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La Universidad de Cantabria ha decidido personarse, como parte perjudicada, en las diligencias previas de la denuncia presentada por el profesor Manuel Agüeros por la supuesta falsificación de firmas en, al menos, tres actas de contratación de personal investigador de la institución académica con el ... objetivo de beneficiar, presuntamente, a un allegado de Pedro Casares, profesor de Economía, secretario general del PSOE en Santander y candidato a la Alcaldía en las próximas elecciones municipales, aunque cuando se produjeron los hechos denunciados, en 2012, no era aún concejal. En esas actas aparecían como firmantes, además de Agüeros y Casares, el decano de la Facultad de Económicas y Empresariales, Pablo Coto, integrantes los tres de la comisión de selección del personal.
El paso dado por la UC de personarse en la causa judicial supone, de forma paralela, la paralización de la investigación interna abierta al respecto el pasado 11 de diciembre y que había ya concluido la fase testifical. «La medida ha sido tomada a la vista de lo dispuesto en el artículo 23 del Reglamento de Régimen Disciplinario de los Funcionarios de la Administración del Estado, que establece que deberá suspenderse la tramitación de un expediente disciplinario cuando se trate de hechos que pudieran ser constitutivos de delito cometido por funcionario público (...) Razones de obvia prudencia aconsejan acordar la suspensión temporal del proceso de información previa, teniendo en cuenta la pendencia de procedimiento judicial sobre el asunto», explicó a última hora de la tarde de ayer el rector Ángel Pazos a través de un comunicado.
Además, la institución académica trasladará toda la información recabada en esta investigación interna al Juzgado de Instrucción número 3 de Santander, que es el que instruye el caso de la supuesta falsificación de firmas. El juez Fernando Vegas acordó a finales de diciembre el archivo de la causa ya que, en su opinión, «no existen pruebas que permitan determinar la autoría de las firmas supuestamente falsificadas» y «no hay datos suficientes» para aclarar la identidad de los posibles responsables. Pero, con posterioridad, tanto la Fiscalía como el propio denunciante han recurrido el sobreseimiento provisional del caso y han solicitado al tribunal que reabra la investigación. Un paso que aún no se ha producido, según afirmaron ayer a este medio fuentes judiciales.
A esta causa se sumaron con posterioridad la carta anónima con amenazas y coacciones que recibió el rector en diciembre y la denuncia presentada la pasada semana por el propio Agüeros contra Pazos, en este caso por presunta «prevaricación» en la adjudicación de plazas docentes en las ofertas públicas de empleo de la UC.
Casares, Coto y Pazos han negado con rotundidad las acusaciones recibidas e incluso una grabación de 2015 permite escuchar al decano acusar a Agüeros de «falsificar» su propia firma de manera intencionada en 2012, haciendo una rúbrica que no es la suya para «fabricar pruebas» que utilizar en el futuro para su beneficio personal -en 2015 solicitó un aumento del número de clases remuneradas o la dirección de un máster, entre otras exigencias-, algo que el profesor no niega en ningún momento en ese audio.
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