PRC y PP se unen contra la ley nacional que «amenaza»los negocios en la costa

Para más inri, lo que desencadenó el desencuentro fue una proposición no de ley del Partido Popular en la que pedía aprovechar la tramitación de la norma en el Senado para enmendar el texto y eliminar del articulado los puntos que, según este partido, ponen en peligro la actividad económica que desarrollan en Cantabria cientos de negocios ubicados en las zonas de dominio público marítimo-terrestre. Un argumento que compraron los regionalistas a pesar de que el diputado socialista Javier García-Oliva se esforzó en defender que la Ley de Cambio Climático que está a punto de ver la luz no cambia para nada la situación de estos negocios. Pues bien, sus socios no le creyeron y tampoco los diputados de Ciudadanos y Vox, que dejaron solo al PSOE. «No hay caso. Es un debate estéril montado sobre apreciaciones que no se corresponden con la realidad», razonó sin éxito García-Oliva.

El portavoz popular, Íñigo Fernández, responsabilizó directamente a Teresa Rivera. «La ministra que quiere tanto a Cantabria y nos trata tan bien. Que es muy sensible a problemas de Cantabria como el lobo», ironizó antes de lamentar la «obsesión de esta mujer por suprimir toda actividad económica en el litoral de Cantabria». Los populares no tienen dudas de que el cambio legal pone a los pies de los caballos a cientos de afectados, entre los que se encuentran ganaderos, pequeñas industrias o empresas como las conserveras de Santoña y Colindres.

Para poner en contexto un asunto de gran complejidad técnica, Fernández resumió que la mayoría de los afectados llevan cerca de un siglo asentados en estos terrenos cercanos a la costa, como consecuencia de la política de ocupación y saneamiento de estuarios que se siguió hace 100 años. En 1988, la Ley de Costas daba una prórroga de 30 años a estos particulares para devolver las tierras al Estado su propietario, pero la reforma de Mariano Rajoy en 2013 permitió prorrogar la concesión. Una concesión que, según su lectura del texto redactado en Madrid, pone en riesgo esas prórrogas.

Y también lo cree el PRC. «¿Qué necesidad hay de abrir esta caja de Pandora? Se abre un debate que ya había quedado zanjado y que puede suponer un perjuicio para los afectados», vaticinó José Miguel Fernández Viadero, que como senador por designación autónoma se ha comprometido a enmendar la norma. El PRC defiende la Ley de Cambio Climático para acabar con el retraso en la transición hacia una economía más sostenible, pero no este aspecto concreto. «No es un problema ideológico», dijo el regionalista, que subrayó que mantienen la misma posición que partidos tan distintos como PP, PNV o el Bloque Nacionalista Gallego.

Argumentos muy similares a los de Cs. Diego Marañón mostró su poco optimismo ante la posibilidad de que el PSOE y sus socios den marcha atrás. «Estamos acostumbrados al desprecio de Pedro Sánchez a Cantabria», apuntó el diputado naranja, que defendió una solución intermedia. Mantener el texto como está, pero eliminando la retroactividad para que los particulares que consiguieron en su momento la concesión no se vean perjudicados. Cs cargó contra el PSOE y también contra Vox por oponerse a toda la Ley con reflexiones como las del diputado de esta formación que dijo que «si sube la temperatura se morirá menos gente de frío».

Las acusaciones de Vox, en boca de Armando Blanco, fueron para el Ministerio y también para el PP por votar en Madrid a favor y en Cantabria en contra. Fernández le recordó que se oponen a este aspecto, no al resto del documento. «Dicen una cosa y luego hacen la contraria. Dejen de engañar a los afectados», echó en cara Blanco a los populares, a los que acusó de «abrazar la nueva religión del clima del consenso progre».

El consejero de Industria realizó un cronograma aproximado sobre la tramitación del centro logístico de La Pasiega, tal y como le solicitó el PP. Según el regionalista, en «el mejor de los escenarios», la licitación del proyecto constructivo para el inicio de las obras no llegará hasta septiembre de 2022, lo que retrasa en al menos seis meses las actuales previsiones. Según Javier López Marcano, los retrasos acumulados –también los de la etapa del PP, según recordó–, se deben a la complejidad del plan. El popular Íñigo Fernández lamentó que los compromisos se han ido demorando continuamente y advirtió del riesgo de que esto impida acceder a fondos europeos.

Todos las formaciones políticas hicieron un frente común contra Vox a la hora de denunciar la «demagogia» de este partido por poner en cuestión la correcta utilización de los coches oficiales por parte de los miembros del Gobierno regional. PRC, PP, PSOE y Cs consideran que se trata de un instrumento necesario y no un «privilegio», como apuntó el portavoz de Vox, Cristóbal Palacio. «Si tienen constancia de un mal uso, lo demuestran y lo denuncian, pero no den pábulo a bulos», afirmó el diputado naranja Diego Marañón, tras las insinuaciones de Palacio. Desde Cs, sí defendieron introducir el vehículo eléctrico en el parque móvil.