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En las últimas décadas la deforestación y la degradación forestal siguen siendo un problema alarmante, lo que contribuye a la actual pérdida de biodiversidad. La expansión agrícola sigue siendo la principal causa -n torno al 80 %- de la deforestación y fragmentación del bosque y la pérdida asociada de biodiversidad forestal, principalmente en las regiones tropicales. Por este motivo y en vísperas del Día Mundial de los Derechos del Consumidor -que se celebra el 15 de marzo- y el Día Internacional de los Bosques -21 de marzo-, se ha presentado en Madrid la Alianza Cero Deforestación.
Con el objetivo de promover un consumo responsable en España y en la UE que evite la destrucción de hábitats naturales, y en especial de los bosques, han firmado este acuerdo las organizaciones Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, la Federación de Consumidores y Usuarios (CECU), Greenpeace, Mighty Earth, SEO/BirdLife, WWF, la Coordinadora Estatal de Comercio Justo y Carro de Combate con el objetivo de trabajar de forma conjunta contra la deforestación mundial.
Durante la presentación, la presidenta de CECU, Ana Echenique, ha afirmado que «jamás debemos dejar de exigir una legislación y unas políticas claras y concretas que conviertan la mala praxis en delito y la correcta gestión en norma. La Alianza intentará llegar a la ciudadanía para que tome conciencia de la importancia de su papel, para que sea crítica y para que no sea cómplice de la deforestación».
Hasta la fecha estas organizaciones han trabajado durante la tramitación del Reglamento de Deforestación importada, con el objetivo de minimizar la contribución de la UE a la deforestación y degradación forestal global debido al comercio y consumo de determinadas materias primas (aceite de palma, madera, soja, vacuno, cacao, café, caucho, carbón vegetal y algunos de sus productos derivados como muebles, papel impreso o cuero pero no el biodiesel).
La Alianza Cero Deforestación ha señalado que ahora es necesario trabajar en dos ejes prioritarios: «Desarrollar los mecanismos que permitan una adecuada aplicación de la norma en España, en la que será fundamental la creación y puesta en marcha del sistema de autoridad competente; y ampliar la lista de productos y de hábitats protegidos en la revisión del Reglamento que se llevará a cabo en dos años».
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