La Zona de Bajas Emisiones, con retraso y a distinto ritmo en Santander y Torrelavega

El asunto levanta polvareda. Unos presionan para que los municipios –que se lo han tomado con calma en todo el país– aceleren y otros están directamente en contra de la medida. Para muestra, la propuesta de Vox en el debate sobre el estado de la región. Instar «al Gobierno de Cantabria a formalizar un convenio de colaboración, desde la Dirección General de Medioambiente, con los ayuntamientos de Torrelavega y Santander, que les facilite alternativas viables para impedir la implantación de Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) o evitar sus consecuencias ruinosas para trabajadores autónomos, comercio y hostelería». Fue rechazada. Pero sí que fue admitido a trámite en el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria un recurso de la Plataforma Salvar Torrelavega –los escaparates de numerosos comercios revelan el apoyo que tienen– contra la superficie que estará afectada por las medidas. El Ayuntamiento torrelaveguense aprobó una delimitación que acota la zona entre las calles José María de Pereda, Julián Ceballos, La Llama y Julián Urbina. Dieron el visto bueno a eso y también, inicialmente, a la ordenanza que regirá la norma (exime a residentes, dueños de garajes o transportistas y permitirá la entrada de cualquier vehículo veinte veces al año).

El reglamento, con algunos cambios tras someterse a información pública, será casi seguro definitivo este mismo verano. De hecho, a finales de junio ya estaban instalando los bloques de cemento en los que irán los postes de las cámaras. La idea es arrancar en 2025 (aunque con un periodo de adaptación). Pero todo eso se está haciendo sin saber en qué terminará el recurso judicial presentado por la plataforma. Queda, por tanto, en el aire.

En Santander, su alcaldesa, Gema Igual, ha insistido en que sólo se hará «si es necesario». O sea, si las mediciones que deben hacer determinan que hay «zonas saturadas», contaminadas. Y en eso andan. En marzo, eso sí, se aprobó la adjudicación del servicio de implantación de la ZBE por 1,62 millones a la empresa Estacionamientos y Servicios. El contrato da ocho meses para ocuparse del suministro, el montaje y la puesta en marcha, y cinco años de mantenimiento y gestión. Ellos comprobarán que se respeta la ZBE cuando se establezca el ámbito concreto de actuación y las normas que regirán las actuaciones cuando estén listas. Se sabe que se definirán veinte puntos de control de acceso basados en cámaras inteligentes de lectura de matrículas. Y se instalarán cuando se conozcan las necesidades reales. ¿Quién delimitará esas necesidades? Los informes ambientales que se están recabando a través de unos sensores. Empezaron a funcionar en mayo y seguirán –eso han dicho– «hasta octubre o noviembre». Es decir, que todavía tardará en ponerse en marcha.