Cantabria cambia la Ley para expulsar a los interinos por bajo rendimiento

En concreto, se ha procedido a transformar el apartado tres del artículo seis de la Ley de Cantabria 4/1993, de 10 de marzo, de Función Pública, para añadir una apostilla: «Cuando se produzca una manifiesta falta de capacidad o de rendimiento en el desempeño de sus funciones, acreditado mediante expediente administrativo contradictorio. Este cese, que no tendrá la consideración de sanción disciplinaria, conllevará la exclusión de la bolsa de empleo de la que forme parte».

Cuestionado por este periódico, el Gobierno autonómico, a través de la Consejería de Presidencia, sostiene que este cambio es «necesario». Eso sí, ha dejado claro que «los poderes públicos no deben nunca actuar con arbitrariedad» y la expulsión estará sujeta a un procedimiento. Además, el Ejecutivo insiste en que esta fórmula «no está exenta de tutela judicial». Es decir, que el afectado podría recurrir a un contencioso para que la Administración justificara la decisión.

Aún así, la modificación legislativa ha provocado diversidad de opiniones entre los sindicatos. Por ejemplo, desde el Sindicato Independiente de Empleados Públicos y Privados (SIEP) de Cantabria apuntan que hasta la fecha «no había regulación» para la expulsión de las bolsas de trabajo y, simplemente, si se expedientaba a un interino, le suspendían de las bolsas durante el tiempo de la sanción. «Ahora está claro que pretenden eliminarlo», sostiene su portavoz, Inmaculada Peña, que reconoce que «me preocupa el uso que se pretende dar a estas medidas y el oscurantismo en su tramitación».

En cambio, Luis Bolado, de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), entiende que «es una equiparación de los interinos con los funcionarios de carrera. Hasta ahora se realizaba mediante una norma reglamentaria y jurídicamente han entendido que era mejor así».

A esta posición se suma UGT. Su portavoz María Jesús Cedrún opina que es el camino correcto por parte de la Administración y pone el foco en otra modificación de la Ley. «Se ha perdido la gran oportunidad de que la Ley de Función Pública de Cantabria cumpla con lo estipulado hace ya 13 años por el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) con los técnicos superiores de Formación Profesional (FP). Mucho se vanagloria el Gobierno de Cantabria de la formación profesional y de su importancia pero no ha querido crear un grupo profesional para ello, el Grupo B, por lo que a estos titulados de FP se les sigue vetando su acceso a la función pública en Cantabria».

En cambio, CC OO recalca su oposición frontal a la propuesta. Carmelo Renedo, su portavoz en el Gobierno de Cantabria, defiende que «esta modificación genera un arma arbitraria para poder excluir a trabajadores de las bolsas de empleo público al antojo de la Administración. Es lamentable que el Gobierno de turno aproveche la ley de acompañamiento para sacar adelante cacicadas como estas, que no cuentan ni con el mínimo respaldo en las mesas de negociación», dijo.

Para la Federación de Atención a la Ciudadanía de USO, la modificación, «realizada con sordina, es un intento de aplicar una especie de ley mordaza a los miles de interinos, metiendo el miedo en su ya de por sí difícil situación con más medidas arbitrarias». USO recuerda que mañana habrá una concentración por la alta tasa de interinidad frente a Delegación del Gobierno.