La vivienda entra en juego: el PRC pide al PP una ley regional y el PSOE registra una propia

«No es un adorno ni un cambio cosmético. Al contrario. Hemos demostrado que el nombre importa, que define prioridades y que imprime un mandato para sus responsables», afirmó la presidenta cuando confirmó que la Consejería de Fomento se pasaría a denominar de Fomento y Vivienda. «Si hay que construir viviendas, se construye; si hay que liberar suelos, se libera, y si hay que avalar créditos, se avalan, pero los jóvenes no pueden paralizar su vida a la espera de que alguien haga algo», subrayó Buruaga, que la pasada semana colocó en Reinosa la primera piedra de la primera promoción de VPO de las nueve proyectadas para crear casi 300 inmuebles con la ayuda económica del Ejecutivo central.

La vivienda también estuvo de actualidad la pasada semana con motivo de la celebración en Madrid de la Conferencia Sectorial, en la que la ministra Isabel Rodríguez reclamó a las autonomías que utilicen la Ley nacional que aprobó el Congreso de los Diputados para aplicar las zonas tensionadas, una fórmula que permite a los gobiernos autonómicos poner límites a los precios del alquiler. El consejero Roberto Media volvió a negarse.

«Bajo ningún concepto. Es un absoluto error», rechazó el popular, que considera que intervenir el mercado es contraproducente. Es más, culpa a la Ley de Vivienda que promovió Sánchez del incremento de los precios. Media culpa a la ley nacional –la ministra replicó con el ejemplo de Cataluña, el único lugar de España donde ya funcionan las zonas tensionadas, que ha reducido los precios en lo que va de año–, pero no termina de llevar al Parlamento de Cantabria la ley autonómica que prometió cuando enterró el texto que había dejado el bipartito PRC-PSOE y que no llegó a aprobarse al agotarse la legislatura.

Esta semana y las siguientes se seguirá hablando de vivienda, uno de los asuntos que, previsiblemente, estarán vivos toda la legislatura junto a 'clásicos' como los problemas en sanidad y el lobo e 'incorporaciones' como el debate turístico. Hoy mismo, sin ir más lejos. El PRC lleva al Pleno del Parlamento una iniciativa con la que insta al Gobierno de Cantabria a que «cumpla su compromiso» y presente antes de que acabe el año el proyecto de Ley de Vivienda que prometió. «Este es un problema que no puede esperar más. El acceso a una vivienda digna es esencial para el futuro de Cantabria», defendía el diputado Javier López Estrada. El también alcalde de Torrelavega insistía en que, al mismo tiempo, la Administración central debe adoptar medidas urgentes con el fin de asegurar la protección jurídica de los propietarios y facilitar la creación de un mercado de alquiler «accesible y estable».

Por su parte, el PSOE no quiere que el PP lleve a la Cámara su Ley regional de Vivienda, sino que intentará sacar adelante su propio texto. Por la aritmética parlamentaria, sería una sorpresa que lo consiga. Es el mismo que decayó en mayo de 2023 por las elecciones –el PP lo rechaza, entre otras cosas, porque dice que obliga a que se alquilen las viviendas vacías en determinadas circunstancias y no tiene medidas para luchar contra los okupas–, pero añadiendo un nuevo punto: que una VPO no pueda pasar a manos privadas y revierta siempre en parque público en caso de que el beneficiario quiera ponerla en el mercado. Con ello, explica el líder socialista, Pablo Zuloaga, se garantiza «la permanencia, de por vida, tanto de la vivienda pública como del suelo público en el que se edifica, siempre al servicio del interés general».

La vivienda también es motivo de controversia en la política local de Santander. Ya se debatió la posibilidad de reclamar al Gobierno de Cantabria la creación de zonas tensionadas, pero el PP rechazó la iniciativa de la izquierda. Desde PSOE e IU también echan en cara a Gema Igual que las promociones del Ayuntamiento se centren en la VPO para la venta y no para el alquiler asequible. La alcaldesa mantiene el proyecto de corredor verde de La Remonta y rechaza que el Ministerio levante allí edificios públicos.

En el caso del Ejecutivo de Buruaga, sí ha cumplido su promesa de flexibilizar la construcción en suelo rústico, algo que, según el PP, puede ayudar a paliar el problema de la vivienda. Lo que no ha hecho ha sido desarrollar el Plan de Movilización de Vivienda Vacía (Moviva), un sistema por el cual el particular pone a disposición de la Consejería un piso para que esta lo ponga en alquiler a cambio de una renta garantizada y que el inmueble vuelva a manos de su dueño en las mismas condiciones.