Unidos para luchar contra la okupación

En Meruelo los vecinos están «hartos» porque los okupas son «gente incívica, con la que todo son problemas», añade Muñoz. Y, tras protestar y salir a la calle -la última movilización fue el 8 de noviembre- han conseguido «dos desalojos voluntarios y evitar dos intentos de okupación». A estas alturas únicamente queda una vivienda afectada y la lucha se centra en intentar que «el Ayuntamiento corte el agua; Viesgo, la luz; y que el banco les eche». Una vez den ese paso, la plataforma centrará sus esfuerzos en apoyar al resto de asociaciones. Hay un punto en el Muñoz incide: el problema no lo generan las okupaciones sociales de familias que dejan de pagar los gastos y se quedan en el inmueble. «La inquietud viene de quienes entran en las casas sabiendo la ilegalidad, son grupos violentos y tienen a los edificios cercanos amenazados».

El último municipio afectado ha sido Penagos. La preocupación entre los vecinos empezó el 29 de octubre cuando una pareja okupó uno de los seis chalés deshabitados desde hace más de una década. Hasta esta misma semana, cuando un grupo de desconocidos irrumpió en el barrio y los expulsó del inmueble. La Guardia Civil cree que pertenecen a una empresa de desalojos exprés y el Ayuntamiento niega cualquier implicación.

Al encuentro convocado por este periódico también acudió Antonio Bielsa, portavoz de los vecinos de Gama (Bárcena de Cicero), que también tuvieron que movilizarse este verano contra el fenómeno okupa. En su caso, se toparon con «tres intentos», que se frenaron a base de «manifestaciones y de presionar a la entidad bancaria», explica Bielsa. Esa presión de los habitantes del municipio también sirvió para desalojar un inmueble de una urbanización de Treto el pasado 12 de octubre. Ahora en el municipio sólo queda un ático «con unos okupas que llevan viviendo allí cinco años».

La sucesión de ocupaciones ilegales en los últimos meses ha aumentado la «preocupación e intranquilidad» entre los vecinos, que han creado grupos de WhatsApp para mejorar la comunicación entre ellos y «avisarnos de movimientos sospechosos o posibles robos», comenta Bielsa. Así intentan, en parte, cubrir «la escasez de medios» a la que también se enfrentan porque no tienen Policía Municipal y la Guardia Civil a veces tarda en reaccionar. «El problema de esa zona oriental es que hay un gran parque de viviendas y segundas residencias junto con restos de activos bancarios», resume el portavoz de los vecinos de Gama.

Todos admiten su «honda preocupación» ante la posibilidad de que se repita lo ocurrido en El Astillero y se produzca un efecto llamada que atraiga a más okupas. «Puede pasar», sentencia. Si alguien conoce bien la situación que atraviesan los vecinos de Boo de Guarnizo es María Ceballos, la presidenta de la asociación vecinal, que representa también a los comerciales de la barriada y del resto del municipio. «Lo que nos preocupa es que va en aumento», comenta. Actualmente, el punto más problemático de la localidad está en un edificio próximo a la calle Ballestas donde hay más de 40 pisos okupados.

Además de ser un conflicto que parece lejos de apaciguarse, advierten que lo más preocupante es que no se trata de okupaciones «sociales» sino de gente «incívica», critica Ceballos. «Con su presencia llenan el barrio de violencia e inseguridad». No sólo por su comportamiento, también tienen «amenazados a los vecinos, eso es lo grave». El miedo les ha obligado a despedirse de algunas actividades diarias y ha vaciado los parques infantiles cercanos. «Es una zona nueva donde vive mucha gente joven con hijos. Aquí antes había una vida increíble», cuenta la portavoz de los vecinos. Sin embargo, ahora eso se acabó. Incluso quienes acuden al supermercado situado justo al lado, salen de hacer la compra como si fueran con prisa, intentando pasar el menor tiempo posible cerca del edificio okupado. Y así evitar situaciones incómodas.

Es un problema que afecta al poco comercio que hay en Guarnizo, pero también al barrio porque las viviendas «se devalúan», añade Ceballos. Algunos residentes, los que tienen alguna posibilidad, ya han decidido dejar su casa y trasladarse a otra o compartir con familiares. En resumen: «La convivencia es imposible».

«Pero tampoco puedes dejar de hacer vida», recuerda la coordinadora de Meruelo Sin Okupas. Además de las movilizaciones, que en algunas localidades han conseguido el desalojo de viviendas, el recurso que utilizan las plataformas para recuperar la normalidad en los barrios es buscar el apoyo de los Ayuntamientos para que corten el suministro de agua en los inmuebles okupados y de las compañías para limitarles la luz de manera que, sin recursos, acaben por abandonar el inmueble. Eso es lo que ocurrió en Soano (Arnuero). «Entraron en cinco chalés, pero luego se marcharon porque no tenían suministros», explica Pachi Santamaría, que representa a la asociación de vecinos de esta pequeña localidad donde hay «muchas segundas residencias». Admite que la gente esté cada día un poco «más impaciente», sobre todo el matrimonio de mayores que vive al lado de una de esas viviendas okupada.

Hay otro punto en el que coinciden los representantes de las asociaciones vecinales y es el temor a un efecto llamada. Si en una urbanización hay varias viviendas vacías, la okupación de una puede invitar a más grupos a llenar el resto. Por eso los vecinos crean plataformas y se juntan en cuanto ven que el problema llega a sus municipios. De momento, la que más experiencia tiene es la de Meruelo Sin Okupas que, sin querer, se ha convertido en referencia para el resto de colectivos vecinales.