La UDEF reclama nueva documentación al Gobierno en el caso de los cursos de formación

La UDEF, con efectivos trasladados desde la Comisaría General de la Policía Judicial de Madrid, inició su investigación en torno a los criterios para repartir los fondos de la formación y los parámetros utilizados para declarar a los centros accesibles después de las denuncias de varias academias que decían sentirse perjudicadas. Con este punto de partida se solicitaron miles de documentos del Servicio Cántabro de Empleo (Emcán) y del Instituto Cántabro de Servicios Sociales (Icass), el encargado de acreditar la accesibilidad de las diferentes empresas a través del Centro de Accesibilidad y Ayudas Técnicas (CAT).

Sin embargo, las pesquisas policiales han ampliado el calado de la investigación, que en la actualidad ha extendido las líneas de análisis, por ejemplo, hacia el área de la Dependencia. La Policía, a la par que solicitó estos requerimientos adicionales de documentación a la Administración autonómica, igualmente pidió al Ministerio Público una segunda prórroga de seis meses para ahondar en sus trabajos, algo que el organismo autorizó de inmediato. De este modo, los agentes deberán entregar a la entrada del verano los resultados definitivos de sus análisis. Será el momento de que la fiscal superior de Cantabria, Pilar Jiménez, decida si da traslado al juzgado para armar una causa penal que indiciariamente arroja elementos propios de la prevaricación, la falsedad documental o el cohecho.

Los últimos meses han servido igualmente para captar nuevos testigos que puedan apuntalar las impresiones de los agentes tras bucear en la documentación del Gobierno. Más allá de eso, la Policía aún trata de encontrar nuevos testimonios que afiancen la investigación, en especial de docentes que hayan participado en los cursos y vieran de primera mano las presuntas irregularidades.

El epicentro del caso gravita en torno a comprobar si existe una trama organizada en la Administración cántabra con el objetivo de repartir el dinero obtenido gracias a mordidas cobradas a los centros de formación beneficiados por la distribución de fondos públicos. Estas comisiones habrían sido recaudadas, presuntamente, por funcionarios del Emcan, en colaboración con otros departamentos como el Icass.

La UDEF se interesó por la situación tras conocer el caso de Cossío Formación, empresa que lleva años batallando contra los diferentes ejecutivos autonómicos al haber quedado excluida del reparto del dinero de forma arbitraria, a su juicio, todo ello en base a supuestas deficiencias en la accesibilidad. A esta empresa se sumaron otros dos centros que dieron cuenta de los agravios. El primer contacto con la Policía se produjo en diciembre de 2015, y en marzo de 2016 los agentes empezaron las indagaciones. En diciembre de ese año la UDEF trajo a Cantabria el resultado de estas primeras averiguaciones, hasta que el 15 de ese mes varios efectivos se personaron en el Gobierno para requerir documentación, nunca un registro, pues éste debe ir acompañado de una orden judicial que aún no procede al estar el caso pilotado por el Ministerio Público.

Los agentes se dirigieron en aquel entonces a la Consejería de Presidencia; a las dependencias del Emcan; y a las del Icass. En total, se llevaron miles de documentos de expedientes administrativos relacionados con la homologación de los centros y la puntuación otorgada a las academias desde 2007 en concepto de accesibilidad.