Competencia y ganaderos, enfrentados por el precio de la leche

Desde algunas organizaciones agrarias ya se venía reprochando tiempo atrás al organismo que preside José María Marín Quemada que daba la impresión de actuar con un doble rasero en este asunto. De un lado, al permitir a las grandes y medianas superficies comerciales vender a pérdidas la leche y sus derivados, acusación que basan en los estudios que hacen sobre lo que ellos cobran, lo que cuesta producir la leche y cuánto paga finalmente el consumidor. Por otro, al haber sancionado con una multa histórica (88,2 millones de euros en total) a las empresas transformadoras por pactar sus precios durante al menos 14 años (2000-2013).

Pero la controversia ha subido un grado más tras sentar la CNMC su criterio sobre el real decreto que prepara el Gobierno para que los fabricantes de leche líquida envasada de vaca estén obligados a declarar una serie de datos, entre ellos los precios a los que venden a la industria y luego esta a su vez a la distribución comercial, una novedad. Y es precisamente esto último lo que ha llevado a la CNMC a criticar con dureza el proyecto del Ministerio de Agricultura, cosa que ha hecho a través de un informe publicado este martes.

Sostienen desde Competencia que al aumentar la transparencia del mercado lácteo, «de naturaleza oscilante y de carácter estacional», se «facilita el riesgo de coordinación entre los operadores». Asimismo, «disminuye el coste del desarrollo de la conducta ilícita (y con ello aumenta el riesgo de colusión)», a la vez que «reduce los incentivos para competir». Y es que, según su tesis, a más información mayor posibilidad de que haya pactos alegales. Rechaza por eso que el Gobierno haya querido ir en este aspecto más allá de lo que establece la normativa comunitaria, llegando a hablar incluso de requisitos de información excesivos.

"Doble vara de medir"

Para los ganaderos esta postura resulta «incomprensible», e incluso para algunos «vergonzosa», al estimar que la CNMC que habla en su informe de «sobrerregulación» e intervencionismo administrativo por parte del Ministerio actúa aquí con una «doble vara de medir». Lo dicen desde COAG, UPA y las cooperativas agraria porque, lamentan, parece que la transparencia «del productor a la industria no atenta contra la competencia, pero de la industria a la distribución sí».

«Es escandaloso que no haya claridad para todos», se quejan los productores, quienes reprochan a los responsables de Competencia que no se dan cuenta de la verdadera magnitud del problema. Defender de forma continuada al más fuerte, señalan desde COAG en alusión a la distribución comercial, no beneficia ni al consumidor ni obviamente a los ganaderos. Donde unos y otros sí parecen coincidir es que, más allá del problema de precios, la crisis recurrente del sector lácteo responde a factores estructurales, de modo que si no se les hace frente tampoco se podrá garantizar la sostenibilidad a largo plazo de los operadores.

Según el Índice de Precios en Origen y Destino de los alimentos (IPoD), que publican cada mes desde COAG en colaboración con la organización de consumidores CEACCU, en febrero había una diferencia de hasta el 171% entre el dinero que recibe el ganadero en origen por cada litro de leche de vaca (0,28 euros de media) y lo que paga finalmente el consumidor al coger una botella del líneas de un supermercado o gran superficie (0,76), es decir, dos veces y media más cara con creces. Para el Ministerio de Agricultura, no obstante, el precio medio estaba en 0,30 euros al cierre de 2015.