Exdirectivos británicos de B3 Cable declaran en Scotland Yard por la querella de Cantabria

El mismo juez, titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Santander, acaba de ordenar el embargo preventivo de dos chalés en Palma de Mallorca y varias viviendas en el Reino Unido, propiedad de cuatro de los exdirectivos británicos investigados.

Según ha podido saber Europa Press, el embargo preventivo de sus bienes en España y Reino Unido, solicitado por la administración concursal de B3, ha sido ordenado por el juez instructor en un auto del pasado 18 de octubre, poco después de que el Juzgado de lo Mercantil declarara no culpable el concurso de acreedores planteado ante la insolvencia de la compañía.

Estos inmuebles, localizados por el despacho de detectives contratado por los administradores concursales, ya estaban con anotación de embargo preventivo ordenado por el Juzgado de lo Mercantil durante el proceso concursal, pero tras la sentencia absolutoria, que declara el concurso fortuito, «existía la duda de si se levantaría el embargo o no», cuestión que queda despejada con el nuevo embargo preventivo en la vía penal. La resolución del Juzgado de lo Mercantil, que ha sido recurrida, exime de responsabilidad en la vía administrativa a los exdirectivos británicos a los que los administradores concursales acusan de pagar con dinero de B3 facturas a una empresa de la que también eran socios.

Así, los británicos Timothy Eve, Michael Walton, Paul Ruocco, Mark Willians, Stephen Ellis y Douglas Barrowman, el núcleo de control del grupo, y David Powell, director financiero, y Stephen Ellis, director gerente, quedan exculpados de toda responsabilidad en el fiasco empresarial. Tanto la Fiscalía como la administración concursal han recurrido ante la Audiencia Provincial la sentencia.

La causa

La juez de lo Mercantil Cristina Rodiz no ha encontrado motivos para declarar culpable el concurso. Sin entrar a valorar si las decisiones adoptadas por los responsables fueron las adecuadas, concluye que «no pueden atribuirse todos los problemas de la sociedad a un servicio pagado cuatro años antes de la declaración del concurso», y que el precio abonado, los 6,3 millones de euros, pudo haber sido «inusualmente alto, pero no como para ser la verdadera causa del concurso».

La querella presentada por los administradores por delito societario y fiscal se une a la planteada por la Agencia Tributaria, a la que la empresa de Maliaño causó un agujero de más de un millón de euros, por un delito de insolvencia punible.