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El Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) ha decidido incoar expediente al presidente de la Federación Cántabra de Fútbol, José Ángel Peláez, y al anterior administrador general de la Federación Española, José María Castillón, por posibles irregularidades en la financiación de los campos de Santa ... Ana, en Tanos, a través de una subvención de 210.000 euros concedida en 2014 por el Consejo Superior de Deportes. El presunto «favorecimiento» a la FCF figura en el auto del juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que instruye la denominada ‘Operación Soule’, que reproduce conversaciones telefónicas de Peláez con Villar y con otros directivos de la RFEF sobre ese aspecto, motivo por el que el TAD abrió sendos expedientes, según confirmaron a EFE fuentes próximas al mismo.
El auto del juez afirma que «Peláez habría conseguido parcialmente la financiación que necesita» y que «el apoyo del presidente de la Federación Cántabra hacia Villar, para favorecer su reelección, ha estado motivado o ha sido premiado, además de con su renovación en la Comisión Delegada de la RFEF, con la concesión de un pago de dinero a la citada federación territorial, aún cuando existían dudas en algunos gestores del patrimonio de la RFEF sobre la conveniencia de éste». El auto del pasado 20 de julio reproduce llamadas como la que Peláez hizo a Villar el 5 de mayo, antes de las elecciones del día 22 de ese mes, en la que le recuerda el asunto de su financiación para un campo de fútbol y le dice que la cantidad «eran trescientos cuarenta y algo», de los que «se han pagado sesenta y siete».
Según las escuchas practicadas en la instrucción del caso, días antes de su reelección el 22 de mayo, Villar pidió al entonces tesorero de la RFEF, Juan Luis Larrea, que le mirara «lo de la Cántabra» y transcurrida una semana éste informó al presidente de que «uno de los campos de fútbol para los que la FCF» necesitaba los fondos no iba «a ser homologado por sus características». Larrea también comunicó a Villar que dicho campo no era propiedad de la Federación Cántabra y que el uso era limitado a unos horarios, además de que toda la financiación «es soportada por la RFEF».
Villar, que estaba suspendido temporalmente durante un año por la Comisión Directiva del Consejo Superior de Deportes (CSD) desde el pasado 25 de julio por su presunta implicación en la ‘Operación Soule’, fue destituido por el TAD hace cuatro días por incumplir el principio de neutralidad en las últimas elecciones, al haber hecho campaña como candidato cuando era presidente de la Comisión Gestora, algo que impide ya la normativa.
José Ángel Peláez ya estaba siendo investigado por este asunto. «Me pongo a disposición de la justicia para aclarar lo que consideren, sea en calidad de investigado o de testigo. A ver si se aclara todo de una vez», aseguró en su día el presidente de la FCF. Peláez justificó la tardanza en el abono final de la subvención al Ayuntamiento de Torrelavega en el «incumplimiento de algunos requisitos obligatorios por parte del Consistorio» de la capital del Besaya. Unos requisitos tales como «la elaboración de un calendario de uso de las instalaciones o la colocación de una placa» explicativa de la procedencia de la financiación. Una circunstancia que confirmó a este periódico el concejal de Economía y Hacienda de la ciudad, Pedro Pérez Noriega.
Peláez afirmó que la imputación llegó porque el Consejo Superior de Deportes no había remitido toda la documentación existente al juez cuando le fue solicitada, entre ella, «algunos papeles del Ayuntamiento de Torrelavega y todos los de la Federación Cántabra de Fútbol». Unos papeles que, afirma, entregaría al magistrado tras anunciarse su imputación.
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