Celsa y los fondos reactivan las negociaciones para disponer de los 550 millones del Estado

Consultado al respecto por este periódico, el Grupo Celsa ha rechazado hacer declaraciones. No obstante, fuentes financieras confirman el nuevo escenario, que devuelve las negociaciones al contexto previo a que el asunto quedara enmarcado dentro del Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Barcelona, lugar elegido por los fondos en septiembre para, al cobijo de la nueva Ley Concursal, pedir una reestructuración de la deuda y, sobre todo, que los tribunales les autorizaran a intercambiar parte de esa suma por la mayoría del capital social.

La principal novedad es que las partes están explorando cómo sanear balance y acceder a los 550 millones de la SEPI. Este cambio en la situación de Celsa implicará algunas decisiones de calado en caso de que llegue a buen puerto. Por un lado, una reestructuración de deuda y la capitalización de parte de esas obligaciones a largo plazo. En otras palabras, una quita que, a su vez, permitiera a las entidades internacionales tales como Goldman Sachs o Deustsche Bank acceder al capital con una participación que en ningún caso sería mayoritaria.

La línea roja está marcada en el 49% pero ya es una novedad significativa, pues hasta la fecha la familia Rubiralta, propietaria de Celsa, se había negado a esta posibilidad.

Dentro de las nuevas negociaciones, adelantadas por Expansión, sí que existen límites en ningún caso debatibles. Uno de ellos es la base española del grupo y, en paralelo, su carácter industrial con vocación de permanencia. Aquí habrá mucho que hablar, pues en esta reestructuración jugará un papel clave la creación de un instrumento adicional de deuda donde quede custodiado parte del pasivo del grupo en manos de los acreedores.

En su propuesta de septiembre al Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Barcelona, los fondos planteaban hacerse con el 100% del capital mediante la capitalización de la totalidad de la deuda convertible, en el entorno de los 1.080 millones; así como una parte del tramo adicional del préstamo a largo plazo denominado Jumbo y que totaliza otros 1.000 millones. En conjunto, sugerían trocar unos 1.281 millones por la compañía.

Ahora se trabaja de nuevo bajo la premisa de que la familia Rubiralta continúe al frente y con el control de la siderurgia. Eso sí, con nuevos compañeros en el Consejo de Administración si finalmente las conversaciones llegan a buen puerto.

Celsa, además de sus fábricas en Cantabria, cuenta en total con 120 centros de trabajo en nueve países europeos. Con una apuesta decidida por una siderurgia sostenible, en 2021 facturó 5.300 millones para un Ebitda de 600.

Los propietarios de la corporación reactivan estas conversaciones con los fondos internacionales después de garantizarse cierta flexibilidad por parte de la banca española, que concedió una segunda prórroga a la línea de crédito con el que la siderurgia financia su circulante. En total, este instrumento suma 525 millones.

El sector financiero español, con Banco Santander y CaixaBank a la cabeza, ya había concedido a la corporación una primera prórroga en octubre por tres meses, que precisamente expiró el martes 31 de enero.

Fuentes financieras conocedoras del proceso confirmaban la semana pasada que los bancos han reafirmado su confianza en la evolución de Celsa. Como prueba de ello, el aumento del plazo para que esta línea de crédito esté operativa, pues pasa de tres a seis meses.