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Pese a que la dirección nacional de Vox intentó la semana pasada desactivar, de una vez por todas, la guerra interna en el Parlamento de Cantabria, la realidad es que Leticia Díaz sigue siendo un quebradero de cabeza para los que llevan un año trabajando ... en el partido por la estabilidad del grupo parlamentario. Confirmada y ratificada como portavoz en la Cámara por miedo a que diese un golpe encima de la mesa, rompiera con las siglas y se marchara al Grupo Mixto, la diputada se enfrenta ahora a una de las sanciones internas más graves previstas por los estatutos del partido de Santiago Abascal. El Comité de Garantías de Vox ha decidido suspenderla durante seis meses tras la denuncia por acoso laboral presentada por una trabajadora del Parlamento, Carmen López Tafall, a comienzos de este año.
Leticia Díaz perderá durante medio año sus derechos como afiliada de Vox, pero, por extraño que parezca, continuará ejerciendo como portavoz en el Parlamento, ya que la dirección nacional ha decidido no inhabilitarla como representante institucional, otra de las sanciones previstas en el artículo 37 de los estatutos para estos casos.
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Lo que no está claro es el alcance real de esta sanción. ¿Qué significa perder los derechos de afiliación? En teoría, según fuentes oficiales del partido, no podría hablar, ni votar, ni decidir nada en las reuniones del partido y tampoco en las del grupo parlamentario. Pero eso no está ocurriendo a pesar de que la sanción empezó a contar la semana pasada. Incluso, Díaz acudió el pasado domingo a Cangas de Onis a una comida del partido con Santiago Abascal.
A esta nueva sanción hay que sumar otro asunto sin resolver, el de las escuchas ilegales en el Parlamento denunciadas en la Policía por los diputados Cristóbal Palacio y Armando Blanco, que la señalan directamente a ella como presunta responsable de espiar a sus compañeros.
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El caso de acoso laboral empezó el verano pasado, tras las elecciones autonómicas, cuando Leticia Díaz, ya enfrentada con el diputado Cristóbal Palacio, empezó una campaña en el grupo parlamentario para cambiar por completo el equipo de trabajo heredado de la pasada legislatura y afín al abogado. Primero despidió al encargado de redes sociales y después, tras la intervención de un mediador nacional por el caos interno ingobernable, consiguió que saliera el coordinador del grupo, Niko Gutiérrez.
En ese momento, Madrid ya había recibido quejas oficiales por el trato que, presuntamente, Leticia Díaz ofrecía a la asesora Carmen López Tafall. Fue a finales de enero cuando López Tafall se cogió una baja laboral y presentó a su partido una denuncia por acoso contra la portavoz parlamentaria. Desde la dirección nacional activaron inmediatamente el protocolo para estos casos y entrevistaron tanto a la denunciante, por videollamada, como a Leticia Díaz. También cuentan con actas de reuniones y otra documentación que, supuestamente, podría corroborar los hechos denunciados por la trabajadora.
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