es cierto es que los alumnos cántabros no tendrán que volver a los centros hasta el próximo lunes, día 9, después de una semana de caos en las aulas de la región y desconcierto en la comunidad educativa.

Las familias, los docentes y los centros han visto cómo en el plazo de cinco días han tenido que reorganizarse dos veces, sin contar con el trastorno económico que ha supuesto tener que anular viajes, campus o actividades ya previstas.

En el auto, dictado a primera hora de la tarde, el tribunal señala que «la Administración debe explicar por qué, de qué modo y con cuánta intensidad incide el respeto al periodo no lectivo sobredicho en la expansión de la enfermedad» y «por qué, cómo y en qué medida la eliminación» de esos días sin actividad escolar «puede frenar esa expansión». La Sala advierte que «no se ha aportado justificación suficiente» para modificar el calendario, al tiempo que «queda sin acreditar el interés general de salud pública cuya realización inmediata podría sustentar la denegación de la medida cautelar solicitada».

Y prosigue: «A tal efecto justificativo, no basta con una alusión genérica a la situación epidemiológica y a la proximidad de días festivos». «Si aceptásemos como suficiente ese tipo de justificación, abstracta y de indefinidos límites, cualquier medida que tuviera una nimia conexión, aun abstracta, neblinosa o evanescente con la pandemia, sería aceptable».

Así las cosas, y desmontada la estrategia del Gobierno para tratar de reducir la movilidad con el fin de minimizar los contagios, el Ejecutivo autonómico regresó este martes a la casilla de salida, y la primera reacción fue recuperar la posibilidad de confinar los ayuntamientos de forma «inminente», tal y como se había planteado en un primero momento. Algo que podría anunciarse este mismo miércoles en la comparecencia pública que han anunciado Miguel Ángel Revilla, Pablo Zuloaga, Miguel Rodríguez y Paloma Navas.

Quien no regresará al punto de inicio será la Junta de Personal Docente. Su máxima responsable, Belén González, del sindicato STEC, se reafirmó en mantener la convocatoria de huelga para los días 11 y 18 de este mes pese a que los niños no regresarán a los centros educativos hasta el próximo lunes.«Esta decisión judicial viene a confirmar lo que decían los sindicatos:no había ni motivos, ni razón para adoptar una medida de esta manera unilateral y por eso seguimos pidiendo la dimisión de la consejera Marina Lombó», afirmó en contra del anuncio hecho ayer por CCOO, que apostó por aparcar la movilización.

«La huelga es para los sindicatos y los trabajadores la herramienta más poderosa que tenemos frente a los abusos de la Administración y los empresarios, y por eso no vamos a malgastarla», aseguró Conchi Sánchez, secretaria general de la Federación de Enseñanza de CC OO en Cantabria.