Casi 68.000 empleados y 20.000 autónomos cántabros cobran ayudas sociales por el virus

En plena marejada coronavírica, donde la pandemia sanitaria ha derivado en una histórica crisis económica, la necesidad de ayudas de la Administración se ha convertido en una tónica en la ciudadanía. Como ejemplo, los últimos datos relativos a mayo, en el que un total de 67.681 trabajadores y trabajadoras por cuenta ajena, así como 19.194 autónomos, percibieron en Cantabria algún tipo de prestación social el mes pasado, en el marco de las medidas extraordinarias aprobadas por el Gobierno de España.

Según informó Delegación del Gobierno, a 7 de junio un total de 20.449 autónomos de Cantabria habían solicitado la prestación por cese de actividad (1,3% del total de España), habiendo sido resueltas favorablemente 19.194 solicitudes, el 93,9% de las peticiones de la Comunidad, por un importe de 13 millones.

Si coronavirus ya es una palabra habitual en el vocabulario popular, no lo es menos el término ERTE. En mayo un total de 67.681 trabajadoras y trabajadores cántabros percibieron algún tipo de prestación social por parte del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), entre las que se incluyen las relativas a los mencionados expedientes de regulación temporal de empleo, pero también las de desempleo y otro tipo de ayudas. Esta partida se llevó 62 millones, el 1,1% del desembolso nacional.

Delegación recordó que en el peor momento de la crisis, a finales del pasado abril, en Cantabria llegó a haber 35.547 personas afectadas por un ERTE, de los que a fecha de 17 de junio permanecían en esa situación 19.426 (el 0,9% de las trabajadoras y trabajadores por cuenta ajena regulados en toda España). Por tanto, en la otra cara de la moneda, 16.121 personas en la región ya han salido de sus expedientes.

Si los empleados han podido acogerse al escudo social diseñado por el Estado para sortear esta recesión, también se han habilitado apoyos para las empresas. En una coyuntura como la actual la financiación se erige como una de las patas fundamentales para relanzar la actividad de los negocios. En este sentido, a 15 de junio se habían aprobado 6.924 operaciones con la garantía de los avales del Instituto de Crédito Oficial (ICO) en Cantabria, que benefician a 5.008 compañías, por un importe avalado de 491 millones, el 0,9% del total del país, y una financiación global de 628 millones.

Para la delegada del Gobierno en Cantabria, Ainoa Quiñones, estos datos demuestran que «el Gobierno de España no ha dejado ni va a dejar a nadie atrás y que afronta la crisis económica y social generada por la pandemia del covid-19 desde todos los ámbitos».

Quiñones ensalzó que el Gobierno presidido por Pedro Sánchez «está luchando contra la pobreza infantil, está atendiendo las necesidades de los trabajadores y también de las empresas y a los autónomos, a los que está garantizando mecanismos para asegurar la continuidad de la actividad».

En la misma línea se pronunció el diputado socialista por Cantabria en el Congreso, Pedro Casares, que sostuvo que estas prestaciones para empleados suponen el «mayor número de trabajadores que en la historia de Cantabria han cobrado una prestación del SEPE».

Casares, en una rueda de prensa que ofreció ayer junto a la senadora cántabra, Isabel Fernández, hizo balance del impacto que han tenido en la Comunidad las medidas puestas en marcha desde Madrid por el virus. El diputado incidió en que estas medidas han sido un «salvavidas» sin el que a día de hoy «no se podría hablar de recuperación», expresó el socialista, que participa en la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica del país, en la que el PSOE apuesta por buscar el acuerdo político del mayor número posible de grupos, dijo. Por ello, insistió en que España y Cantabria «necesitan acuerdos por el bien de la ciudadanía para mirar al futuro».