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Al ya de por sí amargo trago para muchas mujeres de dar el primer paso y denunciar a sus maltratadores, se suma la dificultad económica de contar con un abogado. Para que ninguna se quedara desasistida, se creó el llamado turno de oficio de violencia ... de género donde los letrados prestan apoyo jurídico de forma gratuita. Este año ya han intervenido en 420 casos, según informa el Colegio de Abogados de Cantabria. Esta cifra supone 119 menos que en 2019 -se computaron 539-, pero con la peculiaridad de que aún falta un mes para que acabe el ejercicio.
Sin embargo, 2020 ha sido atípico. El desembarco de la crisis sanitaria propiciada por el coronavirus provocó una situación excepcional. La población fue obligada a mantenerse en sus domicilios durante el estado de alarma, lo que en algunos casos produjo que las mujeres pasaran mucho más tiempo en compañía de sus agresores. «El confinamiento aparentemente no ha supuesto un aumento del número de personas solicitantes del servicio, aunque sí se constató un incremento de ingresos de mujeres con violencia física y lesiones en casas de emergencia y acogida», explican desde el Colegio de Abogados. Durante todo ese tiempo, el turno de oficio siguió funcionando las veinticuatro horas del día.
El Servicio de Violencia de Género en la región ha tenido que ser modificado debido al crecimiento de los casos. El objetivo es prestar un mejor servicio en los juzgados en base a una reorganización geográfica. Hasta mediados de octubre había dos zonas operativas. La primera, que se extendía por Santander, Medio Cudeyo, Santoña, Laredo y Castro Urdiales, contaba con dos abogados. La segunda abarcaba, con un único letrado, Torrelavega, Reinosa y San Vicente de la Barquera.
DECISIÓN LENTA
REORGANIZACIÓN
La Dirección General de Justicia, a petición del Colegio de Abogados y con el apoyo de la Dirección General de la Mujer del Gobierno regional, introdujo cambios. Santander y Medio Cudeyo ahora cuentan con dos profesionales para intentar reducir los retrasos acumulados; Santoña, Laredo y Castro Urdiales disponen de uno; y hay otro para Torrelavega, Reinosa y San Vicente de la Barquera. «Esperamos que esta redistribución contribuya a dar un mejor servicio a las víctimas, así como a mejorar las condiciones de trabajo de los letrados, que con frecuencia deben desplazarse a puntos muy dispersos geográficamente», explica Marta Cimas Soto, representante del Colegio de Abogados en la Comisión Interinstitucional de Violencia de Género.
«Aunque se cubren los costes de desplazamiento, muchos no se pagan si tienes que acudir varias veces a un mismo municipio. Sólo se abona el primer viaje», añade esta abogada que durante diez años ha prestado sus servicios en el turno de oficio.
Antes de que el abogado de oficio entre en juego, las víctimas tienen que hacer pública su situación y denunciar a su agresor. Según el último informe anual en materia de violencia de género en Cantabria, ocho años y ocho meses es el tiempo medio que tardan en hacerlo. Algo que conocen muy bien los letrados del turno de oficio. «Es una de las casuísticas más complicadas por la multitud de variables que hay detrás de cada historia. Con frecuencia nos pasa que las mujeres solicitan asistencia, pero se echan atrás a la hora de comenzar el proceso judicial porque psicológicamente no están preparadas», explica Cimas Soto.
La formación y especialización de los profesionales es clave, por tanto, para atender estos casos. «Es necesario que entiendan e identifiquen cuándo una mujer está sufriendo indefensión tras años de maltrato, en qué etapa del ciclo de la violencia se encuentra o las diferentes violencias estructurales que subyacen», subrayan desde el Colegio.
Entre las múltiples funciones de los abogados de oficio destaca que tienen que acudir al lugar donde se encuentre la denunciante, dar consejo y orientación jurídica y comenzar de inmediato las acciones que correspondan. «La labor que desempeñan los letrados que prestan el turno de asistencia a las víctimas de violencia es fundamental por el asesoramiento y defensa de las mujeres que sufren esta lacra. Pero, para acabar con ella, la solución definitiva pasa por educar en la resolución de conflictos desde edades tempranas, empezando por el colegio y terminando por la universidad», concluye la abogada.
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