Cantabria respalda al Grupo Celsa frente a la ofensiva de los fondos

A las puertas de que la familia Rubiralta, dueña de Celsa que en Cantabria tiene fábricas como Global Steel Wire o Tycsa, se vea las caras en el juzgado con los fondos acreedores, cita que se producirá la semana próxima, la Administración se suma a los apoyos que han mostrado públicamente a la compañía los gobiernos del País Vasco y Cataluña.

El Ejecutivo recuerda que Global Steel Wire es la primera empresa de la región por contribución al PIB industrial, al que aporta el 33%, al igual que el grupo al que pertenece lo es a nivel nacional, tanto en aportación al PIB como en generación de puestos de trabajo y en el desarrollo de tecnologías y sistemas de producción que aseguran la autonomía industrial y la generación de empleo de calidad, tanto en Cantabria como en el resto de España y en Europa en un sector fundamental, como es la producción de acero.

Además, la compañía ha desarrollado un modelo de producción circular y bajas emisiones plenamente coincidente con las demandas europeas de generar una industria sostenible y descarbonizada. «Este modelo puntero y líder en el continente europeo le ha permitido demostrar su viabilidad, una vez sobrepasado el entorno negativo generado por el covid, cerrando los años 2021 y 2022 con unos niveles de facturación récord en la historia de la empresa», destaca Industria.

En el comunicado de la Consejería se recuerda igualmente que, «sin embargo, el paso del covid dejó una huella negativa que hizo que la compañía solicitara financiación del fondo europeo de ayuda a empresas estratégicas. El Gobierno de Cantabria cree que la ayuda pública aprobada por el Gobierno de España con el apoyo de todo el entorno social e industrial del grupo, cuya entrega se encuentra bloqueada por el rechazo de los fondos acreedores de la empresa, es la solución necesaria, ya que reconoce el valor estratégico de Celsa Group y de Global Steel Wire y protege la integridad de la cadena de valor y el modelo industrial que garantiza la reinversión de recursos y el mantenimiento de los puestos de trabajo».

La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) aprobó hace un año un respaldo financiero por 550 millones condicionado a un acuerdo entre Celsa y los fondos, que pleitean por el control de la compañía al incumplir los Rubiralta los plazos de amortización de la deuda por el impacto de la pandemia.

«Desde la voluntad clara y decidida de preservar los valores de la necesaria economía industrial y en un momento en que Celsa Group y todo su entorno enfrentan trámites judiciales que pueden ser claves para su futuro, queremos hacer pública nuestra posición, que no es otra que la de apoyo a la compañía, trabajadores y a los valores industriales que representa», cierra el Gobierno regional.