La ampliación de Aguayo choca con la ausencia de avances regulatorios de Transición Ecológica

El gigante energético ha estado esta semana de actualidad después de que uno de sus consejeros y presidente de Petronor, Emiliano López Atxurra, afirmara que hay inversiones que «tienen que estar en 'stand by'», esto es, congeladas, si no hay un marco regulatorio «estable y previsible». Se refería el ejecutivo a la decisión de PSOE y Sumar de prorrogar el impuesto extraordinario a banca y energéticas, que inicialmente iba a estar en vigor dos años. Como resultados de dicho movimiento, Atxurra avanzó que proyectos millonarios en País Vasco, así como en otras zonas de España, están paralizados a la espera de que se confirme el escenario definitivo.

Aguayo no entra en este capítulo de iniciativas afectados por la extensión del gravamen, básicamente porque no es un activo industrial que pueda quedar penalizado por el impuesto. Sin embargo, el plan, que supondría hasta el momento la mayor inversión de carácter privado en la historia de Cantabria con 700 millones para elevar la capacidad de la instalación de los cerca de 400 megavatios actuales a 1.400, se halla en su propio laberinto.

Simplemente hay que tirar de hemeroteca. El 11 de marzo de 2021 la cúpula de Repsol, con el consejero delegado, Josu Jon Imaz, al frente, visitó el embalse de Alsa. Aquella jornada no estuvo sólo, puesto que le acompañó una comitiva del Ejecutivo regional encabezada por el entonces presidente, Miguel Ángel Revilla. Ese día el empresario insistió en «la ambición y el deseo» de acometer las obras. Eso sí, precisando que siempre y cuando haya un marco normativo adecuado.

El obstáculo con el que choca la actuación, que sí que ha ido avanzando por otras vertientes tanto de carácter local como desde la Unión Europea, que acaba de incluir a Aguayo en un listado inicial de proyectos de interés comunitario y, por tanto, prioritarios y estratégicos para el futuro de la Unión, es que «el acto de fe» del que hablaba Marcano sigue en el mismo estado en la actualidad, más de dos años y medio después del comunicado de Repsol.

Dicho de otro modo, Transición Ecológica no ha movido ficha ni ha presentado públicamente el marco normativo en cuanto a la capacidad de este tipo de instalaciones reversibles para que Repsol sepa a qué atenerse en relación al retorno de la inversión y la estabilidad de la misma.

En la práctica, y aunque Aguayo no se vea afectado por el último anuncio de la energética sobre su reconsideración de varias inversiones en España, lo cierto es que la pelota está en el tejado del Ministerio. Repsol, que ha declinado hacer declaraciones tras ser consultada por este periódico, lleva tiempo preparada para dar luz verde al plan, algo imposible sin la garantía ministerial. La mayor prueba de su compromiso, más allá de la visita de Imaz, es la inclusión del incremento de capacidad de la central en su plan estratégico 2021-2025.

Esos avances corporativos no han tenido hasta el momento respuesta desde la vertiente administrativa. Otra evidencia es que los plazos inicialmente difundidos no se van a cumplir. De nuevo, la hemeroteca: Revilla afirmó el 29 de noviembre de 2022 que la empresa comenzaría las obras en el primer trimestre de 2023. Un año después resulta prácticamente imposible que los trabajos arranquen incluso en el tramo inicial de 2024.

Sin embargo, el expresidente en aquel momento definió como «irreversible» la actuación industrial, a la par que desveló que Repsol ya estaba pidiendo «ofertas a cantidad de empresas».

La realidad de nuevo colisiona con el inmovilismo de Transición Ecológica. De hecho, no ha habido manifestaciones de la propia ministra desde aquellas reproducidas por Marcano hace casi año y medio. Cuestionado por El Diario respecto a la situación normativa de estas instalaciones, el Ministerio no se ha pronunciado.

La interinidad que vive el Gobierno de España, paralizado prácticamente desde la convocatoria de elecciones en julio y a la espera de que Pedro Sánchez logre cerrar los apoyos necesarios para su investidura, tampoco ayuda. La prioridad política está enfocada más en este ámbito que en proyectos estratégicos privados pendientes de los plazos.

La propia Solvay ya ha sufrido dicha ralentización en su transición energética, de modo que «aquel ejercicio de fe» del que hablaba Marcano sigue inmutable en su definición. El problema radica en que mientras el tiempo pasa se reducen las posibilidad de actuaciones dinamizadoras para Cantabria, tanto por la vía obvia de la creación o mantenimiento del empleo como por la de la propia actividad que representan estas grandes obras.

Pese a la ausencia real, todavía, de avances normativos concretos en el ámbito del almacenamiento energético mediante la vía de las centrales hidroeléctricas reversibles, el Gobierno central sí que ha vuelto a ratificar su importancia en el futuro sistema eléctrico nacional, especialmente en un horizonte dibujado con un peso mayoritario de las fuentes renovables,

«El almacenamiento de energía mediante centrales hidroeléctricas reversibles es clave para la explotación de un sistema eléctrico basado en producción renovable, siendo aún más relevante ante escenarios de mayor penetración de energías renovables».

Así se recoge en el borrador de la actualización del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (Pniec) que el Ejecutivo español remitió a Bruselas en julio. El documento, que proyecta la estrategia entre 2023 y 2030, contempla alcanzar el final de dicho periodo con el 81% de generación de electricidad renovable, sin carbón –al que le pone fin en 2025– y con la mitad de las nucleares actuales. Por contra, confía en llegar a los 22 gigavatios (GW) de almacenamiento, un propósito al que el Ministerio para la Transición Ecológica aspira por diferentes vías.

Entre esas fórmulas se encuentra la de las centrales hidroeléctricas. A día de hoy se registran unos 20 GW de potencia instalada en centrales hidroeléctricas convencionales y solo 3,3 GW de bombeo. La de mayor capacidad corresponde al complejo de Iberdrola Cortes-La Muela, en el municipio de Cortes de Pallás en Valencia, que cuenta con una potencia de turbinación de 1.700 megavatios (MW) y con 1.200 de bombeo. De concretarse la inversión en Aguayo esta pasaría a ser la segunda de España, según informó Repsol en 2021.

Las constructoras, listas

La empresa energética encargó en 2022 la redacción del proyecto constructivo. Las constructoras Acciona y ACS lideraban los dos grupos que estaban redactando, en concurrencia competitiva, el proyecto que serviría de base para la obra de la ampliación, apuntó en su momento el Gobierno de Cantabria.

El documento tendría dos partes: una relativa a las actuaciones como tal –la parte constructiva en la que lo previsible es que las diferencias sean mínimas– y otra que incluye la tecnología necesaria para ponerla en funcionamiento, donde cada competidor ofrecería su propia alternativa. Ambas opciones estaban encaminadas a lograr el mismo objetivo.