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El fin de los descuentos en los trenes de Cercanías de Cantabria tuvo ayer un doble efecto: mientras los usuarios mostraban su indignación ante la taquilla por el súbito aumento de precio de los abonos de transporte, PP y PSOE se enzarzaban en una agria pelea con el inevitable cruce de acusaciones sobre quién tiene la responsabilidad de lo ocurrido. Poco les importa a los usuarios si es porque el Ministerio de Transportes no sabe mantener su palabra, como argumentan los populares, o si se debe a que la oposición ciega del PP contra Pedro Sánchez termina castigando al ciudadano, como defienden los socialistas: lo único que ven es que volverán a pagar demasiado por desplazarse en trenes tercermundistas.
La gratuidad de la que gozaba Cantabria por el escándalo de los trenes que no cabían en los túneles se pierde desde ayer. Los cántabros pagaban hasta ahora una fianza de solo 10 euros por cuatrimestre por el bono de Cercanías y solo la seguirán disfrutando hasta finales de abril los usuarios que ya tuvieran el bono sacado. Los precios del abono mensual de Cercanías oscilan entre los 53,65 y 103,05 euros dependiendo de la zona de la región.
Los usuarios que hubieran adquirido el bono gratuito antes del jueves con la fianza de 20 euros, mantendrán los viajes ilimitados hasta el 30 de abril. Un abono mensual con viajes ilimitados que cubra la distancia hasta Valladolid costará 409 euros.
Hay que hacer un salto atrás en el tiempo para entender mejor la actual situación: el 20 de febrero de 2023, el Ministerio firmaba la paz con las comunidades de Cantabria y Asturias tras el escándalo de los trenes de Cercanías que no cabían por los túneles. Raquel Sánchez, entonces titular de la cartera, se comprometía ante Miguel Ángel Revilla y Adrián Barbón, entre otras cuestiones, a mantener la gratuidad del servicio hasta la llegada de los nuevos vehículos, ya con la medida correcta, prevista para principios de 2027. Se conoció por el nombre de 'Acuerdos de la Castellana' el documento sobre el que los tres estamparon su firma, que se acaba de convertir ahora en papel mojado.
La causa ha sido el rechazo del Congreso a un decreto ómnibus presentado por el Gobierno de España, una suerte de tren de mercancías que llevaba, además del mantenimiento de ese compromiso, una larga lista de medidas que ni PP ni Vox –como era de esperar–, ni Junts, compañero de viaje del PSOE, han querido apoyar.
Los autocares que conectan a las localidades cántabras mantendrán «de momento» los descuentos del 50%.
El Ayuntamiento de Santander costeará «momentáneamente» el precio de los abonos y el descuento en las tarjetas recargables para que el viaje mantenga un coste de 33 céntimos.
El Ayuntamiento de Torrelavega asegura los descuentos en los abonos multiviajes «hasta final de mes». Con las tarjetas recargables de diez viajes, mantiene su precio 26 céntimos por viaje.
El Ayuntamiento de Castro Urdiales congela los precios de su transporte urbano a la espera de una decisión definitiva del Gobierno central.
«A mí me gustaría saber si a los lectores de El Diario Montañés les parece bien que con ese decreto se subiera el IVA de los productos básicos de alimentación, se subiera el IVA de la luz; si les parece bien que se subiera la protección a los okupas en contra de los legítimos titulares de esos bienes, que se les obliga a seguir pagando los servicios aunque la finca esté ocupada... Eso iba en ese decreto. ¿O les parece bien que se le regale un palacete en el centro de París al PNV? ¿Y que no se actualicen las cantidades a cuenta para el año 2025, que eso supone menos dinero para sanidad, menos para educación, menos para asuntos sociales, entre ellos la dependencia? Eso no lo podíamos votar bajo ningún concepto», critica el consejero de Fomento cántabro, Roberto Media.
La forma en que la delegada del Gobierno, Eugenia Gómez de Diego, ve la situación es diametralmente opuesta: «La decisión del PP no va contra el Gobierno de España, sino contra los miles de ciudadanos que se benefician de estas ayudas», acusa, alertando de que Cantabria perderá 191 millones de euros de financiación autonómica y 12,3 millones de euros en ayudas al transporte público tras decaer el real decreto. Según detalló, de esos 12,3 millones, 7,2 estaban destinados a garantizar la gratuidad de los trenes de Cercanías en la región durante 2025; 2,7 millones iban a subvencionar líneas de autobús autonómicas y otros 2,4 millones se destinaban a ayudas para el transporte municipal. «El voto en contra del Partido Popular deja desprotegidos a miles de trabajadores y estudiantes que se beneficiaban directamente de estas ayudas. Nadie entiende que el PP vote en contra de un decreto que incluía medidas sociales que mejoraban de forma tan importante la vida de tantas personas en Cantabria. Es una traición a miles de cántabros y cántabras», añade Gómez de Diego.
Acusa al Gobierno de incluir en el decreto de las ayudas medidas que no puede apoyar
Critica a los populares por ejercer una oposición ciega que perjudica al ciudadano
Recuerda que los descuentos «no son un regalo», sino una compensación
Las feroces críticas de su compañero de partido y secretario general del PSOE cántabro, Pablo Zuloaga, seguían la misma línea: «Vemos cómo el PP de Buruaga, en una carrera agónica por sostener a Feijóo en las instituciones, vota en contra de los intereses de los cántabros y las cántabras».
También se refirió a la amenaza del consejero Media de acudir a los tribunales para forzar el cumplimiento de lo acordado con el Ministerio: «No puede ser que actúen con esta mezquindad y esta hipocresía. No puede ser que anoche (el miércoles) viéramos al consejero Roberto Media decir que quiere ir a los tribunales para reclamar lo que sus diputados han votado en contra, no puede ser. El PP está votando en contra de los intereses de Cantabria».
El expresidente Miguel Ángel Revilla, firmante del aquel arreglo, también manifestó su opinión. Ecuánime, culpó tanto a PP como a PSOE. «El Partido Socialista es culpable por haberse embarcado en una gobernabilidad compartida con partidos antagónicos poco fiables, pero también lo es el Partido Popular, que el miércoles tuvo la gran ocasión de actuar en el Congreso de los Diputados en función de los intereses generales y no del partidismo cainita que están llevando a cabo los dos grandes partidos en España». «Esto no fue un regalo, sino una obligación del Gobierno de España para compensar un error histórico y que ha supuesto años de retraso en la modernización de nuestra red ferroviaria de Cercanías», recalcó el líder del PRC.
El mismo disgusto compartía el presidente asturiano, Adrián Barbón, quien reconoció que «es difícil que el Principado pueda compensar lo que aportaba el Gobierno», aunque en las filas socialistas del Principado la consigna era responsabilizar del revés al PP.
Asimismo, desde las Mesas de Movilidad solicitan al Ejecutivo regional que siga el camino del País Vasco y Madrid y «compense» con su Presupuesto lo que deja de aportar el Estado. «La decisión tomada este miércoles en el Congreso está generando mucha inquietud e incertidumbre entre los viajeros, porque no lo esperábamos nadie», puntualiza Javier Polanco, portavoz de las dos mesas regionales de Movilidad. Y es que desde el colectivo tienen claro que «esto va a generar un agujero en la economía de las familias de Cantabria». Si se vuelven a aplicar las tarifas anteriores a los bonos, un trayecto como el Santander-Reinosa costaría 103 euros mensuales. «Esperamos que el Gobierno cántabro sea capaz de hacer valer la gratuidad que firmó en su día».
Por Gonzalo Sellers
El fallido decreto ómnibus, entre otras muchas cuestiones que afectan a Cantabria, incluía la actualización de las entregas a cuenta: el dinero del IVA, el IRPF, la financiación autonómica y otros impuestos que el Estado adelanta a las comunidades y con el que Cantabria cuenta para sus gastos e inversiones. Debido a la falta de Presupuesto nacional, y a la prórroga del de 2023, el Gobierno central necesita actualizar las cantidades de esas entregas a cuenta a través de un decreto, que ahora ha decaído. ¿Esto que supone para Cantabria? Según la Consejería de Economía, nueve millones de euros menos cada mes que pase sin que el Estado las actualice. Mientras no lo haga, la región recibirá la misma cantidad que el año pasado (2.564 millones) en lugar de los 2.666 millones apalabrados en el Consejo de Política Fiscal del pasado julio. «Hasta mayo o junio no nos supondrá tensiones de tesorería, pero podrían aparecer si no hay actualización de las entregas», señaló a este periódico el responsable económico del Gobierno cántabro, Luis Ángel Agüeros. Unas palabras que la delegada del Gobierno en la región, Eugenia Gómez de Diego, tachó de «bulo». «Cantabria recibirá este año la mayor financiación de toda su historia», aseveró.
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