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El pasado 2 de marzo, el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó un decreto-ley que recogía diversas iniciativas para el sostenimiento del transporte de mercancías por carretera. Como apostilla, «medidas excepcionales en materia de revisión de precios en los contratos públicos en obras». Una ... vía, al fin y al cabo, para tratar de dar respuesta al clamor de los constructores ante el incremento de los costes de actividad, en especial las materias primas, lo que está llevando a que una catarata de licitaciones públicas por toda España estén quedando desiertas. ¿El motivo? Por un lado, los expedientes se lanzaron con unos cálculos de tarifas de meses atrás, sin la inflación disparada. Por otro, el continuo encarecimiento y la incertidumbre multiplican el riesgo de ofertar y que las cuentas posteriormente no salgan.
En ese contexto, tanto el Gobierno de Cantabria como la propia Asociación de Constructores y Promotores (ACP) dejan claro que el decreto es «insuficiente» y que se queda «muy corto», sobre todo en los supuestos que permiten entrar a recalcular los precios de los costes.
El consejero de Obras Públicas José Luis Gochicoa se muestra rotundo. «Tenemos que sumarnos a ese acuerdo. Pero es cierto que desde la Consejería entendemos que posiblemente sea insuficiente. No tanto por el hecho de que exista una revisión, que sí creemos que es una solución perfecta para que las cosas se paguen lo que cuesta en cada momento. Esa incertidumbre no puede ser», empieza.
Ahora bien. «Lo que vemos peor es la cantidad de restricciones que hay para su aplicación. Esto puede llevar a muchos proyectos a un limbo en el que todo sean problemas. Creemos que es positivo, evidentemente, pero no cubre todos los casos, por lo que pensamos que debería haber ido más allá», subraya,
Gochicoa, de hecho, es partidario de que «se publique un nuevo decreto que evite obras desiertas que aunque no hayan empezado en 2021 se hayan licitado anteriormente».
El consejero, además, reconoce que determinadas adjudicaciones de su departamento «no entran por precio. Hay que resolver la obra ya que el contratista no está dispuesto a asumirla perdiendo un dinero muy importante», añade.
Desde la Asociación de Constructores caminan en la misma línea que el Ejecutivo. La patronal lo considera «positivo», pero «pedirá ampliar las medidas para incluir más tipologías de obras».
Como ejemplo, la ACP detalla que «la revisión excepcional se realizará cuando el aumento de los costes haya tenido un impacto relevante en el contrato durante el año 2021, superior al 5% del importe certificado en ese ejercicio y hasta un máximo del 20%», desgrana.
El problema es que «no aparecen proyectos anteriores a 2020. Se trata de proyectos que no recogen los precios actuales. Además, excluye de la revisión los costes de la energía y limita su alcance a las certificaciones a partir del 1 de enero de 2021», por lo que «deja al margen» subidas anteriores.
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