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EUROPA PRESS
Lunes, 27 de marzo 2017, 12:11
Diversas entidades de gestión agrupadas en Adepi (Asociación para el Desarrollo de la Propiedad Intelectual) han denunciado al estado español ante la Comisión Europea por su "inacción" a la hora de aprobar un nuevo modelo de compensación por copia privada, tras la sentencia del Tribunal ... Supremo que declaraba ilegal el anterior modelo.
La denuncia ha sido presentada ante la Comisión Europea por AIE, Aisge, Cedro, DAMA, Egeda, SGAE y Vegap entidades de gestión de los derechos de propiedad intelectual de los artistas, autores, editores y productores audiovisuales de España. Las entidades han lamentado "haberse visto obligadas a dar este paso, forzadas por la inacción" legislativa del Estado español, que está en situación "de ilegalidad" al mantener vigente la excepción de copia privada sin que exista un sistema de compensación equitativa acorde a la Directiva.
"La incorrecta trasposición a la legislación española de la obligación de compensar el daño causado a los titulares de derechos ha provocado esta situación irregular y única en Europa, que les ha acarreado cinco años de graves perjuicios patrimoniales", han recordado en un comunicado. sLas entidades de gestión han recordado que la Comisión Europea envió una carta el pasado mes de diciembre notificando que "supervisará que los cambios que deben ser introducidos en la legislación española sean compatibles con la ley europea".
El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte ha asegurado que "sigue trabajando" en aprobar una nueva norma para el modelo de compensación por copia privada antes de que la Comisión Europea "pueda adoptar medidas contra España". Así lo han señalado a Europa Press fuentes del ministerio tras conocerse que las entidades de gestión agrupadas en Adepi han denunciado al Estado español ante la CE por su "inacción" a la hora de aprobar un nuevo modelo, tras la sentencia del Tribunal Supremo que declaraba ilegal el anterior.
"Cultura sigue trabajando para aprobar próximamente una norma al respecto antes de que la CE pueda adoptar medidas contra España", han señalado estas fuentes. El Gobierno debe llevar a cabo un cambio normativo sobre este asunto en la Ley de Propiedad Intelectual para cumplir con la sentencia dictada el pasado mes de noviembre por el Tribunal Supremo.
Sin embargo, han criticado que, casi un año después de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) declarase ilegal el sistema con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, y cuatro meses después de que el Tribunal Supremo de España lo anulase en su totalidad, "la falta de coordinación interministerial" ha impedido que España reforme el modelo en la forma y plazo exigidos por la Comisión Europea.
"Todo ello perjudica, en primer lugar, a los propios ciudadanos españoles, pues la falta de diligencia del Estado puede provocar que el erario público deba hacer frente a una cuantiosa sanción de las autoridades europeas", han apuntado.
En cualquier caso, han reiterado que el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte "ha contado y cuenta" con su apoyo y disposición para colaborar, por lo que "el hecho de no haber solucionado todavía el problema solo puede entenderse como falta de compromiso con los mayores afectados, los titulares de derechos de propiedad intelectual".
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