El verano despierta la batalla sanitaria en Cantabria

Pero el equipo de Pascual no solo ha tenido que poner un parche en los centros periféricos, sino que también tuvo que atajar la falta de médicos en Urgencias del Hospital de Laredo, después de que a principios de julio, aún con los turistas de camino, amenazara con colapsarse y tuviera que derivar a pacientes a Valdecilla. Allí la solución pasó por «priorizar» –se suspendió la hospitalización domiciliaria para destinar ese personal a Urgencias– y por pagar peonadas para completar las guardias por las tardes a médicos de la plantilla de Atención Primaria. Así fue como se apagó aquel fuego. Donde no ha habido manera de sofocarlo, sino que se ha ido extendiendo a medida que ha avanzado el verano es en los Servicios de Urgencias de Atención Primaria (SUAP), cuyos profesionales llegaron a amenazar en junio con una huelga para exigir un plan de contingencia –veían lo que se avecinaba–.

La promesa de mejoras calmó los ánimos entre los profesionales, pero el goteo de fines de semana con incidencias por falta de médico ha salpicado a más de la mitad de los 31 SUAP de la región en julio y agosto. Sin ir más lejos, este último sábado ocurrió en San Vicente de la Barquera y en Puente San Miguel (y no era la primera vez). Y ayer, domingo, tanto en el Sardinero como en Camargo, que habitualmente cuentan con doble equipo, solo hubo uno. Y también saben lo que eso supone en los SUAP de Torrelavega y Castro Urdiales, grandes núcleos de población que se han quedado este verano más de un día a cargo de un solo facultativo. O sin él.

Una situación que no solo ha reavivado las quejas médicas, por la falta de respuesta de una Gerencia de Atención Primaria «que no escucha ni soluciona nada», como ha lamentado el sindicato CSIF esta misma semana, sino también las del colectivo de enfermería, que a través de Satse ha expresado su «hartazgo» por las veces que se están quedando los SUAP solo atendidos por una enfermera y un celador. «Una circunstancia que nunca hasta ahora había ocurrido», apuntan desde la asociación aSuap, y que exige «tomar cartas en el asunto de inmediato», como reivindica también CC OO. Entre las fuerzas sindicales vuelve la amenaza de las movilizaciones, al tiempo que despierta la batalla política.

El PRC, que ha ido denunciando todos los contratiempos de un verano marcado por «el caos sanitario», especialmente en las comarcas en riesgo de despoblamiento como Campoo o Liébana, ya pidió en julio a la Federación de Municipios de Cantabria una reunión de alcaldes para abordar los distintos frentes en los que la sanidad cántabra hace aguas. Una petición reavivada esta semana por el alcalde de El Astillero, Javier Fernández Soberón (Cs), tras ser el SUAP de su municipio el que se quedó sin médico, «algo que nunca en la historia había ocurrido» y que obligó a derivar a los pacientes a Solares o Camargo. Y el PSOE también se ha subido a la oleada de críticas: «Es intolerable que en localidades como El Astillero, Polanco, Castro, San Vicente de la Barquera o Reinosa no haya servicio de SUAP», dijo el diputado socialista y exconsejero de Sanidad, Raúl Pesquera, que pedirá el cese de Pascual «por su falta de gestión». Aunque también desde el PP le han recordado que él «fue incapaz de resolver los desafíos sanitarios», especialmente la falta de personal en los meses estivales, situación que «no es nueva y que persiste debido a su inacción y mala administración».

Mientras tanto, el equipo de Pascual, que se defiende diciendo que «las bajas son imprevisibles, y no siempre hay margen para reorganizar los equipos», busca la manera de poder retener a los 37 médicos de familia que terminan su formación MIR en septiembre. La propuesta que llevará a la próxima mesa sectorial (aún no tiene fecha) será la creación de nuevas plazas que no estén sujetas a un cupo concreto, de forma que un mismo profesional pueda cubrir los agujeros en la plantilla que surjan tanto en equipos de centros de salud como en SUAP. Eso sí, se entiende que con mejores condiciones y sueldo que los antiguos contratos de continuidad, eliminados la pasada legislatura en el acuerdo de fin de huelga.