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A un mes y medio de que los alumnos vuelvan a las aulas la configuración del calendario escolar sigue trayendo de cabeza a familias, profesores y, en medio de ambos, a la Consejería de Educación del Gobierno de Cantabria. Los primeros, representados por la Federación ... de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos de Cantabria (FAPA), siguen instando al departamento a que garantice esta misma semana los 175 días lectivos «que por ley obliga el Ministerio de Educación», un derecho que, a su parecer, no está respaldado en la última versión del plan lectivo -publicado en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC) en marzo de 2019- y que discutirán, si es necesario, en los tribunales de justicia.
Al otro lado de la mesa -y si las negociaciones no lo impiden, también del litigio- se encuentra la Junta de Personal Docente, que encarna la posición de los más de 7.000 profesores de la enseñanza pública, y que aboga, «a pesar de seguir exigiendo la jornada reducida de tres horas y media en junio y septiembre», por mantener esta versión del documento para el siguiente curso. Todo lo contrario, aseguran, «es marear a los alumnos y sus familias, que a estas alturas del verano ya se han organizado para el próximo año». De momento aparcarán sus exigencias «por responsabilidad».
Leticia Cardenal | Presidenta de la FAPA
La última palabra la tiene la consejera de Educación, Marina Lombó, quien de momento ha pedido «más tiempo» a los implicados para analizar las demandas, tener en cuenta los informes jurídicos encargados por la consejería, que llegarán «pronto» y, finalmente, tomar una decisión firme que resuelva uno de los problemas más enquistados de la Administración regional.
Mientras llega esa posible solución, la presidenta de la FAPA, Leticia Cardenal, volvió a exigir ayer el cambio del plan lectivo y sugirió a la sección de Lombó algunos modelos «que funcionan» en otras comunidades autónomas. «Sabemos cómo lo hacen: publican 178 días y cada municipio organiza sus jornadas festivas y lectivas según sus necesidades. Así no hay ningún problema», sostuvo la máxima representante de la agrupación.
Cardenal también abordó las consecuencias de una posible infracción del plan escolar. La primera, la que «caerá» sobre la Administración: «Publicando sólo 175 días, el calendario se termina incumpliendo por una cosa o por la otra, y los alumnos tienen derecho a recibir el mínimo establecido por la ley». De lo contrario, «si se demuestra que no se cumple, será la Consejería la encargada de buscar los mecanismos para regular el problema y garantizar su cumplimiento, que es un mandato del Ministerio de Educación».
La otra secuela de la ruptura pasa por resolver el conflicto educativo en los tribunales: «Lo tenemos claro y es una decisión firme por parte del colectivo. Si la Consejería no cambia el calendario y no garantiza la educación de los niños iremos a juicio. Entonces veremos qué es lo que tiene que decir la justicia».
Jesús Aguayo | Portavoz de STEC
«Están en su derecho», respondió Jesús Aguayo, portavoz del sindicato mayoritario representado en la Junta de Personal Docente, STEC, al otro lado de la controversia. Preguntado por la posibilidad de personarse en el juicio frente a la FAPA, el responsable avanzó que «la reacción lógica es presentarse, si es que llega a producirse», y zanjó esa posibilidad en un «valoraremos».
Lo que Aguayo sí quiso dejar clara es la posición del sindicato con respecto al plan actual, por el que siguen exigiendo la jornada reducida de tres horas y media en junio y septiembre. Educación, por su parte, ofrece cuatro horas de clase, un ofrecimiento ampliamente rechazado por todas las organizaciones sentadas en la mesa. A pesar de ello, la Junta ha decidido aparcar esta exigencia hasta el año que viene, «por responsabilidad y por destensar el conflicto». De hecho, quitando ese desacuerdo, el portavoz aseguró «que el Gobierno ha racionalizado el plan bastante bien». Y agregó: «Es el menos malo de los acuerdos».
En esa línea, el representante sindical señaló virtudes del documento como su «buena organización de los periodos lectivos y de descanso, lo que mejorará la situación de nuestro profesorado y alumnado». Lo que es seguro es que, para ellos, modificarlo ahora no es bueno y sólo conseguiría «marear» a las familias. Y agregó: «Queremos hacer borrón y cuenta nueva y tener la mano tendida para facilitar un contexto de acuerdo. Desdramatizar».
Marina Lombó sí ha logrado poner de acuerdo a ambas partes en una cosa. Su disposición al diálogo desde que asumió el mando del departamento, tras las elecciones del 26 de mayo, ha destensado el proceder del conflicto educativo, «mal gestionado», según coinciden familias y trabajadores, por su predecesor en el cargo, Francisco Fernández Mañanes. «Éste se jactaba de incumplir el calendario», aseguró Cardenal, quien, a pesar de las discrepancias, dio cuenta del ambiente «cordial y cercano» que ha mostrado la nueva titular de Educación desde su llegada la Consejería. «Parece que por su parte el dialogo está asegurado. La primera toma de contacto ha dejado buenas sensaciones».
La misma satisfacción manifestó Aguayo: «Todavía es pronto para hacer una valoración, pero la primera impresión ha sido buena. Convocar una reunión ya en los primeros días fue de gestión fue un gesto importante». En contraste, el portavoz recordó las formas que, en su opinión, mostró durante toda la controversia el anterior jefe de departamento. «Ni siquiera nos contestaba», y él ha sido responsable de que el problema se haya dilatado tanto en el tiempo». Finalmente, el portavoz aseguró que el acuerdo es más posible «ahora que Lombó ha tomado posesión del cargo».
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