El Gobierno aprueba un recorte de 2.000 millones en el Presupuesto de 2016

En la práctica esta medida supone que el Estado dejará de gastar 2.000 millones de los presupuestados en 2016. "Hemos incumplido y empezamos a aplicarnos los planes de estabilidad", ha asegurado Montoro para justificar el tijeretazo. Hacienda reconoce que la decisión se debe a la necesidad de responder de forma "urgente" a la recomendación de la Comisión Europea formulada el 9 de marzo para mantener la consolidación fiscal y para evitar "las consecuencias que pueden derivarse de un agravamiento" en el marco del programa de déficit excesivo en el que está incluido España.

El ministro de Hacienda ha insistido en que los ajustes no afectarán a materias sociales. En este sentido, ha excluido las transferencias a la Seguridad Social, los prestaciones por desempleo o las becas. Tampoco se verán afectados los gastos a Adif para el mantenimiento de la vías férreas. Por contra, el ajuste se centrará en identificar gastos vinculados a operaciones del capítulo VIII (activos financieros) que afecten a los ministerios de Economía, Energía e Industria y Fomento. El resto del recorte se planteará entre el resto de departamentos.

Montoro ha vuelto a recordar que España se desvió del objetivo de déficit de 2015 al cerrar en el 5% frente al 4,2% pactado. "Esto incumple el objetivo global en ocho décimas", ha señalado Montoro. En concreto, el déficit de la administración central fue del 2,53% (una desviación positiva 0,4).

Ajustes en las comunidades

Las comunidades autónomas fueron las que más se excedieron al cerrar con el 1,66% frente a un objetivo del 0,7%. Sólo Canarias, Galicia y País Vasco cumplieron los compromisos, algo que Montoro ha valorado como un "ejercicio presupuestario brillantísimo". Por su parte, la Seguridad Social también incumplió lo pactado con un 1,26% frente al compromiso del 0,6%. Los ayuntamientos fueron una vez más los que mejor se comportaron al lograr un superávit del 0,44%.

El titular de Hacienda ha recordado que las comunidades incumplidoras deben presentar los planes económico-financieros (PEF) en los que deben recoger las variaciones presupuestarias para corregir el desfase. Precisamente, los consejeros autonómicos y Montoro se verán las caras esta tarde en el Consejo de Política Fiscal y Financiera en el que el ministro dará cuenta de la evolución del déficit el año pasado. Ahí planteará que los gobiernos regionales también aprueben una congelación del gasto (petición que requirió a doce comunidades por carta) y planes de ajuste para cumplir con el déficit.

Sin embago, casi todas las comunidades ya han anunciado que se opondrán a nuevos recortes. En esta rebelión también se incluyen algunas autonomías gobernadas por el PP como Castilla y León, que se ha mostrado dispuesta a llegar a los tribunales en caso de que le impongan ajustes.