La Audiencia de Navarra absuelve a Koné y al Racing

Osasuna demandó a Koné (y de forma subsidiaria al Racing) cuando el marfileño era jugador del club cántabro por un supuesto incumplimiento de contrato firmado en enero de 2014, cuando el equipo navarro estaba en Primera y el Racing en Segunda B. El juicio se celebró el 1 de marzo de 2016 y trece meses después se ha conocido la sentencia que absuelve al Racing y al jugador, ahora en las filas del Leganés.

El titular del Juzgado de lo Social número 3 de Pamplona, Carlos González, concluye que tras la "valoración conjunta y razonada" de toda la prueba practicada "no ha quedado probado con una mínima garantía jurídica la prestación del consentimiento del jugador" en el contrato. Asimismo, "no se ha probado que hubiese remitido el correo electrónico adjuntando el contrato de trabajo con su firma escaneada" y por eso "no puede afirmarse que el contrato se perfeccionó, ostenta validez y debe desplegar plenos efectos jurídicos".

El magistrado entiende que desde la perspectiva fáctica y jurídica, en el caso de haberse probado el consentimiento y el contrato discutido, se aprecia una "patente desproporción en la cuantía indemnizatoria que se exige al jugador". El juez sostiene que valorar adecuadamente el importe ajustado al justo equilibrio de las contraprestaciones derivadas del contrato, debe tenerse en cuenta que los 12 millones de euros de la cláusula de rescisión "no guarda proporción alguna" con las retribuciones que hubiese percibido el jugador durante la vigencia del contrato: 1.126.000 euros en total. Tampoco guarda proporción "con el precio de mercado del jugador" y, por otra parte, el magistrado indica que Osasuna "no ha probado perjuicios adicionales o específicos que hubiera podido sufrir a consecuencia de la resolución contractual".

"La cuantía pactada, en las condiciones señaladas, hace sumamente difícil el ejercicio del derecho por parte del jugador y desnaturaliza la cláusula rescisoria, asimilándose más bien a un derecho de retención que no tiene cabida en la regulación imperativa del art. 16 del RD 1006/1985", argumenta el juez.