El variopinto final de las incautaciones

«Al final, de lo que se trata es de conseguir que los bienes confiscados a una organización criminal reviertan de una u otra manera en beneficio de la comunidad», resume José Luis López del Moral, juez, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria y guía excepcional de un artículo en el que expertos de la Policía Nacional, la Guardia Civil y Vigilancia Aduanera, entre otros departamentos, explican con todo lujo de detalles cuál es el camino que recorre un efecto incautado desde que es aprehendido hasta que se le proporciona una segunda vida si es que los tribunales de Justicia le conceden esa oportunidad y no ordenan su destrucción.

Consideradas de ilícito comercio, las drogas se destruyen siempre. «Sea cocaína, heroína, marihuana, hachís o una droga sintética...» y «aunque la persona investigada fuera absuelta en un juicio», cualquier sustancia estupefaciente incautada acaba en la incineradora, explica López del Moral, que se refiere no solo a los alijos aprehendidos en una operación sino a las muestras recogidas para analizar la partida y que se conservan solo temporalmente por si procede un contraanálisis.

Para reforzar los procesos de incautación, almacenamiento, custodia y destrucción de las drogas se creó en el año 2012 un protocolo (del que surgió una versión revisada en 2017) que establece que siempre que sea posible la destrucción de cualquier sustancia debe producirse al inicio del procedimiento, es decir, en la propia fase de instrucción.

«Cuando se realiza el atestado que se remite a la autoridad judicial ya se solicitan al mismo tiempo su análisis y su destrucción», dice Fernando Tapia, inspector jefe y jefe de la Brigada Provincial de Policía Judicial de la Policía Nacional, que aclara las dos razones por las que se obra con tanta celeridad: Se corre el riesgo de que se pudra -lo cual puede ocasionar un problema muy serio de salud pública- o de que se extravíe o, peor todavía, de que la roben.

«Desde el mismo momento en que se procede a su incautación y hasta el día de su eliminación, la droga permanece bajo custodia en lugares que no podemos desvelar por razones de seguridad», indica al respecto el inspector jefe, que sugiere no comprometerla pasando por alto ese detalle y avanzar hacia el proceso mismo de su destrucción.

Alternándose en los operativos, Guardia Civil o Policía Nacional organizan «discretos» convoyes que tienen casi siempre el mismo destino, el Principado de Asturias, donde se ubica una de las dos empresas de gestión de residuos contratadas por el Ministerio del Interior para quemar todas las drogas -la otra se encuentra en Toledo- y hacerlas desaparecer de la vista de todos los asistentes al proceso, que deben firmar un acta de destrucción en el que se hacen constar los datos del operativo.

«Ocasionalmente, ese dispositivo puede tomar otro rumbo». Como las dos toneladas de cocaína que durante el verano de 2023 fueron intervenidas en un velero a unas 25 millas de Santander y que luego fueron transportadas «bajo excepcionales medidas de seguridad» hasta la planta incineradora del vertedero de Meruelo para que el mayor cargamento de esta sustancia hallado en Cantabria fuera inmediatamente reducido a gases y cenizas inertes en un horno puesto en marcha a cerca de 1.300 grados.

Clasificadas estas en dos grupos, armas de fuego y armas blancas, todas son 'piezas de convicción', que es como en el argot judicial se conoce a todo aquel elemento que resulte decisivo a la hora de llegar al convencimiento de que se ha cometido un hecho ilícito. De ahí que todas permanezcan bajo custodia judicial hasta la celebración del juicio. «Una vez celebrado ese juicio, e independientemente del veredicto, o sea, haya o no condena, esa pieza deja de tener virtualidad porque ya ha cumplido su función». Es entonces cuando se le da salida por tres conductos distintos, siempre y cuando, claro, no proceda la devolución a su propietario. «Si son de lícito comercio, se subastan», explica López del Moral. En este caso, y por norma general, esas armas acaban en manos de militares, guardias civiles, policías y otros profesionales provistos con licencia para portar armas cortas -como los armeros o los joyeros- a los que nunca se informa sobre el origen del arma que adquieren. No saben si se utilizó para matar, para atracar a un banco o para cascar nueces.

«Puede darse la circunstancia de que el arma en cuestión tenga algún significado o un matiz histórico». Por ejemplo, que con ella se asesinara a una personalidad. «En ese caso se donaría a un museo», añade el juez.

Pero como eso no es lo habitual, sino más bien todo lo contrario, «lo lógico es que las que no se devuelven, no se subastan y no se exponen, se destruyan».

Una tarea que corresponde exclusivamente a la Guardia Civil, que en estos últimos cinco años, y en aplicación del denominado Plan de Control de Armas de Fuego, se ha deshecho en la región de 16 toneladas de armamento. «En el mes de mayo se destruyeron 590 armas de distintas categorías que arrojaron un peso de 1,2 toneladas», recuerda el jefe del departamento de comunicación de la Benemérita, Raúl Arias. La mayoría, 400, eran de fuego, largas y cortas, concreta el responsable.

¿Cómo se destruyen? Por el método de fundición y con la colaboración de la empresa acerera Global Steel Wire.

«No tiene ningún misterio», afirma Arias, que cuenta el proceso. «Al menos una o dos veces al año, esas armas son transportadas desde el arsenal de la Comandancia hasta la fábrica por agentes que no solo las trasladan y las custodian sino que están presentes en el proceso de fundición hasta el final». De allí no se van, recalca Arias, hasta que no se cercioran de que se han desintegrado la última pistola y la última navaja.

Y así, del horno en el que introducen cientos de armas utilizadas para cometer actos delictivos, los operarios de la fábrica extraen acero líquido que, según las coladas que se vayan fabricando, se puede utilizar para la construcción, para la estampación, para tornillería... Para fines mucho mejores que cargarse a alguien.

Inmuebles de toda clase, viviendas, garajes, trasteros y demás, y vehículos de toda condición, coches, motos o embarcaciones, son bienes de lícito comercio que dependiendo de su origen y de la situación procesal en la que se encuentren sus dueños «pueden ser objeto de embargo o de comiso», puntualiza López del Moral, que distingue entre los que han sido utilizados para la comisión de un delito y los que no.

De no devolverse a sus propietarios por haberse producido en el juicio una sentencia condenatoria, «esos bienes pueden ser enajenados para el pago de una multa o de una indemnización de perjuicio», indica el presidente del tribunal, que señala el camino de la subasta. «Si el bien se ha subastado para satisfacer un perjuicio económico, el sobrante, si es que hay sobrante, se devuelve a su titular», pero «si ese bien ha sido instrumento de un delito, el sobrante se decomisa y se deposita en las cuentas del Tesoro Público».

Excepcionalmente, el juez puede autorizar su uso a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de Estado, a las que no resulta extraño perseguir delitos en vehículos utilizados para cometerlos. A lo mejor un coche de alta gama no es lo más apropiado para patrullar Santander, por lo chocante que pueda resultar la escena, pero sí para que un grupo de 'Geos' se mueva de incógnito por Madrid.

«Nosotros estamos patrullando la bahía de Santander en la VA-XVI, que es una embarcación intervenida en aguas de Algeciras en 2021» desvela la jefa de Vigilancia Aduanera en Cantabria, Carmen Terán, que recupera a modo de ejemplo la transformación del pazo Baión. «Pasó de ser el símbolo de la ostentación del narco Laureano Oubiña a ser un emblema de la lucha contra la drogadicción por obra y gracia del Plan Nacional contra la Droga», que es, añade la propia Terán, el impulsor de estas iniciativas, «con las que se pretende que los bienes intervenidos reviertan en la guerra al narcotráfico».

Víctimas de la actividad criminal en sus más macabros espectros, los animales pueden llegar a un juzgado recorriendo varios caminos, según dice López del Moral, que piensa que su intervención «supone siempre un problema». No son un kalashnikov ni un fardo de cocaína ni un fajo de billetes. Son seres sintientes que necesitan de unas atenciones específicas. Su destino, indica el magistrado, depende de su especie.

«Cuando se lleva a cabo una operación policial puede darse el caso de que en el domicilio del detenido vivan animales domésticos, perros, gatos u otras mascotas, con todos sus papeles en regla. Si, por la razón que sea, el dueño no pudiera hacerse cargo de ellos y tampoco algún familiar o amigo, pasarían a disposición de los servicios de recogida de animales del municipio correspondiente», que también recepta esos otros incautados durante operaciones específicas contra el tráfico de animales domésticos.

Transcurrido el plazo previsto «solo caben dos posibilidades», añade el responsable de la protectora Asproán, Eduardo Puertas. «Si el perro tiene su chip correspondiente, es decir, si su dueño está completamente identificado, su situación quedará a expensas de lo que decidan en el juzgado». De su manutención y de sus cuidados veterinarios se hará cargo entretanto el ayuntamiento de origen, que después podría reclamarle todos los gastos al propietario. «Y si no tiene chip, y nadie lo reclama dentro del plazo convenido, entonces son enviados a un centro de acogida, como este, para que se inicie el proceso de adopción», concluye Puertas.

«Otra cosa es ya la incautación de animales salvajes o exóticos», continúa López del Moral, que introduce en la ecuación la colaboración de los centros especializados y zoológicos.

En julio del año pasado, efectivos de la Guardia Civil decomisaron en Santiurde de Toranzo dos ejemplares de lince adquiridos ilegalmente en una tienda de Toledo y que fueron trasladados al centro que la fundación APP Primadomus (con sedes en España, Alemania y Países Bajos) tiene en Alicante.

«Nosotros no disponemos de instalaciones para acoger animales intervenidos por la Administración», dice el jefe de los servicios veterinarios de Cabárceno. «Pero ayudamos en lo que podemos», añade Santiago Borragán, que recuerda que el recinto cobijó temporalmente a dos chimpancés incautados a un circo ambulante hasta que se les dio un hogar, y ha aceptado algunas serpientes. «Si tenemos espacio y el antídoto para contrarrestar su veneno, desde luego son bienvenidas», concluye el veterinario.