Cinco acreedores de Sniace notifican al juez incumplimientos del convenio

Consultada por este periódico, la empresa presidida por Gema Díaz Real asevera que «la empresa está en contacto con dichas entidades para solucionar esta situación». En sus alegaciones a las reclamaciones de sus acreedores, Sniace sostiene que «siendo conscientes de la demora en el pago [...] no consta que los acreedores hayan ejercitado la acción de incumplimiento en los términos previstos en la Ley Concursal», esto es, instar a la liquidación de la concursada, «habiéndose limitado a poner de manifiesto esta excepcional circunstancia». A más, la representación legal de la empresa abunda en que «es una situación excepcional que esta parte tiene intención de solucionar a la mayor brevedad».

Sniace igualmente entra a analizar el cisma que mantiene con Banco Santander, que es el reclamante que con más dureza se ha manifestado contra la morosidad de la concursada. Como referencia, en noviembre este periódico ya informó de que la firma financiera había conminado a la compañía a que pagara los 3,29 millones considerados como deuda privilegiada especial, unos atrasos que se han prolongado desde el primer año del calendario suscrito en 2015. Daba 10 días para ello y amenazaba con acciones legales, además de denunciar que la cotizada «silencia» en sus informes de cumplimniento de convenio estos atrasos.

Sniace, en sus últimas alegaciones, replica que este crédito no está sujeto a convenio. «Esta es una situación que se ha venido repitiendo en los sucesivos escritos informando del cumplimiento del Convenio, dado que se mantiene una controversia con la entidad acerca de las garantías hipotecarias que ostenta, y que gravan nada menos que 28 fincas, propiedad de Sniace, incluida la que ocupa el proceso fabril. Estas garantías tenían sentido cuando al Banco Santander (entonces Banesto), se le debían nada menos que 80.505.570 euros, pero no hoy en que la deuda ha quedado reducida a 5.983.085,61 euros». Como complemento, remacha que «la pretensión de la concursada ha sido en todo momento el pago de la cifra pendiente, pero siempre y cuando se regularicen las garantías hipotecarias que mantiene el Banco Santander, que a todas luces son excesivas e innecesarias para garantizar su crédito». Eso sí, «sin ánimo de polemizar con la entidad y en el absoluto convencimiento de que se llegará a un acuerdo satisfactorio para ambas partes».

La organización, que acaba de pactar con los sindicatos un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) de 91 días para 229 de sus trabajadores, prosigue en su alegato. «Este retraso se encuentra justificado en las necesidades extraordinarias de inversión en la compañía, tal y como se puso de manifiesto en la 16ª Acta de la Comisión de Seguimiento y en el Séptimo informe de cumplimiento del Convenio. Estas necesidades han dado lugar a una complejísima tramitación de una ampliación de capital y de captación de fondos, que se materializó con fecha 30 de agosto de 2019». Por tanto, «no estamos ante una situación de la compañía en la que podamos presumir la liquidación de la misma, sino en la de continuar una labor de capitalización de la sociedad para poder afrontar inversiones de futuro, lo que pasará evidentemente por el pago de los plazos del convenio», afirma. La compañía remata a este periódico que «sin prejuicio de que pudiera haber habido alguna descoordinación, la intención ha sido en todo momento la de mostrar una total transparencia».