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La proliferación de viviendas turísticas ilegales se ha convertido en la gran amenaza para el sector hostelero cántabro. Los profesionales coinciden en que el decreto ... que regula estos pisos, aprobado hace tres años por el anterior Gobierno, ha fracasado porque no ha conseguido su principal objetivo: legalizar los pisos pirata con su inscripción en un registro oficial. Esa ola que ya existía antes del covid se multiplicó tras la pandemia y, por eso, éste fue el tema que más tiempo ocupó de la reunión mantenida entre la dirección de la Asociación de Hostelería de Cantabria y la nueva consejera de Turismo, Eva Guillermina Fernández.
«Es un problema muy importante tanto por el perjuicio económico que causa, como de imagen, además de que puede llevar a la 'turismofobia'», advirtió el presidente de los hosteleros, Javier Bedia, en relación a «las molestias que genera en los vecinos afectados».
El Decreto elaborado en 2019 y aprobado en 2020 es el que regula ahora mismo el tema de las viviendas destinadas a uso turístico. Desde el principio fue una norma tan polémica como demandada, pero al mismo tiempo muy necesaria para acabar con el limbo legal en el que se encuentran estos pisos, que suponen una competencia desleal e ilegal para los alojamientos que sí cumplen con la normativa. Pero no funcionó y el problema, endémico en todo el país, no solo se ha enquistado, sino que ha empeorado.
Por eso, la consejera de Turismo se comprometió ayer a elaborar una nueva normativa con un calendario cerrado: «Es una prioridad para el Gobierno. No habrá otro verano sin un nuevo decreto».
«El territorio de Cantabria es el que es, tiene unos límites y tiene una capacidad de acogida limitada. No podemos saturarlo porque eso va en detrimento de nuestro mayor activo, que es el paisaje, y va en detrimento de los servicios que ofrece la hostelería. Por lo tanto, tenemos que trabajar en modelos que sean beneficiosos para todos y que preserven el territorio, que es nuestra mayor joya», sostuvo Fernández.
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Ese modelo pasa no solo por regular las viviendas ilegales, sino también las autocaravanas. «No tenemos capacidad para saber cuánta gente en esa situación entra a Cantabria y es muy difícil hacer un cálculo de esa carga que está soportando el territorio».
Lo que no dio la consejera fueron datos oficiales de la proliferación de estas viviendas pirata porque, dijo, están a la espera de un estudio. Pero sí existen cifras del Instituto Nacional de Estadística (INE) que nos dan una idea del volumen del problema en la comunidad autónoma. En agosto de 2022, según este organismo, había 6.281 viviendas turísticas en Cantabria, pero menos del 10% estaban inscritas en el registro oficial. Solo en Santander, había disponibles en aquel momento, 1.330 con unas 5.500 plazas. Unos números que superan ya a los de plazas hoteleras de la capital. Aunque los cálculos de la Asociación de Hostelería son mucho más llamativos: 10.000 viviendas turísticas en toda la región de las que solo un 15% están legalizadas.
Pero a pesar de las miles de viviendas que aún se comercializan en la sombra, no ha habido un reflejo en las multas: desde que entró en vigor el decreto de 2020, tan sólo se han impuesto 86 sanciones –28 de ellas en Santander– por no registrar la vivienda ante la Consejería, una sanción considerada «muy grave» según este decreto y cuya multa se sitúa en una horquilla de entre 6.001 y 30.000 euros.
La última novedad es que la Asociación de Turismo Rural de Cantabria (ATRC) acaba de lanzar un nuevo plan de búsqueda y detección de las residencias turísticas no registradas en la Dirección General de Turismo del Gobierno de Cantabria.
Otro de los problemas que ayer los hosteleros colocaron en lo más alto de la agenda fue la promoción del Camino Lebaniego y del Año Santo, tras las críticas lanzadas los últimos días por los empresarios de la zona de Liébana ante la poca afluencia de turistas y la falta de información que existe entre los visitantes de fuera de Cantabria.
La consejera de Turismo expresó su intención de llevar a cabo «más actividades en Liébana» y otras que tengan «una mayor repercusión en el territorio, que no sean tan transitorias, que no sean flor de un día», si bien reconoció que cuenta con «recursos limitados y poco margen de maniobra, ya que el Año Santo termina en abril y lo ha dejado encaminado la anterior Administración regional. «No sé si podremos revertir la tendencia, pero al menos suavizarla. Pero estamos en el mes de agosto y el Año Santo finaliza el año que viene; entonces el margen de maniobra es pequeño», insistió.
El presidente de los hosteleros señaló que el Año Jubilar «no se conoce fuera de Cantabria» y criticó la gestión de los anteriores responsables de Turismo en el Ejecutivo cántabro: «No se ha hecho una promoción correcta». Pero no solo lanzó críticas, también aportó una posible solución como la de «copiar» el ejemplo del Camino de Santiago, que se publicita constantemente. «Es importante hacer una campaña de un camino a otro, planificándola e intentando centrarlo todo en el Año de Lebaniego», defendió Bedia, que también reclamó una colaboración público-privada en cuestión, por ejemplo. de alojamientos, para ofrecer «un mejor servicio».
Una línea de trabajo que comparte la Consejería de Turismo. «No consiste solo en organizar actividades efímeras de un día, sino que hay que trabajar mucho en la rehabilitación del patrimonio vinculado al Camino; en mantener todas las instalaciones a punto; en que los caminos estén limpios y preparados; en que la señalética sea la correcta. Y sobre todo en la promoción, porque donde tiene que conocerse el camino Lebaniego es fuera de Cantabria», defendió Fernández.
En este sentido, aseguró que «hay ahí una labor importante por hacer». «No se trata de inventar nada: hay muchas cosas que ya están inventadas pero que se pueden copiar muy bien desde aquí y darle una relevancia que se corresponda con su importancia cultural».
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Ana del Castillo
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