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Un permiso penitenciario o un cumplimiento total o parcial de la condena por violencia machista es, hasta ahora, el único caso en que se interpone una pulsera telemática como medida de protección para las mujeres víctimas supervivientes de este tipo de violencia: en la actualidad, ... son 26 las cántabras que tienen activo este sistema de vigilancia a distancia.
Pero el panorama cambiará, previsiblemente, con el remiendo que el Ministerio de Igualdad ha cosido tras las reducciones de condena y excarcelaciones derivadas de la Ley de Garantía de la Libertad Sexual, la popularmente conocida como ley del 'solo sí es sí' y que ya contabiliza dos excarcelaciones y cinco reducciones de condena en Cantabria. A través de la nueva medida anunciada por el Ministerio de Igualdad, las víctimas afectadas por la aplicación de esta legislación podrán solicitar el sistema de protección de geolocalización. También podrán hacer uso del teléfono de atención a víctimas de violencia machista (Atenpro) a partir de marzo de este año.
Este anuncio dará cobertura a «víctimas afectadas por reducciones de penas imprevistas o incluso algunas excarcelaciones sorpresivas» y cuyo fin será evitar que los agresores puedan acercarse a sus víctimas una vez estos salen de prisión o ven reducida su condena tras la aplicación de la citada legislación, según especificó la delegada del Gobierno contra la violencia de género, Victoria Rosell, durante la presentación, la pasada semana, de la Estrategia Estatal para combatir las violencias machistas 2022-2025.
Por lo pronto, no hay articulado un plan concreto, aunque Rosell sí señaló que comunicó a cuerpos policiales, jueces y Fiscalía, en el mes de diciembre, la puesta a disposición de las víctimas de esta medida «en las 24 horas siguientes» al anuncio de la excarcelación de su agresor.
Desde la experiencia en sede judicial, el actual presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC), José Luis López del Moral, cree que se trata de un «procedimiento similar al actual con víctimas de violencia de género», y conviene en que la medida anunciada puede ser «positiva». Señala, según la aplicación de esta norma hasta ahora, que «hace sentir a las mujeres más seguras y protegidas», ya que el sistema de brazaletes de protección detecta la posición geográfica del agresor y avisa en caso de cercanía con él por parte de la víctima. Además, en casos de aproximación a la víctima cuando hay medidas de alejamiento establecidas, ayuda a las fuerzas de seguridad a intervenir.
Esta medida comenzó a funcionar en España en el año 2009 y lo hizo con 3.000 pulseras puestas a disposición en todo el país. A finales de 2022, según los últimos datos que obran en el portal estadístico del Ministerio de Igualdad, son 3.015 las pulseras de posicionamiento activas en este momento en toda España. Desde que la medida entrara en vigor hace casi catorce años, se han instalado 12.665 dispositivos, 231 de ellas en Cantabria.
José Luis López del Moral | Presidente del TSJC
Para el presidente del TSJC se trata de una «medida eficaz» aunque reconoce desconocer cuáles serán sus aplicaciones finales y cómo se articulará esta ayuda para víctimas supervivientes. «En todo caso, cuando se impone, sí que se consigue proteger a las mujeres», apunta López del Moral. Y lo hace en doble vía, según su opinión, «de forma directa e indirecta», ya que sí que establece una barrera de control entre el agresor y la víctima, además de «otro aspecto muy importante, como es la sensación subjetiva de seguridad», al tiempo que controla a «personas con un perfil criminológico».
Lo que sí se sabe hasta el momento, según el anuncio realizado por Victoria Rosell, es que la aplicación de esta medida será a petición de la víctima, y no tomada de oficio ante una rebaja de condena o una excarcelación del agresor. Algo que va en la línea de aplicación de esta herramienta de protección para víctimas reconocidas de violencia machista: «Salvo que se haya impuesto una medida de libertad vigilada, que entonces sí que se establece de oficio, se comunica que se procederá a la excarcelación del agresor y la víctima puede solicitar» esta medida de protección.
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