Las aseguradoras cargan contra Sanidad y niegan que escojan a los pacientes de Muface por rentabilidad

Unespa, la patronal del sector, ha remitido un duro comunicado en el que contradice los principales argumentos que ha empleado Sanidad para abrir la puerta al trasvase a la pública de los funcionarios que optan por un seguro privado bajo el paraguas de Muface. Entre ellos, se apunta a que las aseguradoras realizan una suerte de «selección de riesgos» entre los pacientes del servicio. Es decir, acusa a estas empresas de derivar a los que resultan más caros (o menos rentables) al sistema público.

«No es cierto que las entidades presentes en el concierto de Muface apliquen criterios de rentabilidad a la hora de atender a los pacientes. Esto es algo que ni las compañías pretenden ni el convenio de Muface permite», indica Unespa, que representa a casi 200 aseguradoras y reaseguradoras que reúnen cerca del 98% del volumen de negocio en el mercado español.

Desde el sector insisten en que «las aseguradoras no eligen a los funcionarios que van a atender». Es más, Unespa defiende que ocurre precisamente «todo lo contrario» al mensaje lanzado por Sanidad: son los funcionarios los que eligen cada año el régimen al que quieren adherirse «y las entidades se comprometen a ofrecerles sus servicios con todas las garantías».

La patronal recuerda que el concierto obliga «por razones de equidad» a las aseguradoras a asumir los costes de los tratamientos en aquellos casos en los que un paciente de Muface tenga que recibir un tratamiento por parte de la sanidad pública. «Además, los costes de dicho tratamiento se deben atender siguiendo los precios que marca el sistema público», insiste.

Con este telón de fondo, la tensión es más que palpable a la espera de que el Gobierno saque una nueva licitación para el nuevo concierto de Muface que sea más generoso con el sector, después de que las tres compañías que prestan el servicio -DKV, Adeslas y Asisa- dejasen desierto el concurso planteado por el Gobierno.

El sector argumenta que las entidades han asumido con el convenio actual pérdidas muy relevantes, en unos años en los que ese acuerdo se ha desarrollado con un fuerte impacto de la inflación en sus costes. «En un ejercicio de transparencia y responsabilidad han seguido prestando el servicio con absoluta normalidad manteniendo los niveles de calidad asistencial, pero advirtiendo a la Administración de la infrafinanciación del modelo y de la necesidad de dotarlo de recursos suficientes para hacer posible su continuidad», expresan desde Unespa.

Según sus estimaciones, la infrafinanciación del modelo alcanza ya una diferencia, con relación a la media que por persona recibe el resto de la sanidad pública, superior al 40%.

En el informe publicado el pasado lunes, Sanidad se mostraba contundente respecto a la posibilidad de elevar las primas ofrecidas al sector. «El modelo en la actualidad no es sostenible, ni siquiera con un aumento importante de la cápita, porque ningún sistema de aseguramiento funciona si no tiene un 'pool' de riesgos que permita ejercer contrapesos entre quienes más demandan el servicio y quienes hacen un uso menos intenso».

Cabe recordar que la oferta inicial del Gobierno implicaba una mejora del 17% en la prima. Una cifra inédita que, sin embargo, se quedaba muy alejada del 40% que llegaron a reclamar las compañías para compensar las pérdidas asumidas. Tras el rechazo del sector al planteamiento del Ejecutivo, el modelo de Muface ha quedado en el aire.

Y en este punto, Unespa lanza otra advertencia al Gobierno: según el convenio actual, las aseguradoras adheridas a Muface seguirán prestando asistencia sanitaria «con absoluta normalidad» hasta el próximo 31 de enero, fecha que se extiende hasta el 31 de marzo de 2025 para «aquellos usuarios que se encuentren hospitalizados a la finalización del convenio y su estancia deba prolongarse». Pero nada más.

A partir de ese momento, esos pacientes pasarían al Sistema Nacional de Salud. Un plazo mucho más breve que el que maneja Sanidad, que se ampara en la Ley de Contratos del Sector Público para argumentar que el concierto actual puede prolongarse durante nueve meses. Es decir, hasta septiembre de 2025. «Hay muchos flecos en esa norma que habría que definir», indican fuentes del sector, que apuntan a intensas semanas de negociaciones de aquí a final de año para tratar de solventar el conflicto.