Nuevo varapalo al urbanismo de Cantabria con la anulación del Plan General de Laredo

En clave política, el fallo del TSJC, que da la razón al recurso presentado por Vodafone, supone un varapalo para el Ayuntamiento de Laredo, pero sobre todo implica un nuevo correctivo a la política urbanística del Gobierno del PP en la anterior legislatura, que ha visto cómo, en menos de un mes, los tribunales han tumbado la principal normativa urbanística de la capital y de la villa pejina.

Después de 15 años de tramitación, la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo (Crotu), que presidía el exconsejero y actual senador Javier Fernández, aprobó en mayo de 2015 el nuevo Plan General de Laredo, que sustituía al redactado en 1987. El documento obligaba a las operadoras de telecomunicaciones a soterrar todas las líneas, lo que provocó la reacción de las dos empresas principales, Vodafone y Telefónica. Alegaron que el planeamiento carecía del preceptivo y vinculante informe sectorial de telecomunicaciones exigido por ley. La Sala de lo Contencioso Administrativo ha mirado cada recurso por separado y el primero en salir ha sido el de Vodafone. La cuestión parece tan sencilla que no se comprende el error de los diseñadores y fiscalizadores del documento. El PGOU se aprobó en 2015, pero los informes sectoriales aportados por el Ayuntamiento fueron elaborados en 2003 y 2006. Catorce meses antes, en mayo de 2014, había sido aprobada la nueva Ley de Telecomunicaciones que establecía los requisitos que debían reunir esos informes de telecomunicaciones. Sin embargo, el texto urbanístico no fue adaptado al cambio legislativo. Ahora los jueces consideran que los dos estudios unidos al Plan General «ni tienen el carácter de vinculantes, ni se ajustan a la nueva ley, ni son preceptivos, ni se han realizado después de la entrada en vigor de la Ley 9/2014». El tribunal subraya que sin esos informes sectoriales no se puede aprobar el PGOU y, en consecuencia, todo él es nulo de pleno derecho.

La sentencia ha generado inquietud en Gobierno y Ayuntamiento. El alcalde de Laredo, Juan Ramón López Visitación (PSOE), se debate entre el desconcierto y la perplejidad, y no sabe si recurrirá la sentencia ante el Supremo. El Ejecutivo de PRC-PSOE está a la espera de lo que aconsejen sus servicios jurídicos. Fuentes conocedoras del caso estiman que la casación ante el Alto Tribunal es difícil porque solo cabe plantearse para la formación de jurisprudencia, y sobre esta cuestión ya existen pronunciamientos claros del Supremo que la propia Sala de lo Contencioso recoge en su sentencia.

El director general de Urbanismo, Francisco González Buendía, subraya que si no fuera aconsejable el recurso, el Gobierno pedirá a los jueces una aclaración de sentencia. Se trata de que el tribunal diga si es posible retrotraer los trámites al momento de la emisión del informe sectorial, a fin de aportar uno acorde con la nueva legislación y evitar así la redacción de una nueva normativa urbanística. Se trataría de una consulta «muy similar» a la que ha formalizado ya el Gobierno ante el Supremo en relación con el alcance de la nulidad del Plan General de Santander. En este caso, el planeamiento decayó arrastrado por la anulación del Bitrasvase Ebro-Besaya, una situación que está en vías de regularización.

En cualquier caso, la anulación del Plan de Laredo constituye otro traspié del Gobierno del PP en el urbanismo regional. Durante la pasada legislatura, el Ejecutivo pegó un acelerón a los planeamientos municipales y cerró su mandato con quince nuevos instrumentos urbanísticos, todo un récord si tenemos en cuenta que en las dos anteriores legislaturas del bipartito tan solo se aprobaron cinco planes urbanísticos. Sin embargo, dos de ellos, el de Santander y ahora el de Laredo, han sido anulados, y un tercero, el de Cabezón de la Sal, lo ha sido parcialmente. Además, los de Arnuero, San Vicente de la Barquera, Los Corrales de Buelna y Alfoz de Lloredo están pendientes de lo que digan los tribunales.